Los grupos políticos que se oponen a que Guadalupe Llori siga como presidenta de la Asamblea Nacional intentarán nuevamente cambiar el orden del día para integrar la comisión pluripartidista que se encargaría de tramitar la denuncia presentada en su contra por supuesto incumplimiento de funciones.
La presidenta de la legislatura convocó para este martes 26 de abril a las 16:00 al pleno a una nueva sesión n.º 772, con diez puntos en el orden del día, cuando se cumplen dos meses desde que sectores políticos contrarios a la administración de Llori pretenden crear una comisión para que evalúe su gestión.
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En esa sesión, los bloques Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC), según lo anticiparon, plantearan la inclusión a debate de una resolución que acoja lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 11 de abril, cuando calificó la denuncia presentada contra Llori por parte del legislador Esteban Torres. A este grupo se sumarían también los denominados legisladores rebeldes de Pachakutik, según lo afirmó el asambleísta de Imbabura Mario Ruiz Jácome.
Para ello, estos dos sectores políticos cuentan con una providencia de la Defensoría del Pueblo que señala que las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Garantías Penales se cumplieron cuando el legislador de UNES, Fausto Jarrín, se abstuvo de solicitar el cambio del orden del día.
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El pasado 14 de abril, el Tribunal de Garantías Penales concedió a la presidenta de la legislatura medidas cautelares para evitar que se tramite en el pleno un cambio del orden del día para integrar una comisión multipartidista para ser evaluada, acogiéndose al criterio del procurador del Estado de que primero debe haber una denuncia que tendría que ser calificada por el CAL, antes de integrar la comisión.
Según el legislador del PSC Esteban Torres, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo es claro de que se cumplieron las medidas cautelares, por lo tanto, en la sesión de este 26 de abril no habría ningún obstáculo legal para integrar la comisión pluripartidista, pero espera que Guadalupe Llori no suspenda nuevamente la sesión.
Torres afirmó que sobre la última acción judicial presentada por Llori, sobre la acción de protección por la sesión del CAL del 11 de abril, donde se calificó su denuncia, fue notificado para comparecer el miércoles 27 de abril a las 14:30, como actor coadyuvante.
La denuncia que presentó Torres Cobo, por incumplimiento de funciones, tiene relación con hechos suscitados en sesiones anteriores como no dar paso a la apelación de la presidencia de la Asamblea y además por incumplir con la ley orgánica de la Función Legislativa al no observar los plazos para tramitar las sesiones plenarias suspendidas.
La acción de protección que interpuso Llori fue en contra de los asambleístas integrantes del CAL: Virgilio Saquicela (antes del BAN), Darwin Pereira (antes PK), Ronny Aleaga (UNES), Johanna Moreira (antes ID) y Yeseña Guamaní (ID), y pidió que se suspendan los efectos de la resolución del CAL del 11 de abril, que calificó la denuncia en su contra. La audiencia será el próximo miércoles.
El procurador jurídico de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar, comentó que desde el punto de vista jurídico los legisladores no pueden integrar la comisión pluripartidista este martes como se anuncia, porque las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales se encuentran vigentes y disponen que el pleno no puede tratar, conocer y resolver la conformación de la comisión ad hoc para investigar a las autoridades de la legislatura.
Dijo que la razón por la que la presidenta de la legislatura no incluyó en el orden del día de este martes 26 de abril la conformación de la comisión pluripartidista es porque la considera ilegal.
El legislador Ronny Aleaga (UNES) manifestó que este martes debe definirse la situación de la presidenta de la Asamblea y que consideran que debe haber una restructura integral de la Función Legislativa empezando por la presidenta del Parlamento.
Que su bancada es partidaria de que se restructure el CAL y luego se realice una evaluación de las comisiones legislativas permanentes, porque considera que algunas no trabajan y no producen los informes para conocimiento del pleno, como las comisiones de salud, trabajo y educación, entre otras. La restructura de las autoridades y de las comisiones es posible, anotó.
La bancada de la Izquierda Democrática se mantiene en la tesis de que una investigación a las autoridades de la Asamblea Nacional debe tener sustento legal y jurídico. (I)