El Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, transformado en Tribunal de Ejecución de la sentencia por cohecho pasivo agravado, resolvió, el 6 de septiembre último, ‘inhibirse’ de continuar con la sustanciación de la ejecución y remitir copias certificadas al juez de primer nivel de la Unidad Judicial donde tengan su domicilio los veinte sentenciados en la causa, para que se continúe dando la fase de ejecución del fallo.

La decisión de los jueces que integran el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, se da luego de que la Sala Penal en sesión del 6 de agosto pasado, debido a diferentes criterios jurisdiccionales existentes entre sus integrantes, resolvió unificar el criterio respecto de la aplicación del artículo 142 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que habla sobre la competencia para sustanciar la fase de ejecución de la sentencia dictada en procesos penales cuyo juzgamiento se sustanció en la CNJ, en razón del fuero personal.

Empresario sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016 pagó al Estado $ 778.224

“Se determinó que concluido el proceso penal, es decir, ejecutoriada la sentencia dictada en los casos de fuero, la competencia para sustanciar la fase de ejecución corresponde al juez de primer nivel de la Unidad Judicial respectiva del domicilio de los sentenciados”, señala la providencia emitida por el ponente del Tribunal, Walter Macías.

Se explica para la inhibición que el COFJ establece en su artículo 129, que habla de las facultades y deberes genéricos de los jueces, que a más de los deberes de todo servidor judicial, los jueces tienen entre sus facultades y deberes que en cualquier estado de la causa, “los jueces que adviertan ser incompetentes para conocer de la misma en razón del fuero personal, territorio o los grados, deberán inhibirse de su conocimiento, sin declarar nulo el proceso y dispondrán que pase el mismo al tribunal o juez competente a fin de que, a partir del punto en que se produjo la inhibición, continúe sustanciando o lo resuelva”.

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La exasesora de la Presidencia de la República Pamela Martínez cumplió la pena de 9 meses y 22 días que las autoridades le dispusieron como sentencia en el denominado caso Sobornos 2012-2016.

En este caso aún restan por cumplir su pena de cárcel de ocho años por cohecho 15 de los 20 sentenciados, entre ellos, el expresidente Rafael Correa, quien está en Bélgica; exministros como Walter Solís, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte; los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, y nueve empresarios que procesalmente se comprobó entregaron recursos para hacerse de contratos en la obra pública.

El exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera se encuentran cumpliendo su pena de cárcel en un centro de privación de la libertad, mientras que las exasesora y exasistente de Presidencia Pamela Martínez y Laura Terán, respectivamente, cumplieron la sentencia reducida que recibieron por ser cooperadoras eficaces.

El empresario Pedro Verduga se ha mantenido con resguardo policial en una casa de salud por problemas médicos, debido a su avanzada edad. La sentencia dentro de este proceso penal está en firme y en proceso de ejecutoría desde septiembre de 2020.

Cada uno de los 18 procesados que fueron ubicados con las calidades de autores mediatos, autores directos y coautores deben cancelar como reparación integral $ 778.224,017 y la cómplice Laura Terán y el empresario Alberto Hidalgo, quien aunque fue declarado autor directo, deben pagar el monto de $ 368.632,43 cada uno. Los tres empresarios han cancelado en su totalidad la reparación integral impuesta.

Procuraduría solicita en el caso Sobornos 2012-2016 el embargo de cuentas de Rafael Correa y otros 17 sentenciados por cohecho

Como parte de la inhibición resuelta, el Tribunal de la Corte Nacional también apuntó que en el caso de que los sentenciados en el caso Sobornos no hayan tenido un domicilio establecido o este se haya encontrado en el exterior, para estos efectos, las copias del proceso se remitirán al juez de primer nivel de la Unidad Judicial del Distrito Metropolitano de Quito.

“Habiendo la Sala resuelto unificar el criterio respecto del juez competente para la ejecución de la sentencia en casos de fuero juzgados por la CNJ, este Tribunal no puede continuar sustanciando la ejecución, sino formular autoinhibición a fin de que la causa pase al juez competente en respecto de lo determinado en la ley. (...) En el presente caso, la inhibición no tiene fundamento en razón de la materia sino de los grados; y, las actuaciones corresponden a la fase de ejecución y no de juzgamiento, de manera que las actuaciones son válidas hasta la actualidad”, se aclaró en la providencia. (I)