Vocales del Consejo de Participación Ciudadana reciben nueve organismos estatales con 50 autoridades prorrogadas

Cincuenta autoridades de nueve instituciones del Estado se encuentran en funciones prorrogadas debido a los retrasos en la organización de los concursos públicos de méritos y oposición que debe realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), legado que asumen los nuevos siete vocales que asumirán funciones para un periodo de cuatro años desde este 15 de mayo de 2023.

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Son prórrogas de entre cinco, cuatro, dos y un año las que se reportan en nueve organismos de control del Estado, que no han sido renovadas por los anteriores plenos del Consejo de Participación Ciudadana.

Entre esas instituciones están:

1. Contraloría General del Estado
2. Superintendencia de Bancos
3. Defensoría del Pueblo
4. Defensoría Pública
5. Consejo Nacional Electoral (CNE)
6. Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess)
8. Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa)
9. Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI): Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y Movilidad Humana.

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria fue creada en la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria aprobada en el 2009 y está integrada por nueve conferencistas provenientes de la sociedad civil.

En el 2014 se realizó el primer concurso público para elegirlos y su periodo concluyó en mayo del 2018. Desde entonces sus autoridades llevan en funciones prorrogadas cinco años, a lo que suman los cuatro años de su periodo legal en el cargo.

En septiembre del 2022, el CPCCS convocó a la ciudadanía para postularse a participar en la conformación de la comisión ciudadana que elegirá a los nueve conferencistas y hasta la actualidad, el proceso no avanza.

No se contó con un alto número de postulantes, por lo que amplió el plazo para la postulación en diciembre del año pasado y desde entonces no ha pasado de esa etapa, en medio de la inestabilidad que vivió el Consejo por la división entre sus siete exconsejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, que finalmente fueron destituidos por la Corte Constitucional en enero del 2023 por incumplir uno de sus fallos.

Otro concurso que no se desarrolla es para la conformación de la comisión ciudadana que seleccionará a los consejeros principales y suplentes representantes de la sociedad civil ante los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad.

En octubre del 2022 se convocó a postularse para integrar la comisión ciudadana que elegirá a estas autoridades, pero el número de inscritos fue insuficiente y se amplió el plazo. No se conoce cuántos inscritos hubo, pues el pleno del CPCCS que presidió Hernán Ulloa y, en la víspera, Gina Aguilar, tampoco apresuraron los procedimientos.

En mayo del 2017 se designó a los 25 consejeros de la sociedad civil ante estas instancias y su periodo concluyó en mayo del 2021.

En la actualidad hay tres comisiones ciudadanas integradas para elegir autoridades.

Una para la designación del titular de la Contraloría General, que tiene pendiente la elección de su titular desde junio del 2017, tras la salida de Carlos Pólit, condenado por el delito de concusión en el caso Odebrecht y considerado un prófugo de la justicia, pues reside en los Estados Unidos.

A él lo subrogó Pablo Celi y a este último Valentina Zárate, quien renunció. Celi, procesado por el caso Las Torres, nombró a Carlos Riofrío González como contralor subrogante desde julio del 2021 y en marzo del 2022 debía terminar sus funciones, en cumplimiento del periodo para el cual fue designado Pólit.

Mientras tanto, Carlos Riofrío permanecerá en su cargo hasta que se designe al titular.

Aunque, el concurso público, que se encontraba en fase de calificación de méritos de 113 concursantes, está bloqueado en el CPCCS, debido a una acción de protección que otorgó un juez de Rumiñahui Diego Gómez, quien dispuso que los procesos se retrotraigan a la fase de admisibilidad. Es decir, a la revisión de requisitos de los postulantes que es la primera fase en este proceso.

Adicionalmente, el juez ordenó que se adapte la calificación de acción afirmativa por paridad de género, para lo que deberá otorgarse un punto por ser mujer.

Desconcertados por la decisión judicial, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana saliente aprobó una resolución para que el departamento jurídico interno elabore un informe sobre los alcances de las medidas ordenadas.

La Defensoría Pública cuenta con un defensor encargado, Ángel Torres Machuca, desde el 2018, es decir, cinco años prorrogado.

El proceso de designación contaba con quince postulantes y se encontraba en la fase de oposición, pero se detuvo desde abril pasado, cuando el CPCCS destituyó a los diez miembros de la comisión ciudadana al determinar que incumplieron con sus atribuciones y deberes, debido a denuncias de presuntos hechos irregulares que denunciaron los concursantes y hasta asambleístas.

A ello se sumó que un juez de Montecristi (Manabí), Danilo García, dictó una medida cautelar en el trámite de una acción de protección para que se cumplan los plazos para tomar el examen escrito a los quince participantes.

Este hecho surgió porque quien presidió esa comisión, William Falconí, convocó a rendir el examen escrito con apenas tres días de anticipación, incumpliendo el reglamento que daba quince días término desde el inicio de la calificación de méritos para activar esa fase.

La renovación de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) está pendiente desde noviembre del 2021; y, por el momento, una comisión ciudadana inició la fase de calificación de méritos de unos 160 aspirantes que fueron admitidos.

La renovación de dos jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debía haber concluido en noviembre del 2022.

La elección de sus reemplazos no avanza ni con la integración de la comisión ciudadana, aunque en el 2022, se abrió la convocatoria para la postulación a ser comisionado.

En los dos casos, los consejeros y jueces electorales están prorrogados en funciones.

Sobre la Defensoría del Pueblo, también tiene un titular encargado desde septiembre del 2021, con César Córdova. Quien fue titular de esa dependencia, Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional en el 2021 y se encuentra detenido en la Cárcel 4 de Quito al ser procesado en un caso por presunto delito sexual.

La Superintendencia de Bancos lleva diez meses con una titular subrogante: Guadalupe Cabezas.

En el 2022, en la gestión del exconsejero destituido Hernán Ulloa, se designó a dos superintendentes de Bancos: Raúl González Carrión y Roberto Romero von Buchwald, aunque ninguno ha logrado asumir su cargo por la intermediación de acciones de protección y políticas.

Tras la destitución de Ulloa y sus otros seis consejeros, en la administración de Gina Aguilar, se ordenó a la coordinación jurídica del Consejo que elabore un informe sobre el caso, en cuyas recomendaciones se planteó ratificar a Raúl González, pese a que su elección fue anulada por una acción de protección que se ratificó en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Este punto pretendía ser tratado en la sesión 10 del CPCCS que terminó sus funciones este 14 de mayo, pero finalmente no se reinstaló. Esta sesión no se clausuró, por lo que los nuevos consejeros tendrán que resolver.

Otra designación pendiente es la de dos vocales del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), cuyo periodo concluye este 20 de mayo del 2023.

El presidente del directorio del Biess, Alfredo Ortega Maldonado, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana que incluya en su cronograma de actividades la designación de los delegados de los afiliados activos y de los jubilados y los suplentes, tomando en cuenta que su periodo en funciones culmina en los próximos días.

La Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su artículo 8 señala que los delegados de los afiliados activos y de los jubilados son elegidos por concurso público de oposición y méritos con la dirección y vigilancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El proceso no se realizó, por lo que el 8 de mayo de 2023, el CPCCS aprobó una resolución en la que se determinó que Marco Naranjo Chiriboga, vocal principal por los jubilados; y, Wilmer Cóndor Paucar, representante de los afiliados activos, se prorroguen en sus cargos hasta que termine el proceso de renovación de las nuevas autoridades.

Además de estas autoridades que se encuentran en estado prorrogado, el CPCCS que entra en funciones, deberá iniciar con la designación del titular de la Superintendencia de Protección Datos que se creó en la Ley de Protección de Datos y con la de dos miembros del Comité Nacional de Desarrollo de Fronteras.

Asimismo, en octubre próximo concluirá el periodo de las autoridades de las superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Control del Poder del Mercado, que se eligen por ternas enviadas por el presidente de la República. (I)