El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tendrá diez días para resolver la situación de cuatro vocales —dos principales y dos suplentes— del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se enfrentan a una denuncia por infracción electoral por la que podrían perder sus cargos.
Los vocales Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas y los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías fueron sancionados, en primera instancia, con la destitución de sus cargos, una multa de 70 salarios básicos y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.
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El juez del TCE Fernando Muñoz Benítez aceptó la denuncia planteada por los activistas Pamela Troya y Santiago Becdach en contra de los cuatro consejeros, quienes fueron elegidos en los comicios seccionales y del CPCCS de febrero de 2023.
Los acusan de incurrir en una infracción electoral grave contemplada en el numeral 12, del artículo 279, del Código de la Democracia, con respecto a incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral.
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Se argumentó que, durante la campaña electoral de los comicios seccionales y del CPCCS de febrero del año pasado, los cuatro actores fueron promocionados por el movimiento político del correísmo Revolución Ciudadana (RC) en videos, entrevistas en medios digitales presentadas en redes sociales y como parte de una polla electoral denominada ‘liga azul’. El proselitismo se hizo pese a la prohibición constitucional y de la ley del CPCCS.
“Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, señala el artículo 112 de la Carta Política; en tanto, la ley del CPCCS prohíbe que grupos políticos, sociales y ciudadanos promocionen a los postulantes.
El exconsejero Alembert Vera Rivera fue sancionado con la destitución del cargo en mayo pasado por una denuncia similar y bajo las mismas causas, por eso existe un precedente jurisprudencial.
Los cuatro acusados de la infracción apelaron a la sentencia de primer nivel del juez Fernando Muñoz para que sea el pleno del TCE el que resuelva el caso en última y definitiva instancia.
Muñoz aceptó a trámite el recurso de apelación y, como primer paso, se designará por sorteo a un juez sustanciador que elabore el proyecto de sentencia para el conocimiento de los cinco jueces.
El pleno tendrá diez días, a partir de la fecha de admisión del recurso, para resolverlo mediante sentencia, cita el artículo 215 del Reglamento de Trámites del TCE.
Una vez que el pleno se pronuncie se podrá solicitar una aclaración o ampliación, sin que esto altere el fondo de la decisión. (I)