Pese a que la jueza penal de Latacunga Paola Bedón declaró el lunes último la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal abierto contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien era acusado del delito de paralización de un servicio público, el líder indígena aún mantiene vigentes otras trece investigaciones por varios delitos, como rebelión, paralización de un servicio público y odio racial.

La nulidad en este caso llegó ante la existencia de una violación de procedimiento, pues no debió haber ́procedido una flagrancia en vista de que se habían dado seguimientos a Iza desde días antes de su detención, es decir, el 6 y el 9 de junio pasado. Según Bedón, ella no fue alertada en la audiencia de formulación de cargos y flagrancia, del 14 de junio pasado, de esos seguimientos ordenados por un juez de Cotopaxi.

El caso en el que se acaba de declarar la nulidad, a decir de Carlos Poveda, abogado de Iza, era el que más avanzado estaba de las catorce causas que se le abrieron por hechos relacionados con los 18 días de protestas sociales dadas en junio pasado. Según Poveda, las tres figuras penales antes mencionadas son las que se repiten en varios casos en los que se investiga al líder indígena.

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La causa por paralización de un servicio público llegó a la etapa de juzgamiento casi inmediatamente, porque se llevó bajo la figura de juicio directo.

La movilización de junio pasado fue convocada principalmente por la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

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Poveda asegura que en las otras investigaciones previas que se están llevando en la Fiscalía ellos se están presentando, cumpliendo y colaborando con lo que solicita la Fiscalía. En Quito y Cotopaxi habrían ocurrido los hechos por los que se investiga al presidente de la Conaie. En unos casos, la Fiscalía abrió de oficio las investigaciones; y, en otros, fueron abiertas tras denuncias puestas por personas particulares.

Mediante un comunicado público, el Ministerio de Gobierno señaló que respetaba la decisión tomada por la jueza Bedón, quien —se resaltó— encontró “que el procedimiento no era correcto”. Además se aclaró en el documento que la jueza no se pronunció con relación a si la detención fue ilegal o no. “En los próximos días se determinará cuál será el procedimiento a seguir”, se apuntó.

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Pese a haberse declarado la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal por paralización de un servicio público, las instancias acusadoras —Fiscalía, Petroecuador y Procuraduría General del Estado— aún tienen la posibilidad de apelar la decisión tomada por Bedón.

Esa situación es poco probable para Poveda, pues —asegura— los mismos elementos y medios de prueba que constan en el expediente sirvieron para que la jueza Bedón concluya la nulidad; e incluso —apunta— el fiscal Sergio García manifestó que no tenía conocimiento de los seguimientos y de las actuaciones urgentes que habían realizado también a petición de la Policía Nacional.

“Lo ocurrido deja a la vista las falencias, la persecución de la que fue objeto Leonidas Iza y que en este momento (no solo) hay una responsabilidad de investigación, sino también una responsabilidad de carácter político. (...) Lamentablemente queda en evidencia un caso tan grave, tan delicado, de que ha sido mal utilizada la institución y el sistema penal del Ecuador”, apuntó Poveda.

Iza sostiene que durante las movilizaciones de junio pasado jamás cometieron algo indebido ni tampoco tuvieron una planificación oculta, sino que siempre fueron públicas las demandas hechas: “Después de un año de sentirnos vulnerados en nuestros territorios, violados nuestros derechos a la consulta, sí nos pusimos de pie en las calles. Ya en el transcurso de la movilización hemos visto las presiones que han venido desde el Ejecutivo políticamente para en este caso poner en columna a la justicia. Reiteramos: debe haber independencia en la justicia, y esta debe actuar a la luz de la Constitución y la ley”.

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Raúl Ilaquiche, exlíder indígena que hizo parte del equipo de defensa de Iza en la causa por paralización de un servicio público, cree que debe analizarse caso por caso, para ahí poder ir descartando posibles irregularidades en los procesos que se han abierto por hechos ocurridos en junio pasado como parte de las movilizaciones y la protesta social. (I)