Este viernes, 14 de marzo, Mayra Salazar, figura clave en los casos de corrupción en la justicia Metástasis y Purga, completa la condena de un año y tres meses de privación de libertad impuesta como colaboradora de una “empresa criminal” que estuvo liderada por narcotraficante Leandro Norero para obtener beneficios penitenciarios, fallos favorables e impunidad en casos judiciales relacionados con su familia, grupos delictivos e, incluso, para él mismo.
Se espera que la entonces comunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, durante la presidencia de Fabiola Gallardo, condenada a trece años y cuatro meses en el caso Purga, deje el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Mujeres de Ambato, en Tungurahua, una vez haya completado los quince meses de cárcel que el conjuez Manuel Cabrera, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), definió en julio pasado.
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Las medidas de seguridad para la salida de Mayra Salazar de la cárcel de Ambato
Tomando en cuenta el perfil de Mayra Salazar y las amenazas que ha recibido mientras ha permanecido cumpliendo la orden de prisión preventiva y la sentencia, la Policía Nacional ha dispuesto un dispositivo de seguridad especial en la zona circundante al CPL. El teniente coronel de Policía Andrés Medina, comandante (s) de la subzona en Tungurahua, asegura que la institución se está preparando para garantizar que la persona que salga no tenga ningún tipo de accidente o incidente ni que se atente contra su vida.
“Específicamente, el momento en que sale del Centro de Privación de Libertad de Mujeres de Tungurahua, la seguridad queda bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Nosotros garantizaremos la seguridad hasta el último punto de salida, porque la señora ha anunciado que va a salir del país”, aseveró el oficial.
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Desde el pasado martes fue evidente la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la subzona de Tungurahua en los alrededores del CPL de Ambato. Los patrullajes por las puertas principales del centro carcelario y los alrededores han sido en estos últimos días mucho más constantes. Por el momento, la avenida El Cóndor, frente al centro penitenciario, mantiene un vallado como parte de las medidas preventivas.
La situación judicial de Salazar se definió el pasado 24 de julio, cuando el conjuez Manuel Cabrera dictó una sentencia en su contra dentro del caso Metástasis. Esta resolución se produjo luego que la implicada optara por acogerse al procedimiento abreviado y facilitara información relevante a las autoridades fiscales mediante la figura de cooperación eficaz.
La condena para Salazar quedó en firme y en fase de ejecución el 6 de agosto del año anterior. El dictamen, además del tiempo en prisión, incluyó la obligación de pagar una multa de $ 5.520, una reparación económica al Consejo de la Judicatura (CJ) de $ 11.040 y una devolución al Estado de $ 6.300, es decir, el pago de un total de $ 22.860.
En enero de este año, Christian Rodríguez, juez de Garantías Penitenciarias de Ambato, tras analizar la solicitud presentada por los abogados defensores de Salazar para establecer el cómputo exacto de la condena, determinó que el 14 de marzo marca el fin de la sanción privativa de libertad.
En fechas recientes, cuando se aproxima su salida, Salazar enfrenta una nueva complicación legal: una denuncia por el delito de perjurio interpuesta por Fausto Alarcón Gómez, primo del exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes, persona que recibió el sobreseimiento dentro del caso Purga. La denuncia contra Salazar fue interpuesta el lunes 10 de marzo por Alarcón Gómez en la Fiscalía en Quito.
La acusación pretende investigar posibles falsedades en las declaraciones que Salazar proporcionó durante el desarrollo del caso Purga, en el que se juzgó el delito de delincuencia organizada. Información periciada en el teléfono personal de Salazar y su testimonio anticipado constituyeron evidencia primordial utilizada por la Fiscalía para fundamentar la acusación contra las once personas que fueron condenadas: tres como líderes y ocho como colaboradores.
El Tribunal de Juicio que conoció el caso Purga, el cual estuvo integrado por los jueces nacionales Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre, dejó sentado en su resolución oral que le causó extrañeza la decisión de la Fiscalía de no procesar a Salazar como integrante principal del entramado corrupto dedicado, entre otras cosas, a comercializar resoluciones judiciales.
Sobre este tema, la presidenta del tribunal, Daniella Camacho, indicó: “Llama la atención a este tribunal que la Fiscalía no haya investigado o procesado a Mayra Carolina Salazar Merchán, de quien se presume que ejerció la planificación de las actividades delictivas de la organización, siendo imperativo señalar que el que haya sido calificada como cooperadora eficaz en el caso Metástasis o que haya rendido un testimonio anticipado en esta causa no equivale a que sus actos criminosos deban quedar en la impunidad”.
Camacho recordó en su lectura de la sentencia unánime alcanzada en Purga varios episodios que evidenciarían la activa participación de Salazar en esta red: cumplió instrucciones de Muentes para impulsar candidaturas estratégicas en la Corte del Guayas, percibía remuneraciones directamente del exlegislador, administraba operaciones digitales de desprestigio contra determinados personajes públicos y fungía como asistente personal de Gallardo, gestionando contactos y favores.
Existirían amenazas contra la integridad de Salazar, lo que habría motivado a que su equipo legal contemple la posibilidad de que abandone Ecuador inmediatamente después de obtener su libertad. (I)