Asamblea Nacional aprueba la ley que regula el uso legítimo de la fuerza

La Asamblea Nacional con 104 votos aprobó en segundo debate el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza contenido en 74 artículos, aunque demoró la toma de la votación porque el bloque Pachakutik reclamó la inclusión de la acción de la policía en las protestas sociales.

En el último tramo del trámite del proyecto surgió el debate sobre la participación de la fuerza pública en el control de las protestas sociales y el uso excepcional de la fuerza, pues el sector de Pachakutik advirtió que la ley garantiza a la fuerza pública la posibilidad de usar la fuerza para reprimir a los manifestantes.

Asamblea Nacional busca una salida para aprobar la ley sobre el uso legítimo de la fuerza

Ramiro Narváez, presidente de la comisión de Soberanía y Seguridad Integral, dijo que se intentó demorar por ocho días más la aprobación del texto, y que espera que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no aplique ningún veto, sino que sancione el documento debido a la participación de las entidades del Estado en la construcción de la ley.

Narváez lamentó que las observaciones del bloque Pachakutik al proyecto de ley hayan llegado tarde, pues dijo que recién en el día de la aprobación remitieron textos, pero que la Comisión ya había acordado por unanimidad los textos que tenían que aprobarse y que recibieron el apoyo de 104 voluntades este 7 de junio.

En el proyecto se incluyen textos donde se garantiza a los servidores de la fuerza pública la protección legal para, en caso de usar la fuerza de manera letal, ser procesados en el marco de la ley, pero no serán detenidos mientras se investiga el hecho y podrán defenderse en libertad. Todos tendrán la presunción de inocencia.

Sobre el sistema penitenciario se permite la creación del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria que tendrá la facultad de hacer el uso legítimo de la fuerza, mientras que a la Policía le corresponderá la seguridad en el perímetro externo. Pero, en caso de operativos, motines o graves alteraciones del orden, se podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, pero con previa declaratoria de estado de excepción.

El trámite de este proyecto surgió como una respuesta legislativa al problema de inseguridad en que se garantice la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas frente a la ola de delincuencia y los amotinamientos en las cárceles.

La bancada de Pachakutik, incluidos los legisladores autodenominados rebeldes, condicionaron su aprobación a la eliminación de los artículos 23, 24 y 25 del proyecto, que se refiere a la acción policial en las protestas pacíficas.

La norma en general prohíbe el uso de armas letales e incluso balas de goma durante manifestaciones, excepto cuando haya amenaza a la vida.

En el artículo 23 que trata sobre la gestión de las reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas y uso legítimo de la fuerza, se incluye el texto en que se permiten de manera excepcional mecanismos de dispersión con el único propósito de evitar una amenaza o peligro grave para la vida o la integridad física de las personas y cuando no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger estos derechos.

En tanto, el artículo 24 se refiere a los parámetros sobre los estándares mínimos en contextos de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. En cambio, el artículo 25 del proyecto que se refiere al uso excepcional de la fuerza en la protesta social por parte de la Policía, con el propósito de proteger la vida y evitar graves afectaciones a la integridad física o bienes de las personas participantes o no participantes en una reunión, manifestación o protesta social.

La legisladora del PSC Elina Narváez señaló que la ley permitirá contener la crisis de seguridad, pero considera que debe estar acompañada de un plan integral, coordinado con municipios, sociedad civil y con el sistema de justicia, así mismo debe estar adecuadamente financiado y contar con la decisión política del Ejecutivo. Los policías y militares deben actuar con fortaleza y seguridad en contra del crimen, recalcó.

El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, planteó que de la ley se separe todo lo relacionado con la participación de la fuerza pública en la protesta social, y antes de ordenarse de la votación pidió que el documento regrese a la mesa legislativa para que se recojan las observaciones de su bancada, pero no hubo apoyo.

Reclamó que no es correcto que en una ley que busca una lucha contra la delincuencia se incluyan artículos como que se estuviera regulando la resistencia social. (I)