“Es grato saber que el llamado a la acción empieza a generar sus frutos. Finalmente, la Asamblea hace su parte y la hace bien. Necesitábamos esa ley. Nuestra fuerza pública la necesitaba. Nuestros ciudadanos la requerían urgente. Ahora sí y más que nunca #UnidosContraLosViolentos”. Ese fue el mensaje que la noche de este 7 de junio subió a su cuenta de Twitter el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto a la aprobación de la ley de uso legítimo de la fuerza por parte del Parlamento.

Con 104 votos y 19 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en el que se da paso a la creación del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, el cual tendrá la facultad de hacer el uso legítimo de la fuerza, mientras que a la Policía Nacional le corresponderá la seguridad en el perímetro externo.

Pero en caso de operativos, motines o graves alteraciones del orden, se podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, pero con previa declaratoria del estado de excepción.

Asimismo se garantiza a los servidores de la fuerza pública la protección legal para, en caso de usar la fuerza de manera letal, ser procesados en el marco de la ley, pero no serán detenidos mientras se investiga el hecho y podrán defenderse en libertad. Todos tendrán la presunción de inocencia.

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También el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, destacó la aprobación de la norma. La calificó como una “buena noticia” para el país.

En su cuenta de Twitter señaló: “BUENAS NOTICIAS! La @AsambleaEcuador aprobó la Ley #UsoLegítimoDeLaFuerza con 104 votos, ahora nuestros funcionarios policiales tendrán el respaldo de la Ley para tomar acciones en favor del orden público”.

En una entrevista con este Diario, Jiménez señaló que el Gobierno esperaba esta ley para “que les dé la capacidad a los policías de intervenir sin miedos sabiendo que tiene a la ley de su mano y a la voluntad política tras ellos. Lo que hemos constatado es que se ha producido un debilitamiento normativo en la capacidad de intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas para combatir hechos delictivos y necesitamos devolvérselas para que puedan actuar apegados a los derechos humanos, pero con contundencia y celeridad”.

El proyecto pasará al Ejecutivo para su sanción o veto. Tiene 30 días para pronunciarse. (I)