La situación de ‘los doce de Otavalo’ inculpados del delito de presunto terrorismo podría empeorar: la Policía Nacional de la Subzona de Imbabura se presentó como acusadora particular en este caso en el que el Estado pide sanciones por el incendio a instalaciones y bienes públicos y privados en el marco de las protestas por el paro nacional.
El comandante de la Subzona de Imbabura de la Policía, Édisson Rodríguez, ingresó la mañana de este 26 de septiembre una acusación particular en contra de trece personas a las que se les formularon cargos por el delito de terrorismo y pide que se las sancione con el máximo de la pena y una reparación integral por los daños causados a las instalaciones del Distrito de Policía Valle del Amanecer, ubicado en Otavalo.
De los trece, once fueron trasladados a la cárcel de Manabí y apelaron la orden de prisión preventiva. Pero aún no se convoca a audiencia para resolver los pedidos.
Publicidad
⭕ #ParoNacional | Tortura y criminalización por el gobierno de #DanielNoboa.
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 26, 2025
En #Otavalo, la defensa legal de Gina Cahuasquí presentó en @FiscaliaEcuador la denuncia por casos de tortura durante su detención el 22 de septiembre.
¡Exigimos justicia, verdad y libertad para los… pic.twitter.com/VlRaz4x7Q1
Con el llamado al paro nacional —en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel— que hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el 22 de septiembre se registraron los primeros detenidos por hechos violentos que ocurrieron en ese recinto policial.
Al llegar al quinto día de movilizaciones localizadas, el ministro del Interior, John Reimberg, informó en una entrevista con el canal RTS que hay entre “95 y 96″ personas detenidas.
Paro arrancó con eventos violentos en Otavalo
Las versiones preliminares recogidas en el expediente judicial por el que se procesa a trece personas relatan que a eso de las 15:00 de ese lunes, una multitud de manifestantes armados y enfurecidos llegó hasta el Distrito Valle del Amanecer y dañaron las puertas de acceso, las paredes del cerramiento. Se habrían sustraído documentos e indicios, encendieron fuego a las motocicletas y vehículos policiales.
Publicidad
Luego, avanzaron al cuartel e hirieron a siete uniformados y quemaron cuatro motos, dos patrulleros, dos carros particulares, tres carros de evidencias de la Policía; saquearon las oficinas y quemaron las instalaciones, según la versión de la Fiscalía.
La audiencia de formulación de cargos se dio el 24 de septiembre de 2025 y el agente de la Fiscalía los acusó de incurrir en el delito de terrorismo, tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que puede llegar a sancionar con prisión de 19 a 22 años a aquellas personas que provoquen o mantengan en estado de terror a la población o a un sector mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o que pongan en peligro o atenten contra edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación o transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos.
Publicidad
La Fiscalía estimó que el perjuicio asciende a los $ 125.000, de los que $ 73.910 son por el daño a bienes públicos y $ 50.800 por daños a particulares.
La jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado Karol Zambrano conoce en primera instancia la denuncia impulsada en contra de catorce personas y dictó medidas de prisión preventiva para once otavaleños y un extranjero.
Para una mujer se emitió presentación periódica.
Este 26 de septiembre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dispuso el traslado a los sospechosos a las cárceles de Esmeraldas y Manabí.
Publicidad
El movimiento indígena de la Conaie y sus organizaciones aliadas los agruparon bajo el seudónimo “los doce de Otavalo’, entre los que están los once hombres y una mujer, todos oriundos de Otavalo y pertenecientes a la nacionalidad kichwa.
A la cárcel de Manabí n.º 4 trasladaron a:
- Luis Alberto C. B.
- Luis Ernesto T. M.
- Diego Armado L. R.
- Juan Sebastián M. T.
- Elvis Damián L. M.
- Luis Enrique M. F.
- José Segundo A. Q.
- Washington Jeremy L. P.
- Luis Henry J. E.
- Berny Jonathan A. A.
- Alfredo P. C.
Mientras, a la cárcel de Esmeraldas se trasladó a William Andrés R. L., de nacionalidad venezolana.
La noticia golpeó a sus familias, que conocieron de la resolución judicial afuera de la cárcel de Imbabura la tarde del jueves.
“¡Libertad, libertad! No somos terroristas” era el grito unísono de las esposas, madres y familiares de los once otavaleños.
El Ministerio del Interior señaló en un comunicado oficial del 23 de septiembre que “todos” los detenidos en esa jornada registraban antecedentes penales.
Sin embargo, el portal Lupa Media, verificó esa información y apuntó que los once detenidos no tenían antecedentes penales registrados en la página de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
De los dos ciudadanos venezolanos que fueron detenidos no se habría podido acceder a sus registros judiciales del Gobierno de Venezuela.
Aunque, en el proceso judicial se menciona solo a un detenido extranjero: William Andrés R. L.
🔍 #FactCheckLupa | ❌ NO. No todos los detenidos durante el paro del 22 de septiembre tienen antecedentes penales, como aseguró el Ministerio del Interior en un comunicado.
— Lupa Media (@LupaMediaEC) September 25, 2025
¿Cómo lo sabemos? 🤔
➡️ De los 13 procesados por terrorismo en Otavalo, verificamos los antecedentes de… pic.twitter.com/KwWahecUMM
Los ‘doce de Otavalo’
A raíz de la formulación de cargos por presunto terrorismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y agrupaciones sociales afines los llamaron “los doce de Otavalo” y exigen que se los libere de la cárcel y de la acusación.
En las redes sociales se hacen eco de sus nombres y que son “luchadores”, pero no terroristas.
En una concentración en Otavalo del jueves último, los familiares portaban carteles en los que pedían su libertad.
Como de Diego Armando L., que tiene dislexia y necesita su medicación; o de Luis T., que lo identifican como un “maestro albañil”.
Otro es el caso de Gina Betel C. T., quien fue detenida y ahora sospechosa de terrorismo, que aparece en un video que se viralizó en las plataformas por interponerse mientras un miembro de la Policía se estaría preparando para contrarrestar a los manifestantes.
Gina se para delante de él y entre otros policías la detienen.
La jueza Zambrano no dictó prisión preventiva en su contra, pero sí presentación periódica y en declaraciones a medios de comunicación locales de Imbabura, sus abogados no descartan presentar demandas por la posible violación de sus derechos humanos.
La magistrada dio un plazo de 30 días para la instrucción fiscal y como parte de las primeras diligencias la Fiscalía pidió la explotación de dispositivos celulares que habrían sido incautados a los sospechosos. (I)
