Organizaciones temen criminalización de la protesta social como efecto del Decreto 730 que ordena a las FF. AA. reprimir al terrorismo

Aunque el<a href="https://www.eluniverso.com/noticias/politica/gobierno-dispone-a-las-fuerzas-armadas-usar-todos-los-medios-disponibles-para-reprimir-la-amenaza-terrorista-nota/?modulo=related&seccion=Noticias&subseccion=Pol%C3%ADtica&origen=/noticias/politica/capacitar-a-jueces-sobre-las-operaciones-militares-y-policiales-se-planteo-en-reunion-convocada-por-la-corte-nacional-de-justicia-nota/" target="_blank"> Decreto Ejecutivo 730 apareció como una respuesta del Gobierno para combatir la inseguridad provocada por el crimen organizado, a través de operaciones militares y policiales para combatir al terrorismo, algunos sectores y organizaciones sociales advierten que la norma podría ser usada como un mecanismo de represión y persecución ciudadana si estallan movilizaciones o protestas en contra del régimen.Una de las disposiciones del decreto es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) inicie acciones para “reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional”.En una entrevista con este Diario, el secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, si bien no se refirió a la protesta social, explicó que la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) , al declarar al terrorismo como amenaza para el Estado, es actuar contra personas que usan técnicas de terrorismo, aunque no pertenezcan a bandas criminales.En el paro nacional de junio de 2022, que duró 18 días, hubo eventos con un alto nivel de violencia que incluyeron incendios a cuarteles policiales, quema de patrulleros, ataque al edificio de la Fiscalía, por mencionar algunos casos. Para el Gobierno se trataron de actos terroristas cometidos por grupos de manifestantes. Mientras que el movimiento indígena y organizaciones sociales que encabezaron las manifestaciones se deslindaron de cualquier responsabilidad de aquello y culparon a las fuerzas del orden de infiltrar personas a las marchas para provocar caos.Por estos hechos, en aquel momento la Fiscalía inició más de 400 investigaciones previas que incluían delitos de terrorismo, sabotaje, delincuencia organizada, homicidio, asociación ilícita, secuestro, rebelión, tenencia y porte de armas, paralización de un servicio público, entre otros.Asimismo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron múltiples excesos cometidos por miembros de la Policía en contra de personas que participaron en las movilizaciones.Tras la publicación del Decreto 730, suscrito por el presidente Guillermo Lasso el 3 de mayo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acusó al Gobierno de “dirigir, difundir y posicionar” un relato en el cual se pretende calificar a los pueblos indígenas como “grupos terroristas”. El pronunciamiento de la Conaie reacciona a declaraciones del expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, quien en una entrevista en Ecuavisa expresó que la Conaie tiene “dirigentes terroristas” y “un grupo paramilitar armado” . Y también se rechazan las expresiones del periodista Emilio Palacio que en un texto dirigido al presidente Guillermo Lasso pregunta por qué las g uardias indígenas y el Movimiento Guevarista no fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas que deben ser combatidas por el Ejército.La Confederación dirigida por el líder indígena Leonidas Iza señaló que “ con este plan quieren dirigir la fuerza del Cosepe para enfrentar al pueblo contra el pueblo, eliminar paulatinamente al movimiento indígena, infiltrarse en las organizaciones, forjar pruebas, jugar a falsos positivos y asesinar a dirigentes como ya hicieron con Eduardo Mendúa”.Se responsabiliza al Ejecutivo por la vida e integridad de los luchadores sociales, líderes, dirigentes y autoridades comunitarias. “Mientras el pueblo exige al Gobierno políticas contra la inseguridad y violencia, la derecha fascista y el mismo Gobierno promueve sin escrúpulos el discurso de odio, estigmatización y difamación en el país”, dice el comunicado.El terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos.El COIP contempla diez comportamientos por los cuales una persona puede ser sentenciada como terrorista. La norma abarca desde operaciones financieras para actividades terroristas, detonación de explosivos, muerte, destrucción de edificaciones públicas o privadas, comunicar o difundir informes falsos que pongan en peligro la seguridad de un transporte, entre otros aspectos.Stalin Sacoto, abogado especialista en seguridad, aclaró que una persona solo puede ser calificada como terrorista cuando es sentenciada por un juez, antes de eso goza de la presunción de inocencia. “Esta figura delictiva está diseñada en el COIP para la gente que destruye el oleoducto, que incendia la ciudad, etc. Pero, efectivamente, también podría encasillar el comportamiento de los avezados manifestantes que usan armas, dinamitas, que obstruyen el servicio” , mencionó Sacoto.Señaló que podría haber una repercusión legal sobre los militares o policías que repriman a un manifestante, bajo la consideración de repeler un acto terrorista, pero que al final esa persona no sea encontrada culpable del delito y no reciba una sentencia judicial.En el gremio de maestros también existe alerta por el contenido del Decreto 730, que recoge la resolución emitida por el Cosepe el 27 de abril, en la cual se recomendó el uso de armas letales para enfrentar a la amenaza terrorista. La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechaza el decreto y reprocha que el Gobierno pretenda justificar que las Fuerzas Armadas participen en el control interno del país, cuando constitucionalmente la misión del Ejército es proteger las fronteras, “puesto que por ahí es el paso desde Colombia en cantidades industriales de sustancias estupefacientes”, expresó el sindicato en un comunicado publicado el viernes.Se culpa al Ejecutivo de querer aprovechar la zozobra que vive el país por miedo a la inseguridad. La UNE sostiene que la intención del gobierno de Guillermo Lasso es que con la aplicación de la figura de terrorismo “quieren convertir en un recurso fácil para justificar la represión y la criminalización de la lucha social contra quienes se oponen a su política”. Que la idea de terrorismo que promueve Carondelet es injusta, peligrosa para la democracia e irrespeta a los derechos humanos , asegura el gremio. “Lasso es el único gobierno que utiliza el terrorismo para combatir la delincuencia común y organizada, para frenar la violencia social”.Además se señala que la situación del país refleja la incapacidad del primer mandatario y la falta de inversión en los sectores de salud, educación, seguridad y generación de empleo.Desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) -organismo de defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza- se observa con preocupación la decisión del Ejecutivo.Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, manifestó que el enfoque de seguridad que inaugura el Gobierno, con más presencia militar en las calles, prioriza una política de “cero tolerancia y combate contra el crimen por sobre la tutela y garantía de los derechos humanos”, lo cual representa una regresión de derechos y no proporciona soluciones a las carencias socioeconómicas del país.En el contexto de la protesta social, Bolaños reflexionó que bajo el concepto que maneja Carondelet, los grupos y organizaciones de lo civil, colectivos, dirigentes sociales y comunitarios “van a ser vistos como ese enemigo interno del Estado”. Con ello se corre el riesgo de legitimar la criminalización de la organización social, advirtió al vocera de Inredh.El experto en seguridad y prospectiva Jean Paúl Pinto cuestionó que no existe una definición oficial de lo que será considerado como terrorismo y esto podría derivar en abusos y persecución.“¿Quién va a calificar y bajo qué parámetros se va a calificar qué es terrorista o no? Porque en función de eso se va a establecer la pena (judicial). Esto, mal utilizado, en malas manos, sí puede caer en un tema de corte social ”, comentó Pinto.En esas circunstancias, añadió el experto, el poder bien puede considerar como terrorista a una agrupación política, una persona, un medio de comunicación , con el argumento de que existe un bloqueo en contra del Gobierno.Por otro lado, expuso que la propia norma anticipa que miembros de las fuerzas del orden podrían ser encarcelados como consecuencia de sus intervenciones, ante lo cual el presidente ordenó al ente rector del sistema carcelario tomar previsiones de seguridad para los uniformados que sean procesados judicialmente.No obstante, Pinto opinó que la disposición resultaría infructuosa considerando que, por los hechos violentos suscitados en las cárceles, se confirma que el control lo tienen las bandas criminales y no el órgano rector.Se trata del artículo 3 del decreto , el cual dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad.Al respecto, el consejero de Gobierno en materia de Seguridad, Paco Moncayo, explicó en una entrevista con este Diario que el artículo se planteó por sugerencia del ministro de Defensa, Luis Lara, para casos excepcionales en que un policía o militar puedan ser llamados a la justicia y recibir prisión preventiva. La intención es que tengan un tratamiento especial, de ser posible un sitio distinto y no enviarlos a un pabellón común junto con delincuentes, donde pueden estar en peligro. (I)

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