En paralelo a que en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se evacuaba la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado caso Vocales, en l a cual se terminó llamando a juicio por el delito de tráfico de influencias a quienes eran vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, la tarde del miércoles 27 de septiembre último, Barreno ingresó un pedido para acceder a sus vacaciones por 30 días.

El pedido está dirigido al presidente del CJ, Wilman Terán, al director general y al director nacional de Talento Humano de la Judicatura. Barreno basa su solicitud en el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que los servidores de la Función Judicial para los que no aplica el goce de vacaciones durante el receso judicial tendrán 30 días de vacaciones anuales después de once meses de servicio continuo que, de forma excepcional, podrán ser acumuladas hasta por 60 días.

Los 30 días con cargo a vacaciones, según el pedido, se iniciarían este jueves 28 de septiembre y culminarán el viernes 27 de octubre próximo.

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Luego de más de tres horas de deliberación el juez a cargo del caso, Walter Macías, a la 01:00 de este jueves 28 de septiembre, dio a conocer de forma oral su llamado a juicio a Barreno, Morillo y Jhayya, pues llegó a la determinación de que existen suficientes elementos que hacen presumir la participación de los tres procesados en el delito investigado y deben acudir ante un Tribunal de Juzgamiento para que se defina si son o no culpables del tráfico de influencias por el que les acusa la Fiscalía General del Estado.

En el caso de Barreno, al llamado a juicio se le sumó un cambio de medida cautelar por el que al momento es buscada para ser detenida. De mantener una presentación periódica y prohibición de salida del país como medidas cautelares dentro de esta causa, desde la madrugada de este jueves Barreno tiene vigente una boleta de captura para que se cumpla con la orden de prisión preventiva que se le definió por constantemente en este caso realizar actos para entorpecer la administración de justicia y obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso penal.

Quito. 27/09/2023. La audiencia del caso Vocales se realizó en la Corte Nacional de Justicia. La fiscal general, Diana Salazar, emitió un dictamen acusatorio contra los vocales del CJ Maribel Barreno y Juan José Morillo. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

Además de ello, Barreno, al igual que Morillo y Jhaya, al haber sido llamados a juicio, quedaron inhabilitados para seguir en el cargo y se suspendió la jurisdicción, en el caso del juez provincial. Morillo y Jhaya se diferencian de las medidas adoptadas contra Barreno, únicamente en que para ellos no se pidió una reforma de medidas cautelares, por lo que deberán seguir cumpliendo su presentación una vez por semana y tendrán prohibido salir del país.

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Abogados consultados creen que el pedido de vacaciones no procedería porque ya se determinó judicialmente un llamado a juicio que inhabilita a Barreno, así como también a Morillo y Jhayya, a seguir en el cargo como vocales y juez, respectivamente.

Desde el Consejo de la Judicatura se ha dicho que por el momento no existe ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de Maribel Barreno y Juan José Morillo y que la institución está a la espera de ser notificada oficialmente con la resolución del juez nacional Walter Macías. En lo referente a las vacaiones solicitadas por Barreno lo único que se ha señalado es que se la ha dado el trámite legal correspondiente.

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Fiscalía acusa como coautores del delito de tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo

La fiscal general, Diana Salazar, explicó que una vez que esté ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio se oficie al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como entidad nominadora, y al director general del Consejo de la Judicatura para que se emita la resolución motivada con la remoción de los funcionarios que sean llamados a juicio en este proceso penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, numeral 3, y 122.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Indicó que en el caso de incumplimiento, se oficie al contralor general del Estado para que proceda conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 8 de su Reglamento General. En el mismo sentido, se pidió que se oficie al Ministerio del Trabajo para que se realice el registro de inhabilidad de cargo público, en cumplimiento de lo establecido en la norma vigente.

De Maribel Barreno no se conoce su paradero, por lo que agentes de la Brigada de Capturadores de la Policía Judicial avanzan en su tarea investigativa para ubicar y detener a la procesada. La inhabilitada vocal de la Judicatura únicamente asistió vía telemática a la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ella no escuchó la decisión de validez procesal a la que llegó Macías y menos aún estuvo el momento en que el magistrado llamó a juicio a todos y ordenó contra ella prisión preventiva. (I)