Revocar de sus cargos a todos los asambleístas, argumentando el incumplimiento del plan de trabajo y sus funciones, es el objetivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

César Cárdenas, coordinador de este grupo de la sociedad civil, aclara que esta iniciativa no es para “defender al presidente Guillermo Lasso” y que la han pensado antes y que lo hacen ahora porque están “aprovechando la coyuntura”.

A nivel nacional ya se han organizado a través de grupos en 11 provincias, entre ellas, Azuay, Guayas, Pichincha y Manabí. Esperan en estos días tener organizados todos los equipos de trabajo en las 24 provincias.

Publicidad

De acuerdo con Cárdenas, para la revocatoria de los asambleístas nacionales les piden el 10 % de las firmas, aproximadamente 1′400.000. Como también es para los legisladores provinciales, explica que el proceso de recolección de firmas es diferente y que va en función de los distritos.

Para este miércoles 15 de marzo tienen planificado anunciar el arranque del proceso e iniciar el trámite con la presentación de una solicitud concreta al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Tenemos toda la argumentación legal y constitucional para pedir la revocatoria de todos los asambleístas, nacionales y provinciales”, dice Cárdenas.

Publicidad

Indica que han identificado dos causales que están debidamente documentadas; la primera, el incumplimiento del plan de trabajo de cada uno de los bloques y de cada uno de los legisladores, es decir, en su planes de trabajo presentaron ofertas, pero que a su criterio “no lo han hecho”.

Mientras que la segunda atribuye al incumplimiento de funciones. Dice que una de ellas es fiscalizar “los actos de las entidades públicas, pero lamentablemente no lo han hecho”.

Publicidad

Cita como ejemplo, que pese a que se han realizado denuncias “persistentes e insistentes” como el caso del candidato Juan Esteban Guarderas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o el de Blasco Peñaherrera, director de Market, que han informado de un presunto fraude electoral.

“Ninguno de los asambleístas ha fiscalizado, porque son denuncias públicas, evidentes, deberían haber iniciado un proceso de fiscalización a la función electoral pero no lo han hecho”, sostiene.

Agrega que además de las causales legales para la revocatoria, también hay las morales, porque considera que deberían atender a la ciudadanía, pero que tampoco lo han hecho.

Cárdenas indica que aunque a través de la legislación hay limitaciones que impiden la participación de la ciudadanía, cumplirán con todos los requisitos.

Publicidad

Precisa que uno de ellos es obtener del CNE una copia certificada de los planes de trabajo de todos los asambleístas, para lo cual el miércoles 15 de marzo tienen planificado presentar la solicitud nacional y en cada provincia.

“Porque también vamos a accionar las revocatorias en cada una de las provincias, es decir, los equipos van pedir a partir de mañana, Bolívar ya lo hizo ayer -lunes 13 de marzo-”, explica.

Según Cárdenas, quienes deseen en participar para recoger las firmas debe llenar un formulario. Indica que hasta el martes antes del mediodía ya llevaban inscritas a 396 personas.

Luego, solicitarán al CNE el formulario para recoger las firmas. De allí el ente electoral, según Cárdenas, debe convocar a los asambleístas para que presenten sus pruebas de descargo, lo cual tomará unos 15 días.

“Una vez que ellos se defiendan el CNE decide si acepta o no el pedido de revocatoria. Si lo acepta nos entrega un formato digital el formulario para recoger las firmas, nos dan 180 días para recolectar las firmas, si es que no alcanzarámos nos dan un plazo de 60 días más, es decir, más o menos el proceso dura un año si es que nosotros no nos movemos con rapidez”, explica.

Dice que al tener experiencia en estos procesos, cree que lo van a hacer en dos meses máximo, porque considera que la gente “está harta de la Asamblea”. (I)