El Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A advierte de “graves inconsistencias” en los certificados médicos presentados por dos abogados de tres procesados, los cuales originaron que se declare fallida la audiencia de juicio convocada para el 24 de diciembre último, y pide que se remitan copias certificadas de los documentos a la Fiscalía para que se inicie una investigación penal y al Consejo de la Judicatura (CJ) a fin de que se realice el proceso administrativo contra los defensores en cuestión.
La audiencia de finales de diciembre pasado fue declarada fallida debido a la ausencia por enfermedad de dos abogados de los procesados. El abogado José Navarrete, defensa de Yesenia V y Lady C., presentó un certificado médico por enfermedad y reposo hasta el 10 de enero de 2026; mientras que Erick Mayorga, abogado de la empresa Fuelcorp S. A., mostró otro con descanso hasta el 5 de enero de 2026.
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En ese momento, el fiscal del caso Triple A, Mauricio Villavicencio, cree que no era viable que se instale la audiencia ante la falta de los abogados de confianza de los procesados; el representante de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) señaló que los defensores públicos podían cubrir a los defensores particulares que no han asistido, mientras que la defensa de Petroecuador solicitó que se verifiquen los certificados médicos presentados.
Finalmente, ese 24 de diciembre se declaró fallida la audiencia. Los jueces no solo dieron 72 horas a los abogados para certificar los documentos médicos entregados y así revisarlos, sino también advirtieron que no se daría paso a más diferimientos e incluso, para garantizarlo, ordenaron que varios defensores públicos se empapen del expediente, de modo que puedan representar al acusado que no presente defensa el día de la audiencia.
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En Triple A se encuentran llamadas a juicio como autoras y coautoras 16 personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis personas jurídicas (empresas), que son acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
A poco más de un mes de ocurrido este hecho, la Sala de Juzgamiento emitió una providencia en la que señala que “advierte la existencia de graves inconsistencias” tras analizar el informe técnico remitido por la autoridad sanitaria nacional y contrastar con las actas de reconocimiento de firma y rúbrica rendidas ante su judicatura por dos doctores.
“Se ha determinado que los certificados médicos presentados el 24 de diciembre de 2025 por los abogados Erik Mayorga Vaca y José Roberto Navarrete, documentos que motivaron que se declare fallida la audiencia de juicio de esa fecha, contienen diagnósticos que no guardan correspondencia técnica con el nivel de atención ni con la competencia de los profesionales emisores y que no justificaban objetivamente una imposibilidad absoluta para comparecer a la diligencia judicial”, explicó en la providencia emitida el presidente del tribunal, el juez anticorrupción Jorge Sánchez.
Con esos antecedentes y al existir indicios claros de un “uso abusivo de las garantías constitucionales”, es decir, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, y la presunta comisión de conductas que atentan contra la fe pública y la eficiente administración de justicia, el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A dispuso remitir a la Fiscalía y al CJ copias certificadas de los escritos y certificados médicos presentados el 24 de diciembre de 2025, el acta de la audiencia fallida de la misma fecha, las actas de reconocimiento de firma y rúbrica y el informe técnico del Ministerio de Salud Pública del 30 de enero de 2026.
Con esto, los jueces buscan que la Fiscalía, en ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución, empiece la investigación penal correspondiente respecto de las actuaciones de las personas involucradas en los hechos descritos y que el Consejo de la Judicatura comience la investigación administrativa en contra de los abogados patrocinadores antes mencionados por la presunta violación al principio de lealtad procesal y buena fe.
El viernes último, el Tribunal Anticorrupción a cargo de la etapa de juzgamiento de Triple A, integrado por los jueces Sánchez, Clara Soria y Gabriela Lara, decidió dejar sin efecto la convocatoria para la audiencia de juicio definida para el pasado 31 de enero y el 1 de febrero. La razón: la defensa de la empresa Fuelcorp S. A. solicitó a la sala que amplíe y aclare la decisión que negó una nulidad planteada por ellos. Esto generó que los jueces trasladen a los sujetos procesales el pedido para que se pronuncien antes de resolver lo que en derecho corresponda.
La Fiscalía analiza en el caso Triple A la existencia de una relación de las seis empresas investigadas con distribuidoras, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotrices, industriales y navieros.
El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas, que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado.
La Fiscalía pidió que sean llamadas a juicio como autoras del delito investigado diez personas naturales y seis empresas; mientras que otras seis personas fueron acusadas en calidad de coautoras de la comercialización ilegal de hidrocarburos. (I)