Con la vinculación de Armando Robalino y Allan Velasco son ya cuatro las personas procesadas por su relación con la entrega y recepción de dineros indebidos a cambio de beneficios personales dentro de la administración pública. Estos dos nombres se suman al del exministro de Energía Xavier Vera Grunauer, y al de Adrián Alfonso Zamora, quienes son investigados por el delito de cohecho.
Robalino y Velasco han sido nombrados desde que se formularon cargos al exministro Vera, el 16 de mayo pasado. La vinculación realizada la tarde de este lunes 26 de junio estuvo a cargo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y se la hizo ante el juez Luis Rivera, de la Corte Nacional de Justicia.
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En diligencias anteriores, la fiscal general, Diana Salazar, explicó que, el 12 de mayo de 2022, Zamora ingresó a trabajar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, en el cargo de coordinador zonal de Imbabura, pero dicho puesto lo habría obtenido por la entrega de $ 150.000.
Según Salazar, el dinero fue requerido en un primer momento por Armando Robalino, alias El Chavo, y Alan Velasco, quien se habría presentado como asesor del entonces ministro Vera. Después, supuestamente, en mayo de 2022, habría sido directamente el propio ministro de Energía quien solicitó la entrega de lo ofrecido en su vivienda ubicada en Samborondón, provincia del Guayas.
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Así se habría reafirmado el pago de los $ 150.000 a cambio del cargo de coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control e incluso, se resaltó, le habrían brindado a Alfonso Zamora la posibilidad de escoger entre la coordinación de Imbabura o Azuay y que la “dádiva” la podría pagar en partes. Todos estos argumentos, más otros obtenidos a través de pericias y testimonio fueron referidos por Toainga en la audiencia de este lunes.
El exministro Vera y Zamora son investigados como autores directos del cohecho que se analiza; mientras que Robalino y Velasco son ubicados como cómplices, es decir, las actuaciones de estos últimos facilitaron el cometimiento del delito que se investiga.
La audiencia se suspendió para analizar cuáles serán las medidas cautelares que se les disponga a los dos nuevos procesados, quienes estarían fuera del país. Toainga solicitó al juez Rivera que ordene prisión preventiva para ambos, se les congelen las cuentas que mantiene en el sistema local los dos sospechosos hasta por un monto de $ 80.000 y además la prohibición de enajenar bienes en las provincias de Guayas, Santa Elena y Pichincha.
La decisión del juez se conocerá este mismo lunes 26 de junio luego de las 17:00 que se instale la audiencia para escuchar un testimonio anticipado solicitado por la Fiscalía para esta causa. (I)