Este viernes, 17 de octubre, el Tribunal Anticorrupción de Pichincha, integrado por los jueces Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, conocerán en audiencia el recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva que recibieron doce de los trece procesados por el delito de terrorismo. Todos fueron detenidos luego del violento ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, durante el primer día del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La audiencia de calificación de flagrancia contra los trece detenidos se dio el 23 de septiembre último, en la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito. La diligencia se dio un día después de que fueron detenidos Alfredo P. C., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Luis Henry J. E., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F., Luis Alberto C. B. y Gina Betel C. T.
Los doce primeros de la lista recibieron orden de prisión preventiva y solo a Gina Betel C. T. se le dispuso la medida de presentación periódica dos veces por semana y el impedimento de salir del país.
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Al principio los procesados con orden de prisión preventiva fueron ingresados al Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Imbabura, en Ibarra, pero casi de inmediato fueron movidos hasta cárceles de Portoviejo (Manabí) y Esmeraldas (Esmeraldas).
Estos traslados provocaron acciones de las defensas de los procesos, quienes apelaron legalmente los traslados, logrando que varios sean llevados nuevamente a Ibarra, mientras que otros están a la espera de que eso se dé, pues existe la resolución de un Tribunal de Manabí que acogió parcialmente un habeas corpus y definió que siete procesados retornen desde la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, hasta la cárcel de Ibarra.
Esto aún no se ha cumplido, lo que ha generado que varios de los defensores soliciten que en el término de cinco días el expediente sea remitido a la Corte Constitucional (CC), junto con los informes de incumplimiento de sentencia respectivos, a fin de continuar con la acción de incumplimiento que franquea la ley para casos en los que funcionarios públicos desconocen o no cumplen con la orden de una autoridad competente
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Los involucrados aparentemente fueron detenidos en distintos lugares cercanos al Comando Policial de Otavalo, lugar que fue atacado con piedras, palos, bombas molotov el pasado 22 de septiembre, por una parte de las cerca de 300 personas que se movilizaban en protesta por la Panamericana Norte o E35.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal Galiano Balcázar describió que el día en cuestión la multitud que protestaba lanzaba piedras y destruyó el portón de ingreso vehicular, paredes y oficinas, incluyendo las instalaciones de la Policía Judicial (PJ) del cantón Otavalo.
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“Las pericias realizadas por el Departamento de Criminalística confirmaron la destrucción de varios bienes: motocicletas, vehículos policiales y particulares, así como maquinaria pesada, todos afectados por incendios provocados durante los disturbios Los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como presuntos responsables de los actos violentos y de la destrucción de bienes públicos y privados en las instalaciones de la PJ de Otavalo”, sostuvo Balcázar.
Varias defensas de los procesados han ingresado escritos al Tribunal solicitando que, durante la audiencia de apelación, se incorpore un espacio de diálogo intercultural. Esto debido a que once de los doce comparecientes pertenecen al pueblo Kichwa Otavalo, específicamente a las comunidades de Yambiro, Imbabuela Alto, San Juan Alto, La Bolsa y Unión de Comunidades Indígenas de Eugenio Espejo. Además piden que se autorice la participación de sus autoridades comunitarias.
“En atención a lo solicitado y conforme a lo dispuesto en el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Resolución 053-2023 del Consejo de la Judicatura, que aprueba el Protocolo para la aplicación del diálogo intercultural en la Función Judicial y la Guía de Coordinación entre autoridades de la justicia indígena y justicia ordinaria, así como a lo establecido por la sentencia 112-14-JH/21 de la Corte Constitucional, que ordena a los operadores de justicia garantizar la interpretación y el diálogo intercultural en causas que involucren a pueblos y nacionalidades indígenas, esta Sala dispone que la audiencia de apelación se desarrolle con enfoque intercultural, promoviendo un espacio de diálogo respetuoso con la cosmovisión, tradiciones y autoridades del Pueblo Kichwa Otavalo”, señala la providencia de la Sala de Apelación emitida el 14 de octubre pasado. (I)
