Pese a que el delito de secuestro por el que eran investigados de forma previa el anterior y el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas y Leonidas Iza, respectivamente, ha sido el más criticado del Informe de Amnistías aprobado por la Asamblea, el 10 de marzo pasado, ese no ha sido el único delito por el que mantenían procesos indagatorios los líderes indígenas por hechos ocurridos en las movilizaciones de octubre de 2019 y 2020.

Según el Informe de Amnistías construido por la Comisión de Garantías Constitucionales y aprobado por el voto de 99 asambleístas, además del delito de secuestro ocurrido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, Iza y Vargas mantenían investigaciones previas por terrorismo e instigación.

También el actual presidente de la Conaie era investigado por el secuestro ocurrido en la provincia de Cotopaxi contra 47 militares de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria y por el delito de daño a bien ajeno ocurrido contra un monumento en Quito, en octubre de 2020; mientras que Vargas era indagado, junto a otros tres líderes indígenas, por el delito de grupos subversivos y él solo era parte de una fase preprocesal por el delito de sabotaje.

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Aunque los siete casos abiertos contra Iza y Vargas se iniciaron hace más de dos años, ninguno de ellos en la Fiscalía pasó de la etapa de investigación previa.

En una rueda de prensa para respaldar las amnistías, Iza dijo que los procesos no avanzaron porque eran mentiras y no existían elementos que confirmen las teorías que se habían creado más desde lo político que de lo jurídico.

El dirigente adelantó que defenderán en todos los espacios que sea necesario lo actuado por la Asamblea, pues asegura que las amnistías fueron bien justificadas, cumplieron todos los requisitos y pasaron por varios filtros en el Legislativo. “Nosotros solo salimos a defender ante una decisión económica tomada por el Gobierno de terror, (...) Lo único que hemos hecho es luchar y defender nuestro territorio, nuestra casa de vida. (...) Lo único que hemos hecho en nuestra jurisdicción es respetar y aplicar la justicia indígena”.

Quienes han presentado una acción de protección y una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución que otorgó 268 amnistías (Andrés Páez y Andrés Castillo) han calificado como un exceso del Legislativo el haber otorgado la amnistía por el delito de secuestro. Principalmente lo hacen porque la Constitución, en su artículo 120, numeral 13, prohíbe dar amnistías por este y algunos otros delitos relacionados contra la administración publica, genocidio, tortura.

Más allá del secuestro investigado por la Fiscalía por lo ocurrido en octubre de 2019 en la Casa de la Cultura, y por el que Vargas e Iza eran señalados en el informe de Amnistías por “mantener a órdenes de la autoridad indígena a miembros policiales, en una zona declarada de paz, en medio de un contexto de represión por parte de la fuerza pública y vulneraciones a los derechos humanos”, el segundo era uno de los dos sospechosos de otro secuestro ocurrido en el marco de las protestas de octubre de ese año.

Iza, entonces líder del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, fue investigado por lo ocurrido en esa provincia contra 47 militares de la Brigada Patria. En el informe de la Asamblea se refiere sobre este hecho que en el ejercicio del derecho a la resistencia y ante el bloqueo a su legítimo derecho a la protesta, los manifestantes rodearon a los militares y los llevaron en un bus de la propia institución a la comunidad de Plancholoma.

En la referida comunidad, los campesinos e indígenas, dice el informe, habrían iniciado conversaciones para negociar la liberación de sus compañeros detenidos. “En el caso no se trataría de un secuestro a los militares por razones políticas, sino de un traslado, con fines de resolución de conflictos, en el marco del sistema de justicia indígena”, se apunta en el análisis del caso parte del informe.

Iza y Vargas también eran los únicos investigados por supuestamente cometer el delito de terrorismo al ordenar que se den actos contra el sistema de oleoductos del país. La denuncia la colocó el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, asegurando que lo que hizo, por ejemplo, Vargas fue llamar a la insurrección de las Fuerzas Armadas y pidió que se tomaran las instalaciones petroleras en las que se causaron pérdidas millonarias.

“Estas declaraciones tuvieron una motivación y nexo causal directo con la oposición al ordenamiento del poder político del Estado, se puede evidenciar una motivación o móvil eminentemente político”, se indica sobre este caso en el Informe de Amnistías de la Comisión.

Otros casos en los que se otorgó amnistías

Otros casos en los que fue amnistiado Jaime Vargas están relacionados con el delito de sabotaje por emitir pronunciamientos “direccionados a resistirse a las medidas políticas” del gobierno de Lenín Moreno; y con el delito de grupos subversivos luego de que él, en un acto público en la ciudad de Macas, Morona Santiago, habló de la creación de un ejército propio del sector indígena.

Desde el 25 de octubre de 2019, Iza y Vargas eran investigados por instigación tras la denuncia de Marcelo Hallo. Él pedía a la Fiscalía que investigue los excesos y los actos “vandálicos y terroristas” que sufrieron los ecuatorianos durante trece días de paro y movilizaciones.

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“El delito de instigación por el cual se pretende sancionar a los señores Iza y Vargas es un delito que trasciende al ámbito político. Esta clase de delitos (...) son aquellos actos cometidos o presuntamente cometidos por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad”, sostiene el análisis del caso en relación con las amnistías de ambos.

Finalmente el daño a bien ajeno por el que era investigado el hoy presidente de la Conaie, Iza, se enmarca en lo ocurrido en octubre de 2020 cuando un grupo de indígenas, entre quienes estaba él, a propósito del día de la interculturalidad, en medio de un acto político de rechazo a monumentos de personajes coloniales intentaron destruir el monumento a Isabel La Católica.

“Los hechos relatados señalan que han existido actos de manifestación política, a propósito de una fecha conmemorativa y con fines de reivindicación social y colectiva como la defensa de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Al ser acusado por el delito de daño a bien ajeno es claramente señalado por un delito político y no es procesado por alguno de los delitos de los cuales existe prohibición expresa para ser beneficiario de la concesión de amnistía”, se refiere en el documento de amnistías sobre este proceso de Iza.

Andrés Castillo, quien presentó la denuncia por daño a bien ajeno, ha criticado el que para otorgar las amnistías la Asamblea ni siquiera los convocó a ellos para que den a conocer su posición sobre los casos. (I)