Instrucción fiscal en el caso Liga2 entra en la recta final, aquí los números en más de 60 días de investigación

Menos de 30 días le restan a la instrucción fiscal en el caso Liga2, etapa procesal en la que la Fiscalía, como titular de la acción penal, recoge información de cargo y de descargo contra los acusados del delito de asociación ilícita: Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, los tres primeros exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la cuarta, actual consejera de Participación Ciudadana.

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El 15 de marzo pasado, la Fiscalía formuló cargos contra Verduga, Franco Loor y Saltos, quienes integraron la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, pese a ser parte de un organismo como el CPCCS, el cual debía ser independiente de poderes políticos. También la formulación y el posterior inicio de instrucción fiscal alcanzaron a la consejera Bonifaz.

Durante algo más de 60 días todos han sido investigados por planificar desde el CPCCS una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones. Al momento el expediente cuenta con más de 22.000 fojas de información distribuidas en 111 cuerpos.

Pese a que inicialmente el conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dispuso que los cuatro procesados se presenten cada quince días en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional, solo tres han cumplido la medida cautelar dispuesta presentándose en cuatro ocasiones hasta el 14 de mayo último. Augusto Verduga incumplió la disposición judicial y fue la jueza Daniella Camacho, de la CNJ, quien por pedido de la fiscal general, Diana Salazar, ordenó la prisión preventiva del exconsejero y solicitó que se oficie a la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se emita una notificación roja que permita ubicarlo y detenerlo.

De los cuatro sospechosos, Verduga ha sido el que más ojos ha tenido encima. Esto debido a que la información extraída de sus dos celulares incautados el 24 de enero pasado, durante un allanamiento a la sede del Consejo de Participación, en Quito, ha dado pistas de las acciones que se mantenían entre los hoy procesados, personajes del correísmo y otros actores políticos con miras a supuestamente incidir en la selección de autoridades y así tomar el control político de instituciones públicas.

Días después de ese allanamiento, Verduga salió del país hacia Colombia y hoy se sabe que está en México junto con su familia bajo el estatus de refugiado político. El exconsejero y uno de los nombres que sonaban para conformar el binomio presidencial de la RC asegura que no regresa al país porque su vida está en peligro, pues su agente de persecución es el propio Estado ecuatoriano, específicamente la Fiscalía y sus agencias policiales, debido a su rol como exconsejero del CPCCS, su pensamiento político y las denuncias que formuló contra estructuras de poder.

Verduga en este tiempo ha ejercido su propia defensa. Ha solicitado pericias a documentos que originaron el allanamiento y ha solicitado las versiones de la fiscal que le incautó sus equipos celulares, de los agentes policiales que intervinieron en el allanamiento de enero pasado e incluso busca que periodistas versionen para que expliquen dichos como que los equipos de Verduga no ingresaron en cadena de custodia inmediatamente sino que primero quedaron en manos de funcionarios de la Presidencia de la República.

También insiste en pedir versiones de otros seis comunicadores sociales para que den a conocer cómo obtuvieron los audios que se estarían publicando en medios pese a que dice que ni él, siendo parte procesal, ha accedido a ellos.

De la información expuesta por la Fiscalía se revela que los entonces consejeros de la Liga Azul destituidos por el TCE, en enero pasado, habrían utilizado pseudónimos en tres chats grupales: Buró 2.0, Apoyándose y Jiujitsu, en las aplicaciones de mensajería Wire, WhatsApp, Signal, Telegram para ocultar su identidad.

Alcanzar el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador habría sido el objetivo principal de la estructura que investiga la Fiscalía y operó desde el CPCCS, junto con funcionarios de instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, relacionados con la RC. “El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador se convirtió en la sede de un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan”, resaltó Toainga.

Al momento se espera la respuesta que pueda dar la jueza Camacho al pedido hecho por el exconsejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas para ser admitido en el caso Liga2 como acusador particular de Verduga, Franco Loor, Saltos y Bonifaz. El 27 de diciembre pasado, Guarderas fue censurado y destituido con 70 votos afirmativos del pleno de la Asamblea Nacional, debido a que la legisladora Ana Herrera, de las filas de la RC, lo acusó de incumplimiento de funciones.

El exconsejero Guarderas asegura que a raíz del presente proceso penal se pudo conocer que su destitución del cargo como consejero de Participación Ciudadana por parte de la Asamblea respondió a la dinámica de la asociación de varias personas destinadas a cometer una serie de delitos, “convirtiendo a la institución encargada de la selección de las más altas autoridades del Estado en el centro de operaciones de un movimiento político”.

Desde su perspectiva ese hecho evidencia no solo el desprecio a la institucionalidad del Ecuador, sino también su objetivo de cooptar ilegalmente tantos espacios de poder como sea posible para sus intereses partidistas y personales.

Si Guarderas es aceptado como víctima y acusador particular, él se sumará a la acusación que ya mantienen instituciones públicas, como la Procuraduría General del Estado y el CPCCS.

El 13 de junio próximo se completarán los 90 días definidos para la instrucción fiscal. Cerrada esta etapa, la Fiscalía deberá emitir un dictamen acusatorio de haber encontrado elementos que definen la responsabilidad de los investigados en el delito de asociación ilícita abstentivo de no tener la información necesaria que hagan presumir de la participación.

Si luego de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se demuestra que hay elementos suficientes, los procesados pasarían a la etapa de juzgamiento. (I)