Los tres legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), este 27 de agosto de 2025, pidieron a la Contraloría General del Estado un examen especial de auditoría al Ministerio de Salud en vista de que la mayoría gobiernista impide una fiscalización al sector salud.
Así lo anunció el asambleísta y director nacional del PSC, Alfredo Serrano, quien explicó que su organización política busca determinar tres cosas con esta auditoría:
- Se están transfiriendo las rentas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Es negligencia del Ministerio de Salud no comprar los medicamentos.
- Es real que se han recortado $ 1.200 millones del presupuesto del sector salud.
Serrano dijo que el Ministerio de Salud no podrá negar a la Contraloría del Estado la información correspondiente, como sí lo hace a los asambleístas, y le diga al país que hay una verdadera crisis hospitalaria y de sanidad en el país, y que el Ministerio de Economía y Finanzas no le entrega los recursos que necesita el sector, y que lamentablemente se ha llegado al punto donde se tiene que escoger “o pagamos deuda externa o salvamos a los ecuatorianos que se están muriendo en los centros de salud”, subrayó.
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Acompañado de los asambleístas Otto Vera y Johnny Terán, el legislador Alfredo Serrano dijo que la auditoría va a demostrar lo que ya sabe el país, “no hay plata en los hospitales, porque lamentablemente se prioriza el pago de los tenedores de deuda antes que la salud de la gente”.
Pese a que la mayoría legislativa gobiernista impide fiscalizar al sector salud, “hemos recurrido a la Contraloría General del Estado para pedir este examen de auditoría especial, que está contemplado en la Ley Orgánica de la Contraloría”, indicó.
Dijo que la auditoría servirá para tomar otro tipo de acciones con esa información, donde no se descarta la destitución del cargo de funcionarios que no cumplen con los mandatos legales y constitucionales.
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Dijo que la actuación de la Contraloría permitirá determinar que se bajó el presupuesto de la compra de medicamentos de $ 280 millones a $ 170 millones. Lo que se conoce al momento es lo que la prensa ha señalado con sus investigaciones y los testimonios de los ciudadanos que todos los días reclaman medicinas y atención médica. Para seguir con las acciones legales, el PSC necesita información oficial, porque los recortes de los medios no se convierten en prueba, puntualizó.
(I)
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