Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del impulso fiscal de fecha 15 de septiembre del 2021 a las 09:08 en adelante y levantar las medidas cautelares reales y personales que se han dictado en contra del exprefecto de Cotopaxi Jorge Guamán y de nueve personas más fueron las decisiones tomadas, el pasado 21 de julio, por la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi, Fátima Cedeño, dentro de la causa que investigaba el delito de delincuencia organizada.

La decisión de la jueza Cedeño se dio como parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a la que fueron convocadas las partes procesales y que llegó a los tres años de iniciada la instrucción fiscal contra Guamán y otras nueve personas.

El procesamiento penal se abrió en julio de 2022 ante una denuncia que refería que en los cantones Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, operaba una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios en diversos cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades provinciales.

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Según la Fiscalía, la supuesta organización delictiva habría tenido la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, mediante un acuerdo previo con personas relacionadas con esas empresas a través de la entrega de dinero u otros mecanismos de beneficio. La teoría del caso definía a Guamán como quien ejercía el mando de la organización; es decir, era el encargado de disponer y aprobar todas las acciones ejecutadas por su colaborador directo Pablo V., quien era aparentemente el encargado de ejecutar las disposiciones junto con el resto de procesados.

Como respuesta a los vicios de nulidad expuestos por la defensa de los procesados, la presidenta de la Corte de Cotopaxi explicó que ha verificado que dentro de la investigación fiscal existen serias falencias que influyen en la decisión del proceso, así como que provocaron la indefensión de los procesados.

La jueza Cedeño señaló que en este caso se tomaron en cuenta los criterios de especificidad, no convalidación y la trascendencia previstos en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

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La Fiscalía y la Policía allanaron el despacho del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, en busca de indicios relacionados con un presunto delito de delincuencia organizada, como parte de la operación Depuración 1. Foto tomada del Twitter de Fiscalía.

“Dicha inobservancia a la ley no puede ser subsanada por las partes ni tampoco ha sido aceptada por las defensas técnicas de los procesados, y no puede ser subsanada por esta juzgadora en esta etapa del proceso (no convalidación); y la trascendencia se determina al verificarse la desviación de las formas procesales con las que se llevó a cabo la investigación fiscal que terminó generando una afectación a derechos fundamentales (trascendencia)”, sostuvo.

Para decidir la nulidad de lo actuado por Fiscalía a partir del 15 de septiembre de 2021 se habría evidenciado que la falta de notificación a los procesados con la investigación vulneró derechos, como contar con el tiempo y medios necesarios para preparar la defensa, ser escuchados en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, acceder a todos los documentos y a las actuaciones del procedimiento, presentar en forma verbal o escrita los argumentos que se crean asistidos y replicar los de la Fiscalía, presentar elementos de descargo y contradecir las que presenten en su contra.

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Además, la jueza de la causa llegó a decisión una vez que definió que se habrían vulnerado los derechos fundamentales contemplados en el artículo 76, número 7, literal k, de la Constitución, al no haberse observado los artículos 168, 169, 208 del Código Orgánico de la Función Judicial y que los procesados hayan tenido la garantía de un juez natural dentro del desarrollo de la investigación.

Que en julio de 2023 se cierre la etapa de instrucción fiscal en esta causa es lo que determinó la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, luego de levantar la suspensión de esta etapa del proceso penal.

En octubre de 2022, el juez provincial que está a cargo del caso en Latacunga (Cotopaxi) dispuso que se suspenda la instrucción fiscal hasta que se proclamen oficialmente los resultados electorales de febrero de 2023 para la Alcaldía de Latacunga, pues Jorge Guamán optaba por el movimiento indígena Pachakutik a ese cargo, pero finalmente el exprefecto no ganó las elecciones y el Consejo Nacional Electoral emitió esos resultados al juez que lo requirió.

Al levantar la suspensión se aclaró que los 30 días que le restan a la fase de instrucción fiscal deberán ser contados a partir del 10 de junio de 2022.

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Guamán rechazó en todo momento que se lo haga parte de esta organización delictiva, asegurando que en el tiempo que fue prefecto no ha sido parte ni ha conocido de una organización que cometa actos de corrupción. “He estado de cerca conduciendo yo, planificando mensual y anualmente, haciendo bien las tareas, corrigiendo ciertas cosas. Entonces, no puede haber una organización (delictiva) ni por los lados ni por delante. No puede existir. Eso lo descarto al menos en mi función como prefecto de la provincia”.

Ante la decisión oral emitida por la jueza Fátima Cedeño cerca de las 18:00 del 21 de julio pasado, el fiscal provincial de Cotopaxi, Julio Ponce, interpuso el recurso de apelación. (I)