El sexto proyecto económico urgente para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional generó cuestionamientos por parte de la oposición. Las críticas se centran en el uso de los recursos provenientes del aumento de tres puntos en el impuesto al valor agregado (IVA), en abril de 2024, para financiar la lucha contra el crimen organizado y la crisis de seguridad.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente este miércoles, 1 de octubre, con el objetivo de establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, es decir, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para el cumplimiento de sus labores constitucionales conforme el ámbito de sus competencias.
Establece rebajas tributarias para los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, en bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden. El límite máximo de la rebaja será del 30 % del impuesto causado, sin derecho a devolución.
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Este proyecto urgente rescata el texto del artículo 4 de la ley de Solidaridad Nacional aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2025, y luego declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, que dispuso la expulsión de la ley del marco jurídico ecuatoriano.
Los legisladores de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) y del sector de Pachakutik advierten su voto en contra. Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) condiciona su respaldo al hecho de que en segundo debate no se incluyan nuevos textos, como ha sido la practica en los últimos cinco proyectos urgentes.
Para aprobar el proyecto del Ejecutivo se necesitan al menos 77 votos.
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El legislador de la bancada del Gobierno Alejandro Lara dijo que el proyecto busca fortalecer el trabajo de la fuerza pública que sale a luchar contra los grupos de delincuencia organizada que maneja mafias, vinculados a la minería ilegal, que son los que financian a estos grupos.
Indicó que, al recorrer las provincias, muchas personas preguntan cómo se puede ayudar en la lucha contra el crimen organizado y que esta ley es una oportunidad para aquello.
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Insistió en que no solo se está enfrentando a un grupo de delincuentes nacionales, sino incluso trasnacionales y, por lo tanto, la ley será una respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
El asambleísta coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, afirmó que este proyecto urgente es un acto de desesperación y, sobre todo, trata de confundir a los ecuatorianos en momentos tan críticos como la defensa de los derechos a través de la lucha social.
El representante de la RC preguntó qué pasa con los tres puntos del IVA del 12 % al 15 % para mitigar la inseguridad y por qué ahora se piden nuevos recursos. Aseguró que el Gobierno está asustado porque de alguna manera el pueblo se está levantando a defender la conquista de sus derechos.
Dijo que la RC está totalmente en contra de que los ciudadanos ecuatorianos tengan que responder a la inseguridad porque el Gobierno nacional no quiere hacerse responsable de su obligación.
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González afirmó que el proyecto no es ni oportuno ni conveniente, porque ya son seis proyectos urgentes, porque hace aproximadamente dos años dijeron que se iba a solucionar el problema de la delincuencia con los tres puntos del IVA y, prácticamente, de los $ 2.000 millones recaudados, tal vez el 20 % se ha invertido en el tema de mitigar la inseguridad.
Cecilia Baltazar, representante de Pachakutik en Tunguahua, señaló que está analizando la propuesta del Ejecutivo, pero lo que preocupa es la falta de resultados a pesar de todo lo que se ha entregado al Gobierno desde la Asamblea Nacional desde 2024.
Afirmó que de 2024 a 2025 no se han generado mayores resultados e incluso los grandes bloques se sumaron y aprobaron la subida del IVA del 12 % al 15 % para que se utilicen esos recursos y se dé tranquilidad a los ciudadanos.
Baltazar apuntó que han “aprovechado los recursos entregados por los ciudadanos ecuatorianos y, sobre todo, las herramientas legales entregadas por la Asamblea Nacional para perseguir a (los) niños, niñas de Imbabura, para atacar a hombres y mujeres de Imbabura y de otras provincias del país”.
Por ello, dijo que no respaldará ninguna reforma o propuesta legal nueva que tenga que ver con los militares y policías.
El asambleísta Alfredo Serrano, del PSC, manifestó que “volver a pedir caridad para las Fuerzas Armadas tiene una sola explicación, que los $ 1.300 millones que se recaudan cada año por el incremento del IVA del 12 % al 15 % no se están utilizando para la seguridad, cuando esa fue la razón de la aprobación de esa ley”.
Como no lo están haciendo, porque ese monto lo están dedicando al pago de la deuda externa, el Gobierno insiste en pedir caridad, donaciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, refirió.
Manifestó que si bien los cuatro artículos del proyecto cumplen con los parámetros de económico y de urgente, hay que esperar qué pasará en segundo debate y para entonces ojalá hayan leído la sentencia de la Corte Constitucional y la pongan en práctica, pues los jueces constitucionales hicieron un severo llamado de atención por haber violentado el procedimiento parlamentario.
Serrano señaló que tal como está presentado el proyecto es imposible oponerse a que las personas que quieran hacer donaciones a la fuerza pública y puedan deducir esto luego como crédito tributario del impuesto de la renta, aquello parece válido y es viable, pero se tiene que esperar el texto de segundo debate para apoyar con los votos, apuntó.
Álex Toapanta, legislador de Cotopaxi por el movimiento de Pachakutik, sostuvo que este sexto proyecto de ley es prácticamente una copia de lo que ya propusieron e inclusive los lleva a pensar que se necesita fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“(Pero) nos damos cuenta de que la Policía y el Ejército están sumamente armados. Están completamente armados, si no, veamos con cuánta fuerza llegan a los territorios en el caso de Imbabura y en Cotopaxi, donde hay alrededor de 3.000 agentes militares y policiales presentes en el centro del cantón Latacunga”, señaló el legislador.
Dijo que es fácil ver cómo están armados los militares, porque llegan a Imbabura con tanquetas, armas, municiones, hay presencia militar y obviamente ese contingente se debe aprovechar. Si no, también que el Ejecutivo les diga dónde está el incremento del 3 % del IVA.
Si no dan un justificativo de qué están haciendo con esos recursos del IVA, por qué nuevamente se quiere endosar a la gente que aparentemente quiere colaborar o será que se quiere dar más beneficios a los grandes empresarios y condonar deudas tributarias, puntualizó. (I)
