Desde las 08:30 se realiza en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia a través de la cual se vinculará al caso Las Torres, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada, a Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, su padre, Marco Flores Troncoso, y tres personas más. El juez nacional Felipe Córdova está a cargo del proceso penal.
La diligencia se instaló a pedido de la fiscal general, Diana Salazar, debido a que existirían elementos que la hacen presumir de la participación de los cinco vinculados en una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.
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Además de Flores Cueva y Flores Troncoso, Fiscalía busca que se vincule a la causa a Roy Calero, Álvaro De Guzmán Pérez y Pedro Saona Roca. En este proceso penal ya existen nueve investigados, entre ellos el contralor (s) Pablo Celi, el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones y Elsie Cueva, madre de Pablo Flores.
La vinculación de las cinco personas es un hecho y lo que restaría al final de esta diligencia es conocer qué medidas cautelares se ordenan para los vinculados.
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Al momento Celi, Augusto Briones y los hermanos de ambos Esteban Celi y Luis Agusto Briones, mantienen una orden de prisión preventiva; mientras que cuatro personas deben presentarse periódicamente ante el juez Córdova y usar grillete electrónico, y sobre Elsie Cueva, de 68 años, no pesa medida cautelar alguna.
Con la vinculación de estas cinco personas al caso Las Torres, el proceso penal investigará a catorce sospechosos y además el tiempo inicial ordenado para la instrucción fiscal de 90 días pasará a tener 30 más, es decir, la etapa de instrucción fiscal en esta causa tendrá 120 días de duración.
La exposición de la fiscal Diana Salazar empezó con la individualización de la participación de los vinculados. De Roy Calero la fiscal Salazar dijo que él facilitó cuentas en el exterior para pagos de una empresa aparentemente creada por NoLimit. Este hecho para la Fiscalía significaría un delito transnacional. Calero una vez recibía la transferencia en el exterior entregaba esos dineros en Ecuador a Roberto Barrera y Marta Barrezueta.
Esta operación la Fiscalía la denominaría “espejo”. El dinero entregado como soborno era recibido en Estados Unidos en las cuentas de Calero, para no ser identificados, y se utilizó esos fondos para pagar las comisiones exigidas en este caso. Por ello, la Fiscalía cree que Roy Calero colaboró en la entrega de dineros indebidos.
Sobre Álvaro De Guzmán se registraría una relación de dependencia en varias empresas proveedoras de servicios de Esteban Celi, ya procesado en este caso. Según Salazar, De Guzmán sería la persona que asesoró a los líderes de esta organización sobre los pagos indebidos que se debían exigir y realizar.
El tercer procesado contra el que la fiscal general dio a conocer de su presunta participación fue el exgerente Pablo Flores Cueva. De él Salazar señaló que fue gerente general de la empresa Petroecuador, entre el 2018 y el 2020, explicó que José Raúl De la Torre, exasesor de Petroecuador y familiar del contralor Celi, permaneció en el cargo por pedido de los procesados José Augusto Briones y Pablo Celi, como secretario de la Presidencia y Contralor, respectivamente.
Según un informe del área de comunicación de la Corte Nacional, Flores Cueva es la persona que desde la gerencia no denunció los hechos, mantuvo y sostuvo la mentira hasta que explotó la trama de corrupción en Estados Unidos. Fiscalía sostiene que el exgerente dentro de la organización cumplió un rol de líder, por lo que se le considera como autor directo.
De padre de Pablo Flores, Marco Antonio Flores Troncoso, la Fiscalía definió en audiencia que él recibió dineros provenientes de Nolimit, a través de Roberto Barrera y mientras su hijo era gerente general de la empresa Petroecuador.
Finalmente la fiscal general habló de Pedro Saona, de quien aseguró fue un consultor técnico en la organización y accionista legal de una corporación constituida en Estados Unidos y Ecuador en 2019. (I)