Sin la presencia del suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, es como se dieron las más de tres horas de sesión en la Comisión Permanente de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea, convocada para conocer un único punto: tratar el oficio del 16 de mayo de 2022 y las posteriores declaraciones de Saquicela luego del retiro de la terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para que designe al vocal que representa a la CNJ y que debería presidir el Consejo de la Judicatura (CJ).

Entre las autoridades convocadas para dar a conocer la situación del trámite y del ejercicio correcto, efectivo y pertinente en este caso estuvieron Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, y representantes del CJ, como su presidente temporal, Fausto Murillo, y los vocales permanentes Maribel Barreno y Juan José Morillo. Las comparecencias fueron solicitadas por el legislador de UNES Ronny Aleaga.

Con una acción de protección, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, espera dejar sin efecto la sanción resuelta por el Consejo de la Judicatura

Saquicela se excusó de participar en la Comisión asegurando que desde el viernes último fue suspendido por el pleno del CJ, por lo que “jurídicamente no es procedente” su comparecencia para informar acciones como presidente de la Corte Nacional. Además, en la carta enviada indicó que estaba en Cuenca preparando sus argumentos para la audiencia por la acción de protección que presentó para evitar que se concrete su suspensión de 90 días y que se dará mañana jueves en la Unidad Judicial de Cuenca.

El asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, al igual que la mayoría de los legisladores presentes en la sesión 96, criticaron la ausencia de Saquicela, principalmente por no haber asistido pese a ser el funcionario que copió un oficio a la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana en el que afirma que la conducta de Hernán Ulloa en el caso implica una clara vulneración del Estado constitucional y de la independencia judicial, así como una inobservancia y el incumplimiento de funciones.

Publicidad

Ulloa defiende el hecho de no haber decidido nada respecto a la terna entregada por Saquicela el 22 de febrero pasado, debido a que el CPCCS no tiene el sustento jurídico suficiente para adoptar una designación y avanzar en un procedimiento. Ha dicho que deben estar pendientes de la decisión que tome la Corte Constitucional (CC), como máximo organismo de interpretación constitucional, para que oriente al Consejo de Participación.

El presidente Ulloa reconoce que existió un reglamento excepcional para designar al vocal principal y suplente del CJ que provenía del Ejecutivo, pero que ese reglamento no puede ser aplicado para la designación de un vocal de la CNJ. Tampoco, dijo Ulloa, está claro si se tiene que designar un vocal principal o un suplente para Álvaro Román, quien era vocal suplente de la entonces presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, funcionaria que renunció al cargo el 2 de febrero pasado.

En este momento el doctor Álvaro Román debería principalizarse, y lo que nos tocaría es designar al suplente. Tenemos que saber por qué vía tenemos que hacer un reglamento, y por eso la prudencia. No existe normativa, no ha existido un pedido expreso del CPCCS para que se remita una terna”, explicó Ulloa, al tiempo de criticar que Saquicela no se haya hecho presente para debatir luego de que con sus declaraciones ha “manchado al CPCCS y al CJ”.

Por su parte, el presidente Murillo dejó claro que no tienen nada que ver con el envío ni con el retiro de la terna; que esa es una potestad que maneja el titular de la Corte Nacional. Lo que sí defendió fue la legalidad y legitimidad de su puesto como presidente, de la integración del CJ y de las decisiones que están adoptando. Él respondía así a que Saquicela responsabilizaba al CPCCS por las fallas institucionales que devengan de las actuaciones de un pleno del CJ que no estaba conformado en apego a la ley.

Publicidad

Corte Nacional de Justicia oficializa al Consejo de Participación Ciudadana la terna para que designe a su vocal en la Judicatura

En su exposición, el vocal Morillo dijo que le extraña la posición de Saquicela, pues fue él mismo quien desconoció a Álvaro Román como presidente del CJ y acudió al pleno del organismo para “validar y legitimar” la decisión que dejó como presidente a Fausto Murillo, el 3 de febrero pasado.

“Ahora, Iván Saquicela dice que no hay legitimidad en las actuaciones, e incluso dijo que no podemos llevar adelante procesos como la selección de jueces de la CNJ, que no podemos llevar adelante procesos de evaluación de jueces. Eso sería irresponsable si acogemos un criterio que sin duda lo hace en momentos y situaciones políticas diferentes. Lo ratifico, es una línea que jamás puede cruzar un juzgador; el juzgador administra justicia, no tiene nada que hacer en el ámbito político”, apuntó Morillo.

El presidente de la Comisión aseguró que Saquicela será convocado en una nueva fecha y hora. Para los integrantes de la Comisión es necesario conocer el porqué de sus señalamientos de que podría estar gestándose un metida de mano en la justicia, un incumplimiento de funciones en el Consejo de Participación o una ilegalidad e ilegitimidad en las decisiones del actual CJ.

La sesión culminó con la aprobación con ocho votos a favor de una resolución propuesta por el legislador Ricardo Ulcuango, de los registros de UNES. La moción aprobada recomienda a la “Función Judicial que, para proteger la institucionalidad y la independencia de las funciones, se abstenga de involucrarse en asuntos que interrumpen el accionar administrativo y normativo, propio del ejercicio de las facultades legales y constitucionales de cada órgano”.

Publicidad

Dentro de este contexto, desde el Partido Social Cristiano (PSC) se afirma que el CPCCS nunca debió existir en el ordenamiento jurídico el Ecuador, más aún, se señala, hoy que habría sido captado por el Gobierno de forma ilegal.

Mediante un comunicado, emitido la tarde de este miércoles, rechazan lo que califican de un irrespeto a la independencia de la Función Judicial y además se cree que la razón de la existencia del CJ, como órgano administrativo de la Función Judicial, ha sudo demolida. “La justicia se sigue politizando”, se afirma desde el PSC, al tiempo que la Asamblea, haciendo uso de su facultad fiscalizadora, debe proceder de inmediato con los juicio políticos a los cuatro vocales del CPCCS. (I)