Un total de 36 aspirantes iniciará el 26 de septiembre próximo el curso de formación inicial para jueces especializados en corrupción y crimen organizado

El 26 de septiembre próximo arrancarán en Quito los 52 días del curso de formación inicial al que accedieron 36 aspirantes que obtuvieron una calificación superior a 80 puntos sobre 100 en el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a catorce jueces especializados en el juzgamiento de 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

La mañana de este lunes, autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), quienes lideraron el proceso, junto con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hicieron públicos los resultados del concurso, que arrancó en abril pasado.

El presidente temporal del CJ, Fausto Murillo, destacó que el concurso arrancó con 425 postulantes y hoy quedan habilitados para el curso de formación solo 36. Este hecho para el funcionario revela la rigurosidad dispuesta en cada una de las etapas del concurso.

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“Esta selección no ha tenido ningún inconveniente que pueda afectar la legitimidad de este proceso. En consecuencia, puedo asegurar que se ha tratado de un procedimiento técnico, objetivo y que cuenta con toda la legitimidad constitucional y legal a fin de entregar al país los mejores profesionales en materia penal para que puedan iniciar con carga cero”, señaló Murillo.

Se confirmó que esta unidad judicial ocupará un área específica en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y que cada uno de los catorce jueces seleccionados, así como su equipo de apoyo, contará con un esquema de seguridad apropiado para las tareas que desempeñarán en el combate de 37 delitos relacionados con el crimen organizado y 7 delitos que tienen que ver con corrupción.

Por su parte, el ministro Jiménez respaldó el proceso de selección realizado y la creación de la nueva unidad, señalando que una de las prioridades del presidente Guillermo Lasso es la lucha directa contra la corrupción y el crimen organizado. Destacó la definición de un código de ética para los funcionarios de Gobierno y la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, a cargo de Luis Verdesoto.

“El fenómeno de la corrupción afecta a los grandes pilares de los Estados, es decir, a los sectores público, privado y social. Y desgraciadamente nuestro país no es la excepción. Debido a la corrupción perdemos miles de millones de dólares que podrían ser usados para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. La corrupción roba escuelas, hospitales, recursos para atender a los más vulnerables. (...) Lo peor de la corrupción es que desmoraliza a un país, porque la gente empieza a generar la idea de que no se los trata con justicia, y ese es el mayor daño para un sistema institucional”, explicó el funcionario público.

Respecto al pleno extraordinario que se realiza, la mañana de este lunes, en la Corte Constitucional (CC) para, entre otros puntos, analizar el proyecto de sentencia dentro de la acción extraordinaria de protección que presentó el vocal suplente de la Judicatura Álvaro Román, quien busca que se lo defina como presidente titular del CJ, Fausto Murillo señaló que ellos respetarán la decisión de la CC; y, si existe un cambio en la cabeza de la Judicatura, cree que eso no debería afectar las siguientes etapas de este proceso, que es un proyecto emblemático no solo del país, sino de la Función Judicial.

“La corrupción se combate con cero impunidad. Caso que se inicia, caso que debe llegar a ratificar la inocencia o a condenar de acuerdo al grado de responsabilidad y participación. Ese es uno de los objetivos a fin de que el país tenga la certeza y la seguridad jurídica de que los delitos de corrupción y el crimen organizado no quedarán en la impunidad. Ese es el reto y la misión de estos nuevos jueces”, concluyó Murillo.

Inicialmente se dijo que en agosto estaría en funcionamiento esta nueva unidad. Luego, debido a retrasos, se señaló que la puesta en marcha de este proyecto sería a finales de octubre. Y hoy, finalmente, luego de los 52 días de capacitación, los 40 funcionarios que laborarán en esta sede judicial, entre los que están incluidos los catorce jueces, empezarán su trabajo a mediados de noviembre próximo. (I)