Nota del editor:
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En la pregunta C del referéndum que se celebrará el próximo 16 de noviembre, impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, se consultará a los ecuatorianos sobre reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional de 151 a 73.
Según el Ejecutivo, la medida busca “optimizar la representación legislativa y hacer más eficiente la labor del Parlamento ecuatoriano”.
El cambio propuesto para la Asamblea Nacional mantiene la unicameralidad, pero ajusta la representación a la población y simplifica la estructura territorial de los curules.
La pregunta que será a sometida a consulta plantea:
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“¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?”.
De aprobarse, la reforma modificaría el artículo 118 de la Constitución, estableciendo que la Asamblea Nacional será unicameral y tendrá su sede en Quito, aunque excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del país. La composición de la Asamblea quedaría definida de la siguiente manera:
- Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
- Un asambleísta por cada provincia, más uno adicional por cada 400.000 habitantes según el último censo.
- La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior.
El anexo de la pregunta establece además que la Asamblea dispondrá de 90 días desde la proclamación de los resultados del referéndum para realizar las reformas legales necesarias que permitan cumplir con la nueva distribución.
Actualmente, se eligen quince asambleístas nacionales, seis por el exterior y 130 provinciales: dos por cada provincia o distrito metropolitano y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo con el último censo.
Ejecutivo busca hacer “más eficiente la labor del Parlamento”
Desde un punto de vista técnico, la propuesta busca ajustar la representación legislativa a la población actual, concentrando un mayor número de curules en provincias más pobladas y garantizando también la representación de provincias con menor población.
La intención, según el Ejecutivo, es hacer más eficiente la labor del Parlamento, aunque el impacto real en la calidad de la legislación, según han advertido dirigentes políticos, dependerá de otros factores, como los mecanismos de fiscalización, el perfil de los legisladores y la forma en que se organizan los partidos políticos.
Para Héctor Muñoz, exlegislador y analista político, uno de los puntos más relevantes de esta pregunta es el impacto que tendría en el presupuesto de la Asamblea.
“En teoría se ahorraría más de la mitad de los sueldos actuales y no solo de los asambleístas, sino de sus asesores, pasajes aéreos y recursos destinados para la vivienda de los asambleístas, con excepción de los de Pichincha”, explica.
Por otro lado, dice que la reducción hará también que necesariamente se organicen mejor las comisiones especializadas y ante un menor número de legisladores resultaría complejo mantener quince mesa legislativas.
“Habría muy pocos asambleístas por comisión; el debate legislativo podría perder profundidad en el tratamiento de los diferentes proyectos”, apunta y agrega, por otro lado, que tener menos asambleístas no garantiza que mejore la calidad de su trabajo, la cual, considera, debería ser el objetivo principal de la reforma.
Para el analista político Bernardo Gortaire, la propuesta plantea un escenario muy riesgoso en el que más de una decena de provincias va a tener un solo representante ante el Legislativo.
“Ecuador es un país diverso, varios segmentos de la población se quedarían sin representación y les va a tocar lidiar con cuatro años de una vocería exclusiva de un movimiento político y en un esquema con cultura democrática bastante limitada, probablemente ese representante se va a negar a escucharlos hasta que se terminen los cuatro años de legislatura”, subraya.
Gortaire añade que ve un potencial riesgo para la Amazonía, que va a estar prácticamente invisibilizada en el Legislativo frente a las otras provincias que tienen un poco más de representación y en las que se quedan con dos representantes, y dice que puede darse el caso de tener un representante de un segmento y de otro o dos del mismo partido.
El analista menciona también que los malos resultados del Legislativo lo han hecho muy impopular ante la población y que no se tenga confianza y se termine creyendo como sociedad que es mejor que sea el Ejecutivo el que tome todas las decisiones sin un contrapeso.
“La posibilidad de que sea una Asamblea más fácil de cooptar genera un escenario peligroso para la democracia en el Ecuador. Ya se ha visto el ejemplo más cercano en El Salvador, donde se redujo el número de personas y ahora todos los espacios están alineados con el gobierno de Nayib Bukele, que si bien puede ser efectivo o eficiente, al mismo tiempo hace que ese segmento de la población que no forma parte esté ausente del debate y a la espera de que sigan pasando bien las cosas, pero existe un grave riesgo de que las cosas más bien se deterioren y que ese segmento se empieza a ver incluso como enemigo del Estado, en lugar de como un segmento de la población que necesita ser atendido”, apunta Gortaire.
Sobre la propuesta, Muñoz menciona que se alinea con el criterio principal de que la gente aborrece a los políticos y mientras menos recursos se gaste en ellos será bienvenida. No obstante, manifiesta que el trabajo de una legislatura es fundamental para el adecuado funcionamiento de las democracias.
“El asunto es trabajar para que la calidad de las personas que sean parte de ese Legislativo sea superior a lo que hemos tenido en los últimos tiempos y eso no se va a lograr mientras no se pongan requisitos más rígidos para acceder a una curul. Sin esto, la gente seguirá votando por bachilleres o tiktokers”, sostiene.
Por su parte, Gortaire comenta que los Legislativos en su momento, tras las luchas sociales, abrieron la puerta y la oportunidad a que sean otros segmentos de la sociedad los que también participen y se fue rompiendo con esa lógica un poco aristocrática con la que surgieron.
No obstante, cree que con propuestas como estas se plantea un proceso de captura o recaptura del Estado por parte de estas aristocracias y dar legitimidad a vocerías reducidas, lo que considera que es una especie de retroceso en democracia. (I)
