Una supuesta contaminación del narcotráfico en la campaña electoral del presidente de la República, Guillermo Lasso, fue denunciada por Andersson Boscán, del medio digital La Posta, durante su comparecencia ante la comisión ocasional que investiga la suspuesta corrupción en las empresas públicas que involucraría al cuñado del primer mandatario, Danilo Carrera, y otros.

Boscán basó su denuncia en un informe policial realizado por la dirección general de Inteligencia de la Policía Nacional que contó con la participación de 14 oficiales, formados con inteligencia extranjera con especialización antinarcóticos. La operación fue dirigida por el teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo.

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Tras la denuncia, el periodista responsabilizó de su seguridad, la de su familia y del equipo periodístico que desarrolló la investigación, que fue ampliada el lunes por la mañana en YouTube, al Gobierno de Lasso.

La investigación que se inició en mayo de 2021 fue cerrada el 17 de enero de 2022 por orden del general de la Policía, Geovanny Ponce, afirmó Boscán, y que luego de ello, los catorce oficiales terminaron siendo desvinculados de antinarcóticos. Incluso el general Ponce fue despedido por el presidente Lasso, en cadena nacional, por sus vínculos y presuntas responsabilidades en el crimen contra María Belén Bernal, en la Escuela de Policía. A pesar de ser despedido, añadió, sigue en la Policía Nacional como general y ahora está en la dirección que maneja los aeropuertos.

Según Boscán, se ordenó el cierre del informe a sabiendas que con ello protegía al presidente de la República, Guillermo Lasso, pero también a la mafia albanesa que tendría vinculaciones con Rubén Cherres, “amigo” del cuñado del presidente.

El periodista sugirió a los legisladores llamar a comparecer a la comisión al general de la Policía que en esa fecha dirigía Inteligencia, Mauro Vargas, quien también fue informado de este hecho.

En su comparecencia, dijo que la general Tannya Varela y el teniente José Luis Erazo visitaron el palacio de Carondelet el 7 de julio de 2021, a las 13:40 minutos; su ingreso no fue registrado en la bitácora y no se conoce qué contaron al presidente Lasso.

Entrega de informe

El medio digital entregó 35.000 documentos de una investigación realizada por su equipo periodístico, que incluye un informe de inteligencia de la supuesta relación de Rubén Cherres con la mafia albanesa, con presencia en el Ecuador desde hace una década, que domina la costa ecuatoriana y que hizo exitosamente envíos de droga a la Unión Europea y a los Estados Unidos.

En la documentación incluye una serie de chats y transcripción de llamadas que supuestamente vinculan al Gobierno con el narcotráfico.

En una de esas transcripciones, Cherres señala que sus socios y él por lo menos han metido $1.5 millones para la campaña, para comprar pruebas (COVID-19), camisetas y mascarrillas.

También se habla de la operación de Cherres y Carrera, para lograr la presidencia de Guido Chiriboga para el movimiento Creando Oportunidades (CREO) y cargos en ministerios de Estado.

Anderson Boscán en sus declaraciones sostuvo que se negociaron cargos clave en la Aduana por donde pasa, como peaje libre, la droga y se permite el ingreso de las armas al Ecuador. Así como cargos clave en el Ministerio de Energía que controla las minas, que según los reportes de inteligencia ecuatoriana, son las principales fuentes de narcolavado y el narcotráfico en el país.

Igualmente, añadió, se negociaron cargos clave en la Policía Nacional auspiciando a generales que la embajada de Estados Unidos los señaló narcogenerales. Cargos clave en el Ministerio de Agricultura donde se puede disponer los cupos para las exportaciones, un bien preciado para el narcotráfico.

Ante los legisladores, el periodista sostuvo que del informe sobre las vinculaciones del narcotráfico y el aporte a la campaña electoral tenía conocimiento el exministro del Interior, Patricio Carrillo.

Después de que se cerró el informe, el exministro decide que el teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, que dirigió la investigación, sea trasladado de antinarcóticos a hacer patrullajes en el Guasmo de Guayaquil, una sona controlada por el narcotráfico, señala el comunicador.

También conoció del informe la excomandante de la Policía, Tannya Varela; el general Geovanny Ponce; el actual ministro del interior, Juan Zapata; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y “por los hechos y la reportería, en conocimiento de esto ha estado el presidente de la República”, según el relato.

La presidenta de la comisión ocasional, Viviana Veloz (UNES), dijo que se ha desarrollado la mayoría del cronograma aprobado, los requerimientos de información y procesamiento de la información recibida. Si bien se tenía previsto, este 13 de febrero, cerrar el ciclo de comparecencias la comisión llamará nuevamente a la fiscal general, Diana Salazar, por su preocupación frente a la rotación del equipo de la Policía Nacional que apoya en la investigación sobre el caso Encuentro, que involucraría al actual Gobierno en hechos de corrupción. La comparecencia se realizaría el miércoles 15 de febrero.

Veloz comentó que en esta investigación se podrían estar configurando delitos de concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada, y dentro del ámbito del control político que ejerce la Asamblea Nacional podrían establecerse responsabilidades políticas de varios funcionarios.

El plazo para la entrega del informe vence el 23 de febrero próximo y luego pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para resolución. (I)