Una amplia mayoría de legisladores considera que la presidenta de la Comisión de Fiscalización debe ser sometida a un proceso disciplinario por suspender la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para recibir en comisión general al prófugo de la justicia Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC).

El hecho se registró el lunes 13 de mayo mientras la fiscal Diana Salazar comparecía ante la Comisión de Fiscalización por los casos León de Troya y La Madrina, pero cuando empezaron las preguntas de los legisladores, la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, suspendió la comparecencia de Salazar para recibir a su excoideario Ronny Aleaga, lo que provocó que la invitada abandonara la sala, al igual que cinco asambleístas afines al bloque de Gobierno y del Partido Social Cristiano.

Un día después del hecho, a excepción de la bancada de la Revolución Ciudadana, los demás legisladores consideran que se debe aplicar una sanción administrativa a la presidenta de la mesa de Fiscalización por violación al procedimiento legislativo y obstrucción de la justicia. Para ello, se preparan tres acciones.

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La principal protagonista del hecho, la legisladora Pamela Aguirre, llegó a la Asamblea pero no quiso hablar con la prensa y permaneció dentro del hemiciclo legislativo en diálogos con las autoridades del Parlamento que conforman el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, es grave lo ocurrido en la sesión del pasado lunes y anunció que reunirá al CAL para definir la sanción que podría aplicarse. Lo más grave del tema, explicó, es haber suspendido la comparecencia de una autoridad del Estado, en este caso la fiscal general, Diana Salazar, para recibir a un prófugo de la justicia, Ronny Aleaga, y generar un conflicto; por ello, con base en ese procedimiento, el CAL tomará una decisión, porque tiene que haber algún tipo de sanción para evitar que repita un hecho similar durante el procesamiento del juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, en la Comisión de Fiscalización.

Kronfle reiteró que en la Asamblea Nacional no hará circo ni shows, ni favores ni temores para la fiscalización, y que lo sucedido el lunes en esa mesa saltó una alarma y al momento se estudia el tema para luego discutirlo a nivel del CAL. “Estamos estudiando para ver si existe una violación del procedimiento legislativo y en este caso tomar las medidas del caso”, subrayó la autoridad legislativa, quien dijo que es la Fiscalía la que debe determinar las consecuencias para Pamela Aguirre si no informa sobre el paradero de Aleaga dentro de las 48 horas, como lo dispuso Diana Salazar.

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La presidenta de la Comisión de Fiscalización explicó al titular de la Asamblea Nacional que ella no invitó a Ronny Aleaga a comparecer; pero esa versión no convence a Henry Kronfle, porque alguien tuvo que facilitar el link al exlegislador de RC para conectarse por vía telemática y comparecer ante la Comisión de Fiscalización y eso tiene que investigarse.

Kronfle explicó que normalmente cuando se llama a comisión general la autoridad que está compareciendo termina su intervención y luego e que se retira, el presidente de la comisión o los miembros de la mesa, por mayoría absoluta, pueden pedir la comparecencia.

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El titular de la legislatura comentó que desde el punto de vista legal hay varios cuestionamientos, primero, se trata de un prófugo de la justicia, lo cual lo hace mucho más grave, por esa razón la fiscal Diana Salazar concedió 48 horas para que informe dónde estaba Aleaga en el momento en que intentó conectarse con la comisión. A esto se agrega que cinco legisladores de la mesa de Fiscalización que no representan a la Revolución Ciudadana desconocían de la comparecencia del exlegislador Aleaga.

Denuncias y pedidos

QUITO (14-05-2024).- En la sesión de hoy de la Asamblea Nacional, la asambleísta, Pamela Aguirre (d) de la Revolución Ciudadana y presidenta de la comisión de Fiscalización, dialoga con sus compañeras de bancada. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Legisladores de las bancadas del Partido Social Cristiano, Construye y de Acción Democrática Nacional también se pronunciaron por una sanción administrativa para la presidenta, mientras que los cinco asambleístas de la Comisión de Fiscalización que abandonaron la sesión elaboran un comunicado para rechazar la acción de la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, porque cuando se instaló la sesión no constaba en el orden del día la comparecencia de Ronny Aleaga, lo cual sorprendió a los comisionados.

En cambio, desde el sector de Gente Buena, la asambleísta Gisella Molina anunció que prepara tres acciones en contra de Pamela Aguirre, ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Fiscalía General del Estado, por obstrucción a la justicia. Esos documentos serán oficializados en las próximas horas.

Según Molina, “la Comisión de Fiscalización tuvo el atrevimiento y la audacia de inmiscuir en una sesión, con una agenda aprobada, a un prófugo de la justicia como es Ronny Aleaga, alias el Ruso”, con esas pruebas presentará sus denuncias y una de ellas irá a la Fiscalía del Estado por obstrucción a la justicia.

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Las principales pruebas que se presentarán en la denuncia son los hechos registrados en la sesión del lunes pasado, y según Molina, lo que se intenta a toda costa es “meterse en un proceso de investigación que lleva la fiscal y que independiente de los hechos, quiere seguir con los campanazos y seguir enterándose de cosas delicadas para seguir alertando a sus amigos prófugos”.

Dijo que a nivel de la Asamblea todo mundo sabe dónde está Ronny Aleaga, pues llegó información y fotos de que el exlegislador requerido por la justicia está en Caracas, Venezuela, en un condominio. Esa documentación será entregada a la Fiscalía del Estado.

El coordinador del PSC, Vicente Taiano, considera que se debe aplicar una sanción administrativa para evitar que una comparecencia se convierta en un show y en un circo, pues la fiscalización no puede ser una agenda política de una organización.

Todo procesamiento político está reglado, y una comparecencia como la que se autorizó el lunes pasado debió observar los procedimientos, como dar a conocer oportunamente a los miembros de la mesa.

Para el juicio político a Diana Salazar, si pretenden invitar a reos y a prófugos de la justicia como pedidos de prueba, deben cumplir los procedimientos y además ser aceptado por los integrantes de la comisión, pues esto “no es como meter simplemente la mano al sombrero y sacar el conejo por arte de magia; hay que respetar los procedimientos”, apuntó Taiano.

La legisladora de ADN Inés Alarcón expresó su rechazo al procedimiento que aplicó la presidenta de la Comisión de Fiscalización, pues violó el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa referente al procedimiento en las comisiones especializadas permanentes. Por lo tanto, dijo, sí hay una causal para presentar una queja en contra de la asambleísta Pamela Aguirre, que es no respetar el debido proceso.

La bancada ADN aún no toma la decisión si presentará la queja respectiva, pero dijo Alarcón que está claro que hubo una violación al proceso. Por lo tanto, “creemos que debería haber una sanción por el actuar que ha tenido con la comparecencia de la fiscal Diana Salazar”, agregó.

Alarcón considera que debe haber un llamado de atención para sentar un precedente y evitar que se cometan situaciones similares en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La legisladora de la Revolución Ciudadana (RC) Gisella Garzón comentó que aún la bancada no se reúne para tomar una decisión en este tema que involucra a una legisladora del movimiento. Es legal, agregó la representante de Pichincha, que se pidan comisiones generales, lo que no es correcto es pretender inculpar a integrantes de la comisión.

Dijo que hay que hacer un llamado a la titular de la Fiscalía a mantener la calma, y para Garzón, lo que establecen las sanciones administrativas no caben para el caso de Aguirre, porque el tema se trató en el procedimiento parlamentario.

El bloque Construye también cuestionó el accionar de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. El legislador Juan Carlos Camacho señaló que en la sesión del lunes pasado quedó definido que la patria está a un lado y en el otro lado la mafia pretendiendo ocupar una curul aunque sea electrónica en las instalaciones de la Asamblea Nacional, donde ha habido una complicidad, y se demuestra que la Revolución Ciudadana a través de la presidenta de la Comisión de Fiscalización “ha estado confabulada con un perseguido por la justicia, con alguien que ha sido vinculado a la narcopolítica como el señor Ronny Aleaga”.

Chávez dijo que esperan que de oficio el presidente de la Asamblea tome las decisiones que debe tomar y en el CAL resuelva, porque ha habido una falta grave al momento de pretender hacer este show. Como falta grave, la legisladora Pamela Aguirre puede ser suspendida por 30 días. (I)