Las últimas medidas económicas que implementa el presidente de la República, Daniel Noboa, ahondan la preocupación en los sectores de la sociedad civil que advierten con una jornada de protestas prevista para el próximo 7 de agosto.
La Federación Médica Ecuatoriana convocó a la ciudadanía a unirse a una manifestación para el 7 de agosto, en la que confluirán los sindicatos, funcionarios estatales, enfermeras, docentes... en rechazo a los despidos, la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) y la falta de presupuesto para atender los sectores sociales de salud y educación.
“¡Estamos en una crisis de salud a nivel nacional! ¡Una crisis profunda!”, exclamó el presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco, en una rueda de prensa este 30 de julio.
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La preocupación se da a raíz del denominado Plan de Eficiencia Administrativa que implementa el Gobierno desde el 24 de julio y que arrancó con el despido de 5.000 personas, de las que 77 corresponderían a la red de salud pública.
“Estamos en una crisis profunda y si no entienden, los que están en el Gobierno, de llevar a la población a la salud integral, son realmente negligentes”, dijo indignado Carrasco.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermeras del Ecuador, Margarita Narváez, detalló también que en las unidades médicas se “están viviendo momentos de terror” por el acoso laboral que estarían experimentando los funcionarios por el contenido de la LOIP.
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“¡Son momentos de terror, de terror los que estamos viviendo!, porque los jefes inmediatos cogen la ley y el reglamento para advertir que se eliminó de la Ley Orgánica de Servicio Público —a través de reformas recogidas en la LOIP— el artículo 89, y ahora todos pueden ser desvinculados. Ahora ya no hay cómo discrepar, no se puede decir que hay cosas que no están bien...”, increpó Narváez.
Esto en referencia a la LOIP que está vigente desde el 25 de junio y tiene 19 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) planteadas por sectores económicos y sociales.
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A este mensaje de la Federación se unieron el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Barrios de Quito y representantes de pacientes de enfermedades raras y de pacientes renales.
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, llamó a la unidad de los sectores, pues estas medidas se extenderán hasta finales de año, que tendrían como objetivo sacar a más de 70.000 personas del Estado.
A criterio de los dirigentes, esto está propiciando una crisis en el sistema de salud y educación que afecta directamente a la ciudadanía.
Kevin Valdez, presidente de la Federación de Pacientes Renales, indicó que en el país hay 19.000 personas que padecen esta enfermedad y se enfrentan a la falta de insumos para continuar sus tratamientos.
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Ejemplificó que en Pichincha hay 30 cupos para someterse a diálisis de 120 personas que lo requieren, por lo que están derivando a la población a otras provincias.
Grupos ambientalistas rechazan fusión de ministerios y el nuevo proyecto de ley para regularlas
Desde otro sector, las organizaciones de la sociedad civil de carácter ambiental también expusieron su rechazo al proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales que envió el mandatario a la Asamblea Nacional y la fusión de ministerios de Estado, contemplada en este Plan de Eficiencia Administrativa.
En una declaración de prensa, este miércoles, Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), calificó como un retroceso de derechos la unificación del Ministerio del Ambiente con el de Energía, que se dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 60.
“Esto no es un tema de eficiencia, es una medida que no tiene ni pies ni cabeza”, indicó Greene, pues es como “poner el ratón a cuidar el queso”.
La activista hizo un llamado a las organizaciones a pronunciarse sobre esta política, porque el “Gobierno demuestra que tiene una clara intencionalidad de profundizar el extractivismo en el país con el impulso de la minería y, a la par, acallar las voces de las organizaciones ambientalistas que están reclamando los atropellos a la Constitución”, comentó.
La referencia es a la propuesta de ley enviada a la legislatura el martes último con el carácter de económico urgente y que aspira a controlar los dineros que ingresan a las organizaciones no gubernamentales.
“Me niego a creer que hemos elegido a una persona que puede plantear normas dictatoriales y que nosotros nos quedemos callados”, añadió la activista.
Ella aludió a que este cuerpo legal es similar al Decreto Ejecutivo 16 que se emitió en el gobierno de Rafael Correa, con el que se cerraron cuatro oenegés que reclamaban en contra de sus políticas, sobre todo de explotación de recursos naturales, como fue Pachamama.
Ricardo Buitrón, presidente de Acción Ecológica, aseguró que estarán atentos al proceder de la Asamblea en el tratamiento de esta iniciativa y que acudirán a instancias nacionales e internacionales de llegar a aprobarse.
“Esta es una manera descarada de decirnos no nos importa la Constitución, el ambiente, ni los defensores de derechos”, increpó Buitrón.
Estos sectores prevén movilizarse este 5 de agosto en los exteriores del Ministerio del Ambiente, en Quito, para rechazar la fusión con el Ministerio de Energía y el proyecto de ley para regular sus actividades. (I)
