Las fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional empezaron a medir sus reacciones ante los escenarios que se presentan frente al anuncio de la Fiscalía General del Estado de vincular a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, al caso Nene por el presunto delito de concusión.

Si la Fiscalía vincula a la vicepresidenta Abad en el caso Nene, la Asamblea Nacional debe revisar los fundamentos y definir la autorización del juicio con un mínimo de 92 votos; y esa sola vinculación podría servir para avanzar a un juicio político que en la primera etapa podría prosperar siempre que haya un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, pero la complicación estaría en el momento de obtener los 92 votos para la censura y destitución.

Estos escenarios ya se analizan en el Parlamento y son motivo de debates, discusiones entre las bancadas y legisladores; tampoco el tema se escapa de los comentarios en los pasillos legislativos.

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¿Cuántos votos se necesitan en la Asamblea Nacional para dar paso a la vinculación de Verónica Abad al caso Nene?

Los primeros en definir que no darán sus votos ni negociarán con el Gobierno por desconfianzas son los correístas, que al momento suman 48 legisladores, quienes apuntalan la posibilidad de que sea Verónica Abad quien asuma la Presidencia por los 33 días que duraría la campaña electoral en caso de que el presidente Daniel Noboa se postule a una reelección para febrero de 2025.

La campaña electoral para las elecciones del próximo año, según el calendario definido por el Consejo Nacional Electoral, duraría 33 días y empezaría el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025.

En el caso de un eventual juicio político a la vicepresidente Abad, explica el legislador Leonardo Berrezueta, del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), el artículo 129 de la Constitución determina como causal en el numeral 2 el delito de concusión y para ello no se necesita un juicio penal previo, sino simplemente la admisibilidad de la Corte Constitucional.

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Lo más probable es que la Fiscalía acuse a la vicepresidenta de estar inmiscuida en el delito de concusión y solicitará al juez que pida a la Asamblea Nacional la autorización. En este caso, el juez deberá emitir la providencia al presidente de la Asamblea y este poner a conocimiento del pleno. Para ello se necesitan 92 votos, pero como está el escenario político en el Legislativo, no hay los votos.

Sobre el pedido de levantamiento de la inmunidad, el bloque Revolución Ciudadana dice ya conocer el libreto, es decir, pedir que se levante la inmunidad para luego proceder al juicio penal para que inmediatamente le den prisión preventiva y después de la prisión preventiva generar el abandono del cargo. “Esa es la estrategia que están planteando”, anotó.

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Berrezueta dice que RC sabe lo que hay de fondo e insiste en que no confían en el presidente de la República. “Hemos sido víctimas de esa misma receta con Jorge Glas en el año 2017, con Lenín Moreno, nosotros no vamos a negociar absolutamente nada ni vamos a dar nuestros votos que se presten para este tipo de situaciones, no lo vamos a hacer”, precisó.

El legislador de RC advierte que no será nada fácil para el gobierno de Noboa obtener 92 votos, y llamó a sus coidearios a estar atentos “porque posiblemente se pueda tener algunas bajas en algunas bancadas. Cuidado, y otra vez el hombre del maletín y las tentaciones hacen que se repartan otra vez hospitales, se repartan eléctricas, se repartan zonas estratégicas del Estado, se repartan cargos, asambleístas”.

En las dos posibilidades, sea el juicio penal o el juicio político con la vicepresidenta Verónica Abad, la Asamblea Nacional juega un papel preponderante y prevalecerá el criterio político antes que el jurídico.

El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, comenta que en estos procesos se debe mantener la autonomía e independencia de las funciones del Estado, pues a la Asamblea Nacional le corresponde analizar con detalle cuál es el fundamento que requiere la autorización del juicio penal y buscar los 92 votos. En todo caso, añadió, lo responsable es esperar que el documento llegue y haya conceptos claros, pues un enjuiciamiento jurídico no es un enjuiciamiento jurídico.

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Para el juicio político, dijo Taiano, no solo se necesitan 92 votos, sino también debe existir el cumplimiento de las formalidades que establece la ley. El solo hecho de la presentación de la acusación y el pronunciamiento también de la Corte Constitucional viabilizan el juicio.

Indicó que en el PSC existe una discusión interesante de si la sola vinculación de Verónica Abad al caso Nene abre la posibilidad de un enjuiciamiento político, porque el juicio político no requiere, per se, la validación del cometimiento de una infracción, pues la Asamblea no es un juez y no tiene que juzgar el cometimiento, no. Valora conductas, valora actos que puedan presumir que hay una infracción política vinculada, en este caso, con actos que pueden ser considerados como un delito.

El representante del bloque Construye, Jorge Peñafiel, considera que en su momento la Asamblea Nacional se pronunciará, pero cree que toda esta dinámica que se ha generado en relación con la vicepresidente Verónica Abad es un distractor total de parte del Gobierno nacional para evitar hablar de seguridad y el empleo. “Por ello, nos ponen a discutir algo personal, suntuario y accesorio”, agregó.

La bancada Construye añadió que al momento no tiene ningún conocimiento de la pretensión del Ejecutivo, por ello, este sector político evita anticipar un criterio.

Peñafiel considera que por el proceso de Abad se presentan dos escenarios, tanto en el judicial como en el político necesitan 92 votos. La autorización para el juicio penal no puede ser tampoco una barrera para poder determinar esas responsabilidades penales.

El bloque de Construye, según el asambleísta Peñafiel, debe mantener una distancia sana, una distancia prudente con la investigación penal. Y cuando se determine algún elemento, más allá de una simple vinculación, habrá que evaluar ese escenario político. (I)