Con una carga procesal cero es como arrancarán su trabajo, a fines de octubre próximo, los catorce jueces que integrarán la nueva Unidad Judicial y tribunales de Garantías Penales especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Un total de 44 tipos penales son parte del catálogo de delitos que deberán conocer quienes sean designados luego de aprobar el concurso público y un curso de formación.

Desde el Consejo de la Judicatura (CJ), institución que está a cargo del concurso de méritos y oposición e impugnación ciudadana que arrancó en abril pasado, se sostiene que los casos que se estén tramitando actualmente y tengan relación con los 7 delitos atados a actos de corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado deberán seguir su trámite en las unidades en que se encuentren y únicamente esta nueva Unidad Judicial conocerá los casos que se presenten una vez que ya esté oficialmente laborando como parte del sistema judicial del país.

Con un curso de formación de 52 horas concluirá proceso para llenar los catorce puestos para jueces especializados en corrupción y crimen organizado

El presidente de la Judicatura encargado, Fausto Murillo, ha explicado que no todo delito relacionado con corrupción y delincuencia organizada serán conocidos por esta nueva unidad. El vocal Juan José Morillo aclaró que este proyecto busca tratar casos de alta envergadura, juzgar delitos transnacionales relacionados con el crimen organizado, el lavado de activos, entre otros, mas no analizar delitos comunes.

Para fijar la competencia en el conocimiento, sustanciación y resolución de las causas sobre los 44 delitos referidos en el catálogo, los jueces deberán considerar la concurrencia de una o más de las cinco circunstancias complementarias definidas en la resolución con la que se creó la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Delitos relacionados con corrupción

* Peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.

Entre estas circunstancias por considerar están las siguientes: que la perpetración de los delitos obedezca a la intervención de una estructura criminal organizada, de acuerdo con los parámetros y definiciones establecidas en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el funcionamiento de la estructura criminal organizada en un parámetro de continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos, la trascendencia o connotación nacional y/o internacional provocada por el o los delitos presuntamente cometidos por los sujetos activos.

Además, la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos que se encuentran establecidos en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el concurso real o ideal de infracciones que hayan afectado uno o más de los bienes jurídicos establecidos en el artículo 230.1 del COFJ.

Delitos relacionados con crimen organizado

- Genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, trata de personas, tráfico de órganos, turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercialización de órganos, explotación sexual de personas, prostitución forzada, turismo sexual, pornografía con utilización de niños y adolescentes, comercialización de pornografía con utilización de niños y adolescentes, sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización (alta escala), tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización (gran escala), organización o financiamiento para la producción o trafico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, sustracción de hidrocarburos, lavado de activos, espionaje, trafico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, terrorismo, financiación de terrorismo, delincuencia organizada y estafa.

Se aclara en el documento que los jueces de garantías penales ordinarios de primer nivel y de tribunales mantendrán la competencia para conocer, sustanciar y resolver las causas sobre los siete delitos relacionados con actos de corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado, cuando no cumplan las circunstancias complementarias referidas.

Entre los abogados litigantes existe la expectativa de quiénes serán los profesionales que ocupen los cargos vacantes para jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado.

El penalista Hugo Espín cree que este proceso de concurso ha dejado más dudas que certezas y sostiene que es necesario que quienes sean designados juzgadores deben tener un nivel elevado no solo en conocimiento jurídico, sino también ético y moral.

En el catálogo de delitos que tienen que ver con corrupción están el peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.

En cambio, en la lista de delitos relacionados con el crimen organizado hay figuras penales como el genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización (gran escala), lavado de activos, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.

Juicio político al Consejo de la Judicatura entra a la recta final sin votos que aseguren su censura y destitución

En estos momento en la Asamblea Nacional se tramita el juicio político ante un supuesto incumplimiento de funciones del presidente encargado del CJ, Fausto Murillo, de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, y la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado. Desde las 19:00 del miércoles 30 de agosto el pleno del Legislativo inició el proceso de enjuiciamiento que podría terminar en censura y destitución de los cuatro involucrados.

De concretarse la salida de los tres funcionarios del Consejo de la Judicatura, el concurso público para llenar las catorce vacantes de jueces especializados quedaría en manos de los vocales suplentes del CJ: Elcy Cely, suplente de Murillo; Yolanda Yupangui, alterna de Barreno; Jaime Veintimilla, suplente de Morillo; y el vocal titular Javier Muñoz.

Aún está pendiente la situación de Álvaro Román Márquez, alterno de Maldonado, quien reclama la presidencia de la Judicatura y espera que se resuelva la acción extraordinaria de protección que presentó en la Corte Constitucional.

El concurso público al momento se encuentra en la fase de impugnación ciudadana contra los 37 postulantes que se mantienen en el proceso. No se conoce todavía cuántas impugnaciones se han presentado, ni qué aspirante la ha recibido. Según el nuevo cronograma del concurso, esta fase debe estar concluida hasta mediados de septiembre próximo. (I)