El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), principal acusador en el juicio político en contra del excontralor del Estado, Pablo Celi de la Torre, ratificó su solicitud de censura en contra del exfuncionario por falta de probidad en el ejercicio del cargo más alto de la Contraloría del Estado.

Afirmó que han convertido a la Contraloría en una organización planificada con la concurrencia de ciertos funcionarios para delinquir con el “emperador” a la cabeza, autodenominado contralor general del Estado subrogante, con la venia de ciertas autoridades que en su momento deberán rendir cuentas.

Este 26 de julio, la Comisión de Fiscalización recibió en la mañana la comparecencia de Natalia Cárdenas, exfuncionaria de Petroecuador; luego al acusador Juan Lloret, y en la tarde se tiene previsto la presencia del acusado, Pablo Celi.

Con estas comparecencias, la Comisión de Fiscalización concluirá la etapa de prueba dentro del procesamiento de la solicitud de juicio político. A partir de mañana empiezan a correr los cinco días de plazo para que la comisión presente un informe que deberá conocer y aprobar la mesa, y luego pasar a conocimiento del pleno de la Asamblea.

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Un chat revelaría interferencia de Pablo Celi en desvanecimiento de glosa de Claro

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que el informe se elaborará más allá de las acusaciones planteadas por el interpelante.

El asambleísta Lloret empezó su exposición señalando que el expediente personal laboral del excontralor Pablo Celi fue incautado el 16 de junio pasado por parte de la Fiscalía del Estado; por lo que se hizo una petición a la Fiscalía para que se remita este documento.

Con el expediente, añadió, se pretendía determinar la inconsistencia de la designación de Celi como contralor subrogante.

En la primera acusación sobre usurpación de funciones, el interpelante mostró una serie de comunicaciones y un testimonio que incluye al excontralor Carlos Pólit y de la exfuncionaria Sabett Chamoun.

Lloret mostró una declaración juramentada del 7 de junio de 2017, del excontralor Carlos Pólit, donde da cuenta de que el 25 de mayo de ese año realizó una acción de personal donde dispuso la remoción del cargo de subcontralor general de Pablo Celi de la Torre, la que debió regir a partir del 2 de junio de 2017, y designó a Sabett Chamoun en su remplazo. Pero que esa remoción no fue recibida por Celi, quien rompió la acción de personal.

Con ello, según el acusador, se habría configurado una usurpación, y que Pablo Celi no habría asumido el cargo de subcontralor general del Estado e incluso dispuso la destitución de 20 funcionarios incluida a Chamoun. Que incluso el 21 de junio de 2017, Celi mediante una resolución suscrita por él mismo se autoproclamó subcontralor

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Que toda esta acción fue legitimada el 8 de mayo de 2019 por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio; un funcionario que nunca fue evaluado y buscó dar legitimidad de un acto administrativo que no existe, afirmó el interpelante.

Respecto a la acusación sobre los informes a favor de Odebrecht, Lloret destacó que mientras en otros países se procesaba a la empresa por actos de corrupción, en Ecuador las autoridades del Estado se reunían con los representantes de la empresa para ponerse de acuerdo con la empresa internacional para la recuperación de recursos. Que el 7 de octubre de 2020, se presenta una demanda de $ 280 millones sobre el poliducto Pascuales-Cuenca; pero resulta que quien aprobó los informes sobre Odebrecht fue el acusado.

Que todos los exámenes de auditoría que exculpa a Odebrecht, en responsabilidades civiles y penales, fueron aprobados por Celi, por lo que el Ecuador quedó en la indefensión en contra de la empresa envuelta en casos de sobornos.

Sobre la contratación de la empresa de HDC Producciones por $ 1′150.000 en diciembre 2017, cuyo gerente era Daniel Salcedo, sentenciado por peculado, por parte de la Contraloría del Estado para servicios comunicacionales, el legislador interpelante precisó algunas irregularidades como la suscripción del contrato en diciembre de 2017 y la modificación del presupuesto institucional.

Que existe una serie de irregularidades en la facturación como órdenes de trabajo, que incluían show artísticos, pero no había desglose sobre los servicios brindados a la institución.

En torno a la acusación sobre interferencia de funciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el interpelante se refirió a las acciones emprendidas por la Contraloría que desconoció la acción de resolución del CNE, y que en pleno proceso electoral el 18 de junio dejó sin efecto la resolución del organismo electoral sobre la permanencia de los movimientos Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social. Y luego de cuatro días predeterminó responsabilidades con multa y destitución de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero. Que ninguna autoridad extraña al CNE debía intervenir en el proceso electoral ya convocado.

Finalmente, Lloret se refirió a la acusación sobre desvanecimiento de glosas por $ 13 millones de la empresa NoLimit S. A, entre el periodo 2017-2020 habló una trama de corrupción que según dijo arrancó en julio 2014, con la detención de Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi, en Estados Unidos por lavado de activos y que fue asesor de Petroecuador.

Que en el 2019 se inició una investigación en la Fiscalía por delincuencia organizada, para ello exhibió los elementos utilizados por la Fiscalía General del Estado como testimonios y más pruebas para formular cargos en contra de Pablo Celi de la Torre, y que constan en el expediente judicial. También hizo conocer una serie de chats que supuestamente mantenía el acusado con algunos funcionarios de la Contraloría para desvanecer glosas. (I)