Paralización de un servicio público, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y alteración del orden público son los delitos por los que se detuvo a 37 personas durante la primera jornada de protestas registradas a nivel nacional, el martes último, en rechazo a decisiones del Gobierno como el congelar los precios del galón de gasolina extra y ecopaís en $ 2,55 y de diésel en $ 1,90.

Datos de la Policía Nacional señalan que las detenciones se produjeron en distintos eventos organizados en las provincias de Guayas (diez en los distritos Daule y Santa Lucía), Morona Santiago (tres en Morona), Sucumbíos (uno en Putumayo), Imbabura (nueve en el Valle del Amanecer), Pichincha (siete en Cayambe), Carchi (uno en Tulcán), Esmeraldas (uno en Esmeraldas) y el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) (cinco en Quito). El registro tiene un corte hasta la medianoche del martes último.

Por los hechos ocurridos en el Distrito Policial de Daule, en Guayas, a las siete personas acusadas del delito de paralización de servicio público e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de una audiencia, se les abrió un proceso judicial en el que recibieron las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de salida del país.

Mientras tanto, de los tres detenidos por el delito de paralización de un servicio público en el Distrito Santa Lucía, dos están a la espera de una audiencia y a uno se le dejó en libertad, pero se abrió una investigación previa en la Fiscalía.

Publicidad

A los tres detenidos en la provincia de Morona Santiago se les realizó una audiencia de flagrancia y formulación de cargos en la que se les determinó las medidas cautelares contenidas en el artículo 522, numerales 1 y 2, es decir, presentación periódica ante la autoridad respectiva y la prohibición de salida del país.

Al único detenido en el Distrito Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, por el delito de paralización de un servicio público, se le dejó en libertad, pero se le abrió una investigación previa. Del lado contrario, el único detenido en Esmeraldas está a la espera de que se le realice una audiencia por el delito de paralización de un servicio público.

Mientras tanto, tres de los siete detenidos en Cayambe, en la provincia de Pichincha, fueron liberados al no determinar que existió el delito de paralización de un servicio público. Los cuatro restantes ciudadanos apresados están a la espera de una audiencia de flagrancia y formulación de cargos por el delito de alteración del orden público, en la que se determine su situación legal de si existen elementos que podrían revelar su participaron en los hechos que se investigarán.

Finalmente, los cinco detenidos en el distrito especial de Policía Zona 9 o DMQ, por el delito de alteración del orden público, están a la espera de que se les realice una audiencia en las próximas horas. Estas personas fueron aprehendidas por agentes de la Policía debido a los ataques que realizaron a miembros de la fuerza pública con artefactos explosivos y piedras que fueron desprendidas de la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico, lugar en el que pretendía desembocar la marcha de organizaciones sociales que arrancó a las 16:00 del jueves último desde el norte de la ciudad.

Según el Ministerio de Gobierno, durante la jornada de movilizaciones en las provincias de Cotopaxi y Pichincha fueron heridos ocho policías, tres y cinco policías, respectivamente.

El ministro de Defensa, Luis Hernández, indicó que quienes fueron detenidos durante las protestas realizaron actos contrarios a la Constitución al interrumpir la circulación y el tránsito en vías del país. Por ello fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, dijo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), mediante un comunicado, dio a conocer que en un consejo ampliado la organización resolvió exigir al Gobierno nacional la libertad “inmediata” de todos sus “compañeros detenidos” por la fuerza pública de manera “arbitraria, injusta y violenta”.

Además, “exigen la reparación integral de los hermanos y hermanas que han sido atacados y están heridos en esta movilización producto de la represión policial y militar iniciada por la fuerza pública”. (I)