La salida de la cárcel del exvicepresidente Jorge Glas vía habeas corpus y las amnistías otorgadas por la Asamblea a integrantes del correísmo como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, el exlegislador por Sucumbíos Yoffre Poma y a Chistan González son hechos que traen a debate la supuesta existencia de un acuerdo político que incluye la revisión de procesos judiciales e incluso la creación de una Comisión de la Verdad.

Desde el Gobierno se ha negado que exista un pacto con el correísmo para reformar la situación legal de integrantes del gobierno de Rafael Correa que han sido procesados penalmente. Incluso, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el viernes último, dijo que la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad no ha sido parte de la agenda de diálogos que se iniciaron esta semana con los jefes de bloque del Legislativo, entre quienes está la represente de la coalición Unión por la Esperanza (UNES).

Tres hechos claves registrados en la Asamblea Nacional sustentan la tesis de un acuerdo político entre el Gobierno y el correísmo

Glas, Pabón, Hernández, González y Poma son parte de una lista de exfuncionarios de la línea política de Correa a quienes en los últimos años se les iniciaron procesos penales, que en ciertos casos llegaron a tener condena.

Por ejemplo, Glas dejó el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Cotopaxi debido a un habeas corpus, pese a que cumplía dos sentencias en firme: por asociación ilícita y cohecho, y una de primera instancia por peculado. En cambio, a Poma se le archivó el proceso judicial en el que fue sentenciado a un año y cuatro meses de cárcel por el delito de paralización de un servicio público, ocurrido en octubre de 2019, al ser parte de las 270 amnistías que en paquete otorgó la Asamblea Nacional, el 10 de marzo pasado.

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También, mediante una amnistía se archivó el caso por rebelión contra Pabón, Hernández y González. Ellos mantenían un llamado a juicio por hechos ocurridos en las protestas de octubre de 2019.

El planteamiento de una Comisión de la Verdad

Días después de que se le otorgó el habeas corpus a Glas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reveló por qué rompió un pacto legislativo al que pretendía llegar, al inicio de su mandato, con el Partido Social Cristiano y UNES: uno de los planteamientos habría sido el crear una Comisión de la Verdad que revise los procesos judiciales a políticos como Correa y varios de sus afines.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Santiago Fernández Foto: Santiago Fernández

“Eso creo que quedó perfectamente claro que fue el motivo por el cual CREO dijo: ‘No, un momento, no estamos de acuerdo con comisiones de la verdad ni estamos de acuerdo con perseguir a las autoridades’. (...) Eso no podía ser posible. Esas son las razones por las que dije: ‘Esto no va más porque va en perjuicio del interés público’”, reveló Lasso el 12 de abril pasado, en el espacio gubernamental de entrevistas en el que participa cada martes.

Rafael Correa, su exsecretario jurídico Alexis Mera, sus exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, sus exasambleístas Christian Viteri y Viviana Bonilla también son parte de la lista de procesados penalmente. Todos mantienen en firme una sentencia de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos y deben pagar $ 778.000 como reparación integral al Estado.

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Correa, Solís, Alvarado, Viteri, Bonilla, Duarte y Alvarado se mantienen prófugos de la justicia. Mera, quien es junto con Glas de los dos que han pagado su pena en la cárcel, a inicios de abril último interpuso un recurso extraordinario de revisión en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los jueces nacionales Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera serán los encargados de analizar el recurso.

El asambleísta Fernando Villavicencio ha referido que desde el bloque correísta de UNES se habrían realizado pedidos al Gobierno como el dar paso a un salvoconducto a favor de Duarte, quien permanece desde agosto de 2020 en la Embajada de Argentina en Quito como “huésped por razones humanitarias” y tiene un llamado a juicio en suspenso por el delito de incumplimiento de orden de autoridad competente, debido a que dejó de presentarse periódicamente ante la justicia y se retiró el grillete electrónico, parte de su medida cautelar en el caso Sobornos.

Otro supuesto planteamiento habría sido el cambiar de CPL a Mera, quien actualmente se encuentra en Tungurahua, lugar al que fue trasladado por cuestiones de seguridad en febrero de 2021.

Al expresidente Correa, quien mantendría al menos 30 investigaciones previas por delitos como peculado, delincuencia organizada o fraude procesal y tiene un llamado a juicio en suspenso por el plagio de Fernando Balda, dentro del caso Sobornos se le inició a finales de esta semana desde la CNJ un proceso de extradición, pero en paralelo desde el correísmo se sostiene que el Gobierno Federal de Bélgica le extendió un asilo político.

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Quito. 22/04/2022. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, en una rueda de prensa virtual, aseguró que continuará con el trámite de extradición del exmandatario Rafael Correa pese a que se hable de que Bélgica le otorgó aparentemente un asilo político. Cortesía CNJ/E Universo. Foto: El Universo

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, ha reconocido que en su momento plantearon al presidente Lasso una Comisión de la Verdad, lo cual no significa impunidad, sino tener una comisión que permita valorar si en los casos judiciales se había condenado en virtud de las pruebas. Aseguraba que de ninguna forma lo que haría esta comisión iba a tener una repercusión en el campo judicial.

Otros exfuncionarios procesados penalmente

El exsecretario de Comunicación (Secom) Fernando Alvarado, quien se encuentra en Venezuela, y el exsecretario de Inteligencia (Senain) Pablo Romero, quien llegó extraditado desde España a inicios de 2020, también se suman al registro de procesados por la justicia ecuatoriana.

Alvarado en octubre de 2020 fue declarado inocente de peculado al señalarse la inexistencia del delito, pero en febrero de 2022 se le ordenó prisión preventiva por el delito de incumplimiento de orden de autoridad competente, por retirarse el grillete electrónico definido en la causa por peculado; mientras, Romero está a la espera de la audiencia de apelación a la sentencia de nueve años de cárcel que recibió por el plagio de Balda, pese a que en julio de 2021 se lo declaró inocente del delito de peculado dentro del caso Caminito.

Ricardo Patiño fue llamado a juicio por el delito de instigación

Desde agosto de 2019, Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa del periodo correísta, mantiene en suspenso un llamado a juicio por un delito de instigación dado en octubre de 2018 en Latacunga, durante un encuentro de seguidores de la Revolución Ciudadana. Patiño se encontraría en México, país en el que están bajo la protección de ese Gobierno los exasambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, pese a no tener procesos judiciales como tal abiertos en Ecuador, sino ciertas investigaciones previas que no han avanzado.

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En México también está en condición de refugiado humanitario el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, quien mantiene desde marzo de 2019 un llamado a juicio en suspenso por el delito de falsificación ideológica. Se lo acusa de haber cometido la falsificación en una parte de la Ley de Comunicación con la que se sancionó a ocho medios radiales entre 2015 y 2016.

Rafael Correa, Walter Solís y Vinicio Alvarado son tres de los 20 sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Justamente México fue el país en el que a inicios de abril se reunió el expresidente Correa con el asambleísta de Pachakutik Rafael Lucero. Él señaló que de manera personal y no como el entonces jefe de bloque de PK se reunió con Correa por 30 minutos en los que, entre otros temas, hablaron de la posibilidad de conformar una Comisión de la Verdad.

“Si esa Comisión de la Verdad es solo para defender a los perseguidos de los correístas, no hace falta que se cree la comisión. Pero si esa comisión es para combatir la corrupción a nivel general es necesario meditar y pensarlo. Si es para solo defender a la línea política de ellos, nosotros les hemos dicho que no”, dijo Lucero, pese a que PK en un comunicado aseguró que “jamás apoyará la creación de una Comisión de la Verdad propuesta por aquellos que se encuentran prófugos por delitos contra la nación”.

Javier Ponce y Wellington Sandoval, exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, también están a la espera de que en la Corte Nacional se defina su situación ante la acusación por un delito de peculado que se habría cometido en la compra de siete helicópteros Dhruv. Por un incidente de última hora, a finales de marzo se suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

En este caso son procesados Ponce, Sandoval, quince oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el representante legal de la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para Ecuador. Según la Fiscalía, se habrían determinado presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008 para la compra de helicópteros a la compañía HAL. (I)