Pese a que los resultados de la consulta popular del 21 de abril de 2024 generaban la obligación de que el Consejo de la Judicatura (CJ) cree unidades especializadas en materia constitucional y que a partir de mayo de 2025 estén en operación, el recién conformado pleno de la Judicatura, por unanimidad, aprobó la creación de 167 dependencias judiciales especializadas en materia constitucional a escala nacional.
La resolución fue tomada este miércoles, 28 de octubre, con el voto favorable del presidente del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, Mario Godoy Naranjo, y los vocales Magaly Ruiz Cajas, Alfredo Cuadros Añazco, Damián Larco Guamán y Fabián Fabara Gallardo.
Según el Consejo de la Judicatura, para poner en marcha dichas dependencias se requieren 259 jueces constitucionales, que estarán habilitados a escala nacional: 184 jueces de primera instancia y 75 jueces de segunda instancia. Las vacantes de jueces constitucionales se llenarán mediante un concurso público para seleccionarlos y la capacitación de jueces multicompetentes.
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🚨I #IMPORTANTE
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) October 29, 2025
✅ El Pleno del @CJudicaturaEc aprobó una Resolución mediante la cual se crean 1⃣6⃣7⃣ dependencias judiciales especializadas en materia #Constitucional a escala nacional. 🏦
Se implementarán 23 salas especializadas de Cortes Provinciales, una en cada capital de… pic.twitter.com/1c33hrPiLQ
Para alcanzar el número de 259 jueces necesarios se planifica que 37 jueces especializados para primera instancia se seleccionen en concurso público, cuya ejecución se iniciará inmediatamente; mientras que 147 jueces multicompetentes para primera instancia serán capacitados en materia constitucional y 75 jueces especializados para segunda instancia serán seleccionados en concurso público.
Los 259 jueces especializados repartidos en las 167 dependencias judiciales estarán en 23 salas ubicadas en 23 capitales de las provincias, excepto Galápagos, que cubrirá Guayas.
La segunda pregunta de la consulta popular de 2024 determinaba lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les correspondan, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?”.
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Para el vocal del CJ Damián Larco, la decisión tomada no solo implica el cumplimiento del mandato ciudadano expresado en la consulta popular de abril de 2024, sino también genera una justicia constitucional más técnica.
“Las nuevas dependencias contarán con 259 jueces, además de secretarios y ayudantes judiciales. La inversión que se requiere para la implementación es de $ 25,6 millones, destinados a talento humano, tecnología e infraestructura. Las dependencias se crearán en 167 cantones del país, acercando la justicia a cada rincón del Ecuador para garantizar una atención más ágil en los procesos que tutelan nuestros derechos fundamentales”, explicó Larco.
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Datos de la Judicatura señalan que para las dependencias de primer nivel se requerirán 184 secretarios y un número similar de ayudantes judiciales. Mientras que para las de segunda instancia se necesitan 25 secretarios y 75 ayudantes. Estas dependencias judiciales arrancarán con carga procesal cero.
En el presupuesto referencial para la implementación de las dependencias de $ 25,6 millones se incluyen la inversión en talento humano, tecnología y la parte administrativa, servicios básicos, limpieza, seguridad, mobiliario, vehículos, suministros, entre otros.
A menos de nueve días de que se complete el plazo que se le dio al CJ para que se creen unidades especializadas en materia constitucional y se elija a los jueces necesarios, por unanimidad, es decir, con tres votos a favor, el pasado 30 de abril, el pleno del organismo de ese momento aprobó el reglamento específico del proceso de selección para designar a los jueces respectivos.
La aprobación del reglamento se dio en la quinta convocatoria a reinstalar la sesión plenaria número 33 y con los votos del presidente del organismo, Mario Godoy, y las entonces vocales Yolanda Yupangui y Soledad Goyes. La sesión buscaba analizar y aprobar la propuesta de reglamento para la selección de 50 jueces constitucionales, lo cual es parte de lo aprobado en la consulta popular y el referéndum del 21 de abril de 2024 y para lo cual se dio un año a partir de que fue publicado en el Registro Oficial el 9 de mayo siguiente. (I)
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