La destitución de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura (CJ) debe “cumplirse de inmediato”, dispuso el juez Juan Carlos Aguiar, de la Unidad Judicial Penal de Babahoyo (Los Ríos), al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Aguiar fue el mismo magistrado que emitió medidas cautelares de carácter provisional a favor de Murillo, el sábado 24 de abril.

Juez de Garantías Penales suspende provisionalmente la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura

Sin embargo, las dejó sin efecto la tarde de este 26 de abril y en su sentencia alegó que la remoción de Murillo se ejecutó por el CPCCS como consecuencia de un oficio del Ministerio del Trabajo “en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, por lo que es evidente que las medidas emitidas debían ser encaminadas a detener las acciones de una entidad que pueda efectivamente ejercer, mediante sus actos, una vulneración de derechos directa en contra del accionante, que ameriten la activación de la garantía de medidas cautelares, pero ya no en contra de una supuesta vulneración que debe ser conocida por otra garantía”.

El CPCCS apeló a la decisión y cuestionó que Aguiar “carecía de competencia” para conocer el recurso legal, pues el accionante está domiciliado en Quito, el acto administrativo se emitió en Quito y la sede del Consejo de la Judicatura también está en Quito.

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Murillo fue revocado del cargo el 23 de abril, en una plenaria virtual del CPCCS, con cuatro votos a favor de los consejeros, acogiendo un informe del ministro del Trabajo, Andrés Isch, quien solicitó la acción al reportarse que el funcionario tenía impedimento para ejercer cargo público.

Consejo de Participación Ciudadana removió a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura

Se expuso que el ahora exvocal no debía haber ejercido funciones para un periodo fijo, como es el de la Judicatura, sino para cargos de libre nombramiento o nombramiento provisional.

La solicitud de Isch se amparó en que Murillo recibió en el 2012 una compensación económica de $ 30.000 por su desenrolamiento de la Función Judicial (era juez), y para regresar al servicio público sin devolver dicha compensación solo podía hacerlo para cargos de libre nombramiento o remoción, según el artículo 14 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Su designación se dio en un concurso por ternas, que organizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) en el 2019, y el impedimento fue conocido por los exconsejeros, pero lo ratificaron para el cargo.

La Asamblea Nacional lo posesionó, junto con otros cuatro vocales de la Judicatura, en enero del 2019.

Dos años y medio después, la destitución de Murillo se resolvió con el voto afirmativo de los vocales Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Javier Dávalos; en contra, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, y la abstención de David Rosero.

Fausto Murillo, vocal removido del Consejo de la Judicatura, presentó una acción penal en contra de cuatro miembros del CPCCS

El exintegrante de la Judicatura presentó una denuncia penal en contra de los consejeros. Al momento analiza las acciones legales que tomará, según se informó. (I)