“¡El paro nacional continúa!“, fue el mensaje de Marlon Vargas Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a las organizaciones de base del movimiento, al trasladarse de Pastaza hasta Otavalo (Imbabura), centro de las protestas antigubernamentales, para hacer un llamado a sostener las medidas de hecho.
“Están diciendo que el paro ya no da. No, el paro continúa. Hay algunos pueblos y nacionalidades que están haciendo asambleas permanentes y están saliendo a reclamar los derechos, así que estamos en pie de lucha. Aquí hay unidad, firmeza y convicción”, dijo la noche del 26 de septiembre de 2025 desde una plaza de Otavalo, en una transmisión en vivo en la red social de la Conaie, en la que está junto a Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la organización.
Publicidad
La tarde del viernes, en el quinto día de una convocatoria al paro nacional en contra del incremento del precio del diésel, Marlon Vargas se presentó ante las comunidades de Imbabura, en donde se produjeron violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía Nacional que dejaron doce otavaleños detenidos, de los que once fueron trasladados a la cárcel de El Rodeo en Manabí, investigados por el delito de terrorismo.
En los últimos cinco días, Vargas se arraigó en las comunidades de Pastaza, de donde es oriundo, hasta llegar a Imbabura este viernes.
Publicidad
Tras su salida de la Amazonía, escuadrones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas llegaron hasta el Puyo para despejar los cierres viales en la troncal amazónica, protagonizados por las bases de la nacionalidad quichua de esa provincia que se plegaron al paro.
En tanto, Vargas aclaró e informó a su familia que no está retenido y, al contrario, que el paro sigue.
Su reacción se da en un contexto en el que la Fiscalía General abrió una investigación en su contra y la de otros cincuenta dirigentes de grupos sociales y directivos de organizaciones no gubernamentales, por indicios de que incurrieron en el delito de presunto enriquecimiento privado no justificado.
Así también, contra Vargas hay otra denuncia en que lo acusan de terrorismo por llamar a paralizar el país.
Vargas junto con los presidentes de las tres regionales que integran la Confederación declararon un paro nacional indefinido el 18 de septiembre en contra de la eliminación del subsidio al diésel ordenada por el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 126, cuyo efecto fue el incremento en su precio a $ 2,80.
En ese sentido, Marlon Vargas destacó que las organizaciones sociales de Imbabura ratifican sus exigencias al Gobierno de Noboa para que “libere de forma inmediata” a los detenidos en el contexto de las protestas y trasladados a la cárcel de Manabí.
Así también, exigen “la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, porque está perjudicando la economía del sector popular”, y que se deroque el decreto ejecutivo de estado de excepción y toque de queda en sus territorios.
Rechazan también la consulta popular para instalar una asamblea constituyente para hacer una “nueva constitución”, cuyas elecciones se realizarán el 16 de noviembre próximo.
En respuesta, el jefe de Estado, en una entrevista en la cadena de televisión Ecuavisa la noche del viernes, enfatizó que no cederá ante las exigencias del movimiento indígena y que su Administración también resistirá. (I)