Con el fin de procurar una tutela judicial efectiva y brindar justicia a las víctimas, la Fiscalía General del Estado presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional (CC), la cual está encaminada a reclamar la resolución de caducidad del proceso penal en la causa por peculado, dentro del denominado caso Dhruv, a la que llegaron, el 10 de octubre pasado, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez y Byron Guillén.

La caducidad del proceso penal se decidió por un voto de mayoría debido a que venció el plazo máximo de 60 días para que un Tribunal de la Corte Nacional se pronuncie sobre el recurso de apelación solicitado por la fiscal general Diana Salazar y los abogados de la Procuraduría General del Estado. Al 10 de octubre pasado que llegaron las partes procesales a la CNJ habían pasado 85 días de presentado el recurso.

Con la apelación se buscaba revertir el sobreseimiento decidido casi cuatro meses antes a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. La decisión de los jueces Rodríguez y Guillén hizo que se archive la causa y se ratifique de forma definitiva el sobreseimiento resuelto por el también juez nacional Luis Rivera.

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Caso Dhruv: Tribunal confirma sobreseimiento de sospechosos y dispone la caducidad del proceso

El artículo 94 de la Constitución señala que la acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la CC y procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Además, la norma define que este recurso constitucional procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal.

El argumento que prevaleció en una decisión, dentro de una audiencia que nunca se instaló, fue el de los abogados de los procesados, entre quienes están los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval. En su momento ellos fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL.

Diego Chimbo, abogado del brigadier General (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Mejía, asegura que la norma es clara: si no se resuelve la apelación en esos 60 días, queda ejecutoriado por el ministerio de la Ley. “Problemas internos dentro de la conformación de la sala no tienen nada que ver en este momento”, decía el defensor.

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El Tribunal de Apelaciones del caso Dhruv, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 10 de octubre, no instaló la audiencia del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Procuraduría. Foto: Cortesía Fiscalía.

El artículo 655 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala respecto a la confirmación por el ministerio de la ley que si la Sala respectiva no resuelve la apelación del auto de sobreseimiento, en el plazo máximo de 60 días desde la fecha de recepción del proceso, este quedará confirmado en todas sus partes, sin perjuicio de que el Consejo de la Judicatura inicie la acción disciplinaria correspondiente

Para Salazar la decisión no era tan sencilla como declarar la caducidad del proceso penal por una demora generada en el más alto órgano de justicia ordinaria del país: la Corte Nacional. La líder de la Fiscalía adelantaba que al decidirse que se archive la causa y por ende dejar en firme el sobreseimiento a favor de los 18 procesados se estarían permitiendo escenarios de impunidad. “La justicia no puede ser sacrificada por la sola omisión de formalismos excesivos”.

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En su pedido a la CC, la fiscal general señala que los jueces que demoraron el caso, provocando su archivo, violaron los derechso del Estado. La forma de reparar esa violación sería dejar sin efecto el fallo de mayoría de los jueces Rodríguez y Guillén.

También han sido beneficiados con el sobreseimiento del juez Rivera, el cual fue confirmado por Rodríguez y Guillén, el representante legal de la HAL para Ecuador, Juan Cortéz,; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres.

Caso Dhruv: Fiscalía y Procuraduría apelan fallo con el que se sobreseyó a 18 acusados del delito de peculado en la adquisición de siete helicópteros

La jueza que se alejó del criterio de mayoría fue Mercedes Caicedo, ponente del Tribunal y juez que reemplaza en el sala al presidente de la CNJ, Iván Saquicela. Ella consideró que para resolver los planteamientos de fondo propuestos por los sujetos procesales en la causa era imperioso escucharlos mediante audiencia.

Respecto a la tardanza en la realización de la audiencia y la resolución del pedido de apelación, tanto Caicedo como Rodríguez y Guillén marcaron distancia, asegurando que ellos no son responsables de ningún retraso.

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Salazar no estuvo de acuerdo con el sobreseimiento y señaló que existían los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de los 18 procesados que recibieron un dictamen acusatorio.

El juez Rivera tuvo un análisis distinto. Para él dentro de la audiencia no se evidenció que existen los elementos del tipo penal de peculado, aclaró que las conductas no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. Sumó que en el caso tampoco se evidenció el perjuicio económico y resaltó que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado Ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones.

El lunes último, en las acciones finales dentro del proceso penal que debe ser archivado, el Tribunal emitió una notificación con la extinción de la acción penal y ordenando se dejen sin efecto toda medida cautelar de orden personal o material existente contra los 18 sobreseídos. (I)