La tarde del viernes 12 de enero, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó de forma unánime dejar sin efecto las polémicas resoluciones con las que se extendieron los periodos de permanencia de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que debían ser reemplazados en febrero de este años y otros en 2027.

Dichas resoluciones fueron adoptadas el 5 de septiembre de 2023 con la inusual aprobación de dos de cinco votos. En aquella sesión votaron a favor el vocal Xavier Muñoz y el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán; en tanto que el vocal Fausto Murillo votó en contra y los entonces vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, ambos procesados por tráfico de influencias, no estuvieron presentes.

Aquella decisión benefició a los jueces penales Luis Rivera, Byron Guillén, Felipe Córdova y Walter Macías, y a otros jueces de las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario.

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Actualmente, Wilman Terán y Xavier Muñoz guardan prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito. Los dos son procesados por el delito de obstrucción de la justicia, en el caso denominado Independencia Judicial. Además, Terán también cumple prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis.

El Consejo de la Judicatura, ahora presidido por Álvaro Román, informó que “la derogatoria fue resuelta con base en los informes técnicos y jurídicos correspondientes, en los cuales se consideró que la ampliación de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia afectó la independencia judicial interna, la seguridad jurídica y la garantía de la motivación; así como contravinieron el régimen de transición constitucional implementado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio”.

Se precisó que los periodos de los jueces y juezas nacionales se mantienen para tres, seis y nueve años.

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Adicionalmente, durante la sesión del 12 de enero, el titular de la Judicatura respondió a la solicitud que hizo Xavier Muñoz, desde la cárcel, para que se remita a su correo electrónico el enlace para poder conectarse a las sesiones del pleno.

Al respecto, Álvaro Román recordó la situación legal de Muñoz, “lo cual acarrea una limitación en cuanto a su libertad de movilidad y el acceso a las comunicaciones”.

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Por ello, Román negó la solicitud del vocal y dispuso que se oficie al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que efectúe investigaciones si lo considera pertinente. (I)