Con los seis testimonios anticipados del próximo jueves la Fiscalía busca consolidar su teoría en el caso Las Torres

Luis Miño, Pedro Crespo, Patricio Saá, Sebastián Robles, José Luis De la Paz y José Raúl De la Torre son nombres que constantemente han sido mencionados por la Fiscalía en las tres formulaciones de cargos, las dos vinculaciones que se han dado y en los 69 elementos de convicción presentados en el proceso penal por el delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Las Torres.

Estas seis personas rendirán testimonio anticipado el jueves 22 de julio próximo desde las 08:30, en la Corte Nacional de Justicia, por pedido de la fiscal general, Diana Salazar. Todos mantendrían información que respalda la teoría de Fiscalía que señala que en este caso existió una “organización criminal” que a cambio de dinero desvaneció en la Contraloría General del Estado (CGE) seis glosas por cerca de $ 13 millones relacionadas con la empresa Nolimit C. A. y facilitó el pago de recursos que le adeudaba a esa prestadora de servicios la EP Petroecuador.

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El solicitar al juez competente la recepción de un testimonio anticipado es una de las atribuciones que mantienen los fiscales y están recogidas en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 502, numeral 2, de ese mismo cuerpo legal, explica el juzgador, podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio.

Según la Fiscalía, las seis personas que rendirán su testimonio anticipado estarían ingresadas al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y más Partícipes del Proceso Penal.

Quienes han sido convocados harán que su versión dada durante el proceso de instrucción deje de ser un elemento de convicción y tome el valor de un testimonio hecho bajo juramento que solo puede ser usado en el momento de que el caso llegue a etapa de juzgamiento. Al momento han transcurrido casi 100 de los 120 días que debe durar la instrucción fiscal, la cual se abrió el 14 de abril pasado.

El exsubcontralor subrogante y aún funcionario de la CGE Luis Miño podrá confirmar lo dicho en su versión el 13 de abril pasado. Ahí dijo que respecto a Nolimit él suscribió el desvanecimiento de cuatro glosas conforme a los proyectos presentados y que para los desvanecimientos hubo una disposición directa y verbal por parte del entonces contralor subrogante, Pablo Celi, para que sean suscritos los proyectos tal y como fueron entregados.

También podrá explicar lo que mencionó sobre que si él no cumplía las disposiciones de Celi, inmediatamente estaba la amenaza de remoción o el sumario administrativo para su destitución.

Por otra parte, el accionista de Nolimit, Pedro Crespo, debería profundizar lo dicho en su versión de que para fines del 2018 e inicios del 2019 aparecieron en el escenario De la Torre, quien era asesor en Petroecuador, y se presentaba como familiar del contralor Celi, y el empresario inmobiliario Roberto Barrera. De la Torre y Barrera fueron sentenciados en Estados Unidos por ser parte de una red de corrupción que operó en Petroecuador entre 2018 y 2019.

Según Crespo, estos dos personajes se pusieron a las órdenes de Nolimit para gestionar los pagos adeudados por Petroecuador y la reactivación de un contrato que continuaba suspendido. Como comisión, aseguró Crespo, se le pidió a Nolimit una comisión del 20 % del monto total.

Los intermediarios de la organización habrían pedido que lo exigido se les entregue en efectivo en Ecuador, pero los accionistas de Nolimit propusieron transferencias en Estados Unidos, país en el que, indicó Crespo, a De la Torre le compraron desde ropa y relojes de marca hasta equipos tecnológicos. A decir de Crespo, fue el propio De la Torre quien le dijo que los beneficiarios de los dineros que exigía eran Esteban Celi, Pablo Flores y el ya fallecido José Agusto Briones, de los nombres que recordaba.

Patricio Saá y Sebastián Robles también podrían corroborar parte de la versión de Crespo, pero sobre todo lo que habría sucedido en una reunión en Quito en la que Saá y Robles estuvieron presentes.

Según la versión de Robles, el 29 de abril de 2019, Pedro Crespo le pidió que lo acompañara a una reunión solicitada por De la Torre y Barrera. De lo que él sabía para ese momento es que ambos exigían pagos a Nolimit para viabilizar los pagos que Petroecuador legalmente les adeudaba.

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“Ya cansado de esta situación decidí grabar la reunión en la cual yo también intervine. Fue una conversación que duró como 50 minutos o más. Básicamente nos exigieron pagos para el número uno, que se entendía era Pablo Flores. Indicaron que Nolimit debía pagar una comisión del 20 % y que de no aceptar esta condición, no existirían los pagos adeudados por Petroecuador”, contó Robles.

De la grabación hecha, Robles no solo le habría comentado a Pedro Crespo y Patricio Saá, accionista y gerente general de Nolimit al 2019, quienes también participaron de la reunión, sino además a sus abogados en Estados Unidos. En febrero pasado Robles entregó a la Fiscalía de Ecuador el dispositivo que contenía el audio grabado en la reunión.

Finalmente, José Luis De la Paz y José Luis De la Torre podrán con sus testimonios dar más luces de las conversaciones extraídas de sus equipos celulares y que fueron facilitadas a Ecuador mediante la figura de Asistencia Penal Internacional por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La información es parte del expediente fiscal que ya supera los 425 cuerpos.

En las conversaciones entre De la Paz y De la Torre, y en la que también participan otros de los procesados en el caso Las Torres, se habla de exigencias de dinero, transferencias a cuentas internacionales, se nombra a personajes políticamente influyentes como parte de la red, entre otros temas.

A mediados de 2019, el ecuatoriano estadounidense José Luis De la Paz fue sentenciado en Estados Unidos, pues confesó haber pagado $ 8,8 millones en sobornos por contratos de Petroecuador.

Desde el viernes último, con la vinculación de Martha Barrezueta y Mauricio Orellana, exgerenta de Refinación de Petroecuador, son quince las personas procesadas por delincuencia organizada.

A la lista se suman el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban; el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, su padre y su madre, Marco Flores y Elsie Cueva; Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien falleció en la cárcel estando procesado en esta causa, son, entre otros, parte de los investigados. (I)