Luego de que la Corte Constitucional (CC) archivó la iniciativa popular planteada por un colectivo ciudadano para reformar parcialmente la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el presidente de la República podría plantear que sus atribuciones pasen a otras funciones del Estado.

El presidente Guillermo Lasso ha manifestado que impulsará una iniciativa de consulta popular “sí o sí” en este año, aunque de manera general ha mencionado que incluirá temas relacionados con políticas económicas para ejecutar su plan de gobierno, el CPCCS y la dolarización.

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La Corte Constitucional en varios de sus fallos explicitó los mecanismos para, por ejemplo, proceder con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.

En la sentencia 3-RC-19 del 1 de agosto de 2019, en donde se pedía un control de constitucionalidad para eliminar al CPCCS de la estructura del Estado, la Corte sentenció: “La propuesta de modificación constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y el consecuente traslado de su atribución de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, deberá ser tramitada por el mecanismo de reforma parcial previsto en el artículo 442 de la Constitución”.

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Este artículo establece que esta iniciativa -que puede ser planteada por el presidente de la República o por solicitud de la ciudadanía con el 1 % de firmas de los ciudadanos inscritos en el registro electoral- deberá ser tramitado por la Asamblea en dos debates. El segundo se realizará 90 días del primero, y de ser aprobado, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes.

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Una iniciativa con esas características la impulsó el Comité por la Institucionalización Democrática, presidida por Pablo Dávila, exvocal del CPCCS-transitorio y otros actores sociales. Se cumplió con el trámite formal, tanto en la CC como en la calificación de más de 300.000 en el Consejo Nacional Electoral (CNE); pero no logró alcanzar los 91 votos para ser aprobado por la Legislatura.

El miércoles pasado, los jueces de la Corte, en un auto de seguimiento a la sentencia con la que calificó las preguntas del colectivo, con las que pretendía suprimir el CPCCS, transformar la Asamblea Nacional en bicameral y darle autonomía a la Fiscalía de la Función Judicial, declaró que se cumplieron las fases del artículo 442 y archivó el pedido.

Los temas de la consulta popular que se analizan en Carondelet, según el legislador de CREO Juan Fernando Flores, se conocerían la próxima semana, mediante un mensaje que dirigirá el mandatario para “anunciar cuál es la línea que va a seguir el Ecuador, que explicarán hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y cómo esperamos que el pueblo respalde esa propuesta”, dijo.

El constitucionalista André Benavides explica que el jefe de Estado puede consultar varios temas, con la limitante relacionada con derechos humanos y garantías jurisdiccionales.

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Recordó que la Corte ha determinado cuáles son los temas que requieren una reforma parcial a la Constitución que no podrán ser parte de una reforma, como es la eliminación del CPCCS y la transformación de la Asamblea en un órgano bicameral.

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Sin embargo, si plantea trasladar las funciones del CPCCS a la Asamblea, podría utilizar la vía de la enmienda constitucional, como parte de su consulta.

“La consulta es el género, y tiene el plebiscito, en la cual se pueden hacer preguntas amplias y generales como ‘si está de acuerdo con las peleas de gallos o con las corridas de toros’. En un referéndum puede hacer dos cosas: pedir un pronunciamiento sobre leyes que no han sido aprobadas por la Asamblea; y lo segundo, reformar a través de una enmienda la Constitución”, detalló Benavides.

Esta enmienda puede darse por tres procedimientos, por solicitud del presidente de la República, la iniciativa en la Asamblea y la iniciativa popular.

“En este caso, el presidente está facultado para enmendar la constitución y lo puede incluir en la consulta en su tipología de referéndum. Y puede tranquilamente presentar una propuesta de enmienda dentro de la consulta”, precisó Benavides.

La enmienda no debe pasar por el trámite legislativo, sino que se aplica directamente al soberano. Siendo así puede consultar vía enmienda a la Carta Política “trasladar las funciones de designación autoridades a la Asamblea”, indicó.

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La Constitución le asigna al CPCCS en su artículo 208 doce atribuciones. Entre estas designar por concursos públicos de méritos y oposición y por ternas remitidas por el Ejecutivo a trece autoridades del Estado.

En la coyuntura actual, el Consejo se encuentra organizando cinco concursos para elegir, entre estos, al nuevo contralor del Estado, a cuatro consejeros (dos principales y suplentes) del CNE, al defensor Público.

Esto ha generado una polarización al interior del organismo, por el que están divididos cuatro consejeros con los que se toman las decisiones; y otros tres vocales que denuncian irregularidades en los procedimientos como para la aprobación de reglamentos.

Lasso asegura que respetarán la independencia del Consejo en realizar estos procesos, pero que tampoco van “a ser ingenuos”.

“No somos mancos y tenemos cabeza para pensar. Hay que estar atentos de los concursos, para evitar que fuerzas políticas nombren autoridades de control para beneficio de ellos y no para el interés público. Estamos atentos a los procesos, y el Gobierno no meterá la mano, pero tampoco vamos a ser ingenuos”, recalcó en una entrevista con Diario EL UNIVERSO.

Esteban Ron, catedrático y jurista, indicó que la Constitución le faculta al mandatario a realizar consultas sobre cualquier tema de interés público, es decir, sobre cualquier asunto que se pueda “tratar democráticamente”. Y coincide en que no se puede consultar sobre derechos humanos.

Advierte sobre los escenarios que enfrenta el Gobierno para que su iniciativa sea considerada. Como que las preguntas y sus anexos están “bien elaborados” y que se precise qué normativas se reformarán si se propone retirar las competencias al CPCCS, por ejemplo.

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“El actuar de la Corte Constitucional es lo más técnico que ha habido en el Ecuador, y no va a ser política como en el 2018 (consulta popular de Lenín Moreno), por lo que dudo mucho que esta Corte dé paso a una consulta de tanta trascendencia si hay textos mal elaborados. La Corte va a ser el primer filtro que enfrentarán”.

Por otra parte, está el cumplimiento de los plazos y cumplir con el ofrecimiento de realizar esta consulta, de lo contrario ello podría afectar la “capitalización política” del mandatario.

A criterio de Ron, en tanto Lasso expida el decreto de la consulta, este se remita a la Corte para el control constitucional, y el Consejo Electoral convoque, y se realicen las elecciones, pasarían unos 115 días. Por lo que este año no habría consulta.

“Esto influiría en la capitalización política del presidente, que la obtuvo con el plan de vacunación contra el COVID-19. Pero al ofrecer una consulta este año y si pierde tiempo, pierde credibilidad”, afirma.

A ello se suma el conflicto dado por la inconformidad de agricultores y campesinos y otros grupos sociales, la posición de la Asamblea, cuestionamientos al presupuesto del 2020 que preocupa a universidades, gobiernos locales… En esencia, “el éxito del plan 9/10 se dispersa y mientras más se demore en anunciar su propuesta y lo que se va a preguntar, más rápido perderá credibilidad”, opina Ron.

Al menos diez procesos de consulta popular y referéndum se realizaron en los últimos 14 años

En los últimos catorce años se han realizado cinco procesos eleccionarios nacionales, entre consultas populares y referéndum; y cinco consultas locales sobre definición de límites y temas ambientales.

Desde el 2007, el expresidente Rafael Correa promovió cuatro consultas nacionales como para instalar la Asamblea Constituyente; en el 2008 para aprobar la Constitución de Montecristi; en el 2011 las diez preguntas sobre la reforma judicial; en el 2017, la relacionada con el “pacto ético” para prohibir que los funcionarios tengan recursos en paraísos fiscales.

Las locales para definición de límites fueron las consultas en la Manga del Cura, las Golondrinas y La Concordia.

En el 2018, el exmandatario Lenín Moreno realizó la consulta popular y referéndum con la que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Esta última bordeó los $ 48,2 millones. (I)