La jueza penal de Pichincha Luz María Ortiz revoca parcialmente el auto emitido por su antecesora en el caso Magnicidio FV, la magistrada Daniela Ayala, y da pasó a la apelación planteada por la Fiscalía contra la presentación periódica dispuesta para José Serrano y Xavier Jordán, ambos procesados como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El pasado 1 de octubre, Ortiz, mediante una providencia, explicó que revoca parcialmente el auto de Ayala emitido el 11 de septiembre pasado, especialmente respecto del numeral cuarto, en el que se negó el recurso de apelación interpuesto por la fiscal Ana Hidalgo contra la medida de presentación periódica dispuesta para Serrano y Jordán.
Publicidad
En lugar de esa decisión, la jueza que reemplazó a Ayala ordenó que, una vez la Fiscalía apeló la decisión respecto de las medidas cautelares de manera oral en la audiencia de fecha 3 de septiembre de 2025, se disponga que se remita de manera urgente el expediente a la Corte Provincial de Pichincha para que conozca el recurso de apelación y resuelva lo que en derecho corresponda.
Siendo jueza del caso Magnicidio FV, Ayala, el 11 de septiembre pasado, negó, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la fiscal Hidalgo contra las medidas cautelares dispuestas para Serrano y Jordán. Las presentaciones periódicas ordenadas deben ser cumplidas en la delegación diplomática de Ecuador en Miami (Estados Unidos), lugar en el que estarían radicados estos dos procesados.
Publicidad
La decisión de Ayala fue notificada tres días después de que se cerró el plazo para presentar la apelación y a los ocho días de que se inició una instrucción fiscal de tres meses por el asesinato, al estilo sicariato, cometido el 9 de agosto de 2023 contra el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. Además del exministro del correísmo José Serrano y el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán, la Fiscalía procesa por el delito de asesinato al exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y al condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.
Un día después de notificar su decisión, la jueza Daniela Ayala fue suspendida por tres meses sin sueldo con el voto favorable del entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y la hoy exvocal Yolanda Yupangui. Solo la entonces vocal Solanda Goyes no apoyó esta resolución.
La suspensión contra Ayala se concretó el 12 de septiembre pasado, tras una denuncia interpuesta por el fiscal general encargado, Wilson Toainga, por una falta disciplinaria grave contemplada en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en la actuación de la jueza durante la audiencia de formulación de cargos, del pasado 3 de septiembre, contra los cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Según Toainga, en la diligencia Ayala, como jueza, cuestionó la actuación de la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos. Por ejemplo, dijo que “la Fiscalía no debía ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno”; es decir, “emitió opiniones y comentarios personales que se alejan totalmente de su rol y constituyen agresiones contra la representante de la institución”.
Con la salida de Ayala, la jueza Ortiz asumió la causa desde el 15 de septiembre pasado. Casi inmediatamente, la fiscal Hidalgo le solicitó que señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de sustitución de medidas cautelares personales dictadas en contra de José Serrano y Xavier Jordán. Queda pendiente conocer quiénes integrarán el tribunal de la Corte de Pichincha que conocerá el caso y el día en que se realizaría la audiencia.
Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado, a través de su defensa pidieron a Ortiz que aclare y amplíe la decisión tomada por Ayala. En su providencia, la jueza Ortiz negó lo pedido por quienes son ubicadas como víctimas.
Mientras tanto, Serrano y Jordán se mantienen en suelo estadounidense. El exministro del correísmo fue detenido, el 7 de agosto pasado, en los exteriores de su casa en Miami e inmediatamente fue internado en el Centro de Procesamiento Krome, que es parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La jueza Romy Lerner tiene a cargo el caso en el que se deberá dilucidar cuál es el estatus migratorio de Serrano en Estados Unidos.
Por el lado de Jordán, la situación cambió en las últimas horas. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations o HSI, por sus siglas en inglés) y del FBI (Buró Federal de Investigaciones) allanaron la madrugada de este jueves, 2 de octubre, su casa en la zona de Kendall, en Miami (Estados Unidos). Por el momento, él estaría en manos de las autoridades estadounidenses, quienes decidirán si el ecuatoriano es o no detenido. (I)