‘Pruebas’ incluidas en la reconstrucción del tercer informe dentro del caso Gabela podrían ampliar el campo de investigación que mantiene la Fiscalía

Una vez que se entregó la reconstrucción del tercer informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela, la defensa de la familia del oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) espera que la Fiscalía amplíe todo el campo de investigación en torno a lo que sucedió antes, durante y después de esa noche de diciembre de 2010 en que se produjo un supuesto asalto a la hija del oficial en el que se dio muerte a Gabela.

El trabajo realizado por un equipo liderado por el perito Roberto Meza entre sus conclusiones sostiene que “existen suficientes indicios para ubicar al general (Rodrigo) Bohórquez y al general (Alonso) Espinosa con motivaciones personales y económicas claras, que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela”.

Según Meza, el asesinato de Gabela no tendría relación con un hecho de delincuencia común, sino estaría relacionado con las denuncias que hizo el general de la FAE sobre irreguilaridades en torno a la adquisición de siete helicópteros Dhruv a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, en 2008.

Para la familia del general Gabela el asesinato estuvo relacionado con las denuncias que él hizo en el tema Dhruv; mientras que por otro, incluso un Comité Interinstitucional creado en el gobierno de Rafael Correa aseguraba que el fallecimiento de dio durante el asalto que se produjo en la casa del oficial en 2010.

Tercer informe señala a los generales Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez como posibles autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela

Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, cree que una vez se le entregue a la Fiscalía General el tercer producto y sus conclusiones, la institución tiene un importante trabajo para dar seguimiento a todo lo que se refiere en el documento, hasta el punto de ampliar el espectro de sus investigaciones. Ese trabajo, aseguró, se iniciaría en la ampliación de versión a la que ha convocado a Roberto Meza, para la mañana de este viernes 14 de julio, la fiscal general, Diana Salazar, dentro de la investigación previa abierta ante una posible ejecución extrajudicial.

“Siempre tenemos que entender que aquí no hay delito común, este es un delito de derechos humanos, de un caso imprescriptible y que pasó a otro nivel. La Fiscalía tiene que actuar en muchos aspectos, pero no es que el informe haya deslindado (de la investigación) al expresidente Rafael Correa. La responsabilidad de los funcionarios nombrados en el informe es dentro de un delito de Estado, en donde intervienen funcionarios y empleados del Estado en el cometimiento de la muerte de una persona, de un comandante general”, anotó Román.

Por disposición del entonces fiscal general (e) Paúl Pérez Reina el caso Gabela pasó a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía y se lleva desde el 2018 con la reserva de una investigación previa. La decisión se tomó ante la existencia de datos que darían cuenta de una posible ejecución extrajudicial.

En su momento el abogado de los Gabela dijo que la familia había aportado datos y solicitó a la Fiscalía una investigación más amplia. La decisión de ese ente, recordó, fue ingresar el caso en la Comisión de la Verdad para que se investigue como un caso de derechos humanos. “Se cambió totalmente la tónica en la investigación de la Fiscalía, de delito común a un delito de derechos humanos. (...) Por haber denunciado lo de los Dhruv, él (Jorge Gabela) fue perseguido, fue perseguida su familia. Y cuando comenzaron a caer los Dhruv, el general estaba con vida, y advirtió lo que pasaba y desde ahí viene esa persecución”.

Meza ha dicho que ha sido lo suficientemente claro en exponer cuáles son las pruebas o el material probatorio que mantienen para relacionar a las personas nombradas como “presuntos autores intelectuales”. El perito, quien aseguró se mantendrá en Ecuador unos meses más para responder interrogantes respecto, entre otras cosas, a las motivaciones personales y económicas que habrían existido para el asesinato, anota que ninguna de las pruebas expuestas en este tercer informe son nuevas, sino que, refiere, son las que conocía el país desde hace mucho tiempo.

“Nuestro trabajo fue esencialmente reconstruir y exponer dentro de ese tercer informe que desapareció, armar el rompecabezas de ese caso tan complejo para que quede claro para el país y seguramente para la justicia. (...) Lo que buscábamos es poder encontrar el motivo por el cual estos presuntos autores intelectuales tendrían esos motivos”, sostuvo Meza en una entrevista en Teleamazonas.

Román piensa que el gobierno de Rafael Correa debió haber tenido otro comportamiento respecto al caso. El abogado insiste en que fue el propio general Gabela quien puso en conocimiento del entonces presidente Correa lo que pasaba y ese es un antecedente importante, anota. “Cuando está en vida Jorge Gabela cae el primer helicóptero (Dhruv) y eso significa que tenía toda la información y un funcionario público tiene toda la obligación de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades los delitos y las cosas que van pasando”.

Caso Dhruv: Fiscalía y Procuraduría apelan fallo con el que se sobreseyó a 18 acusados del delito de peculado en la adquisición de siete helicópteros

Los nombres de Bohórquez y Espinosa no solo han sido parte de los analizados dentro de la investigación previa por el asesinato del general Gabela. También aparecieron entre los 18 procesados por el delito de peculado, dentro del denominado caso helicópteros Dhruv, que finalmente recibieron un auto de sobreseimiento por parte del juez Luis Rivera, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 19 de junio pasado.

Junto a Rodrigo Bohórquez, excomandante de la FAE; y Alonso Espinosa, teniente general (sp) de la FAE, se investigó a los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval. Todos fueron acusados de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A.

También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres.

La investigación de la Fiscalía que comprendió el cometimiento de hechos irregulares y disposiciones arbitrarias se hizo sobre hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados con la adquisición de los siete helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa. Tanto la fiscal general, Diana Salazar, como la Procuraduría han apelado el fallo de primera instancia emitido por el juez Rivera.

Según el juez de la CNJ, dentro del proceso contractual analizado no se evidencia que los elementos planteados del tipo penal de peculado se encuentren. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicó en su sentencia Rivera.

Patricia Ochoa calificaba de sorprendente la decisión de Rivera de no encontrar elementos para llevar a juicio a personas que para ella sí tienen que ver con una contratación que desde el inicio no cumplió con las bases requeridas. La viuda del general asesinado sostenía que el fallo del caso helicópteros Dhruv de una u otra manera pretendía desvincular el móvil del crimen, aunque recordaba que toda la persecución de su esposo se ocasionó “casualmente” por el proceso de contrataciones de esos siete helicópteros. (I)