Francisco Jiménez: No tenemos problema en generar las condiciones para que se pueda proveer de armas no letales a las policías municipales

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hace una evaluación de lo que fue la reunión con los alcaldes del país para abordar la cooperación que puede existir entre ambos niveles de administración pública para el combate a la delincuencia. Pide a estas autoridades, en especial a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, actuar con responsabilidad y no caer en discursos electoreros.

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Jiménez señala que el régimen de Guillermo Lasso no ha descartado en ningún momento realizar una consulta popular como mecanismo para alcanzar las reformas que necesita, en especial si la relación con la Asamblea Nacional, de la que dice que están en el limbo, no fluye. Pero ahora, por la coyuntura del país, señala que se analiza la posibilidad de que esta se centre en temas de seguridad, principalmente.

¿Hubo resultados concretos de la reunión con los alcaldes?

El primer resultado concreto que se evidenció de la reunión es que sí es posible coordinar con los alcaldes; por primera vez se da un encuentro de este tipo, creo que el país lo estaba pidiendo a gritos. Los resultados fueron en el 97 % o 98 % positivos, porque se pudo establecer el ámbito de gestión de unos y otros. Estamos claros en que el Estado central tiene la prioridad cuando se trata de represión del delito porque supone la intervención de la Policía, y que los gobiernos locales, en particular las municipalidades, a partir de los artículos 54 y 60 del Cootad tienen corresponsabilidad, sobre todo a la hora de generar estos consejos de seguridad cantonales que tienen la posibilidad de coordinar con la Policía. Quedamos en hacer seguimiento de esto con los gobernadores para poder reunirnos aproximadamente en un mes y ver de qué manera han seguido constituyéndose los consejos cantonales, que lamentablemente hasta ayer estaban en el 47 % o 48 % y la idea es que supere el 90 %. Otra cosa que era importante y que en ese momento no se la dijo, y que el presidente tenía previsto anunciar, es que las asignaciones de los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) se van a incrementar a partir de julio en el 11 %, que promedialmente en todo el año era del 7 %. Lo que planteábamos era que parte de ese incremento se lo destine al rubro de seguridad.

¿Qué hacen estos consejos?

Coordinan las políticas que tienen que implementarse en territorio en materia de seguridad. Primero, coordinan con la Policía, no olvidemos que la seguridad empieza primero por un desplazamiento de recursos humanos, operativos, logísticos. Segundo, cuando se trata de un hecho criminal interviene la Policía, pero antes de eso hay una faceta de prevención en la que pueden intervenir muchísimo los municipios; y finalmente hay un espacio de coordinación interinstitucional que también es muy útil, pues intervienen el Estado central, gobiernos locales, entidades públicas y también las privadas.

El Gobierno pide a las autoridades locales cooperar en prevención, por ejemplo, en consumo de drogas, algo que algunos municipios dicen que sí están haciendo; y además que se coordine ayuda para la Policía, lo que también ya se hace facilitando vehículos y alimentación. Pero la competencia del combate a la inseguridad es exclusiva del Gobierno central, sobre todo porque el Estado tiene el monopolio del uso de las armas y a estas alturas parecería que eso es lo único que podría disuadir al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Qué sentido tiene entonces pedir esta colaboración?

Esa es una visión parcial del combate contra la inseguridad. Una es la represión, sí, que es potestad de la Policía Nacional, y en algunos lugares como en Guayaquil se considera que esta debe ser el 90 % de la política pública, pero en otros lugares del país se le ha dado cabida a otro tipo de medidas. La segunda es la prevención, que pueden hacer los municipios, y la tercera es la coordinación entre el Estado central y los sectores público y privado. La seguridad es la consecuencia del buen manejo de estos tres pilares. La represión cabe cuando el hecho delictivo ya se ha producido, pero no solo queremos responder con eficiencia frente a un hecho delictivo, sino que se produzcan menos hechos delictivos, y para eso es fundamental la prevención.

Respecto al uso de armas, la alcaldesa de Guayaquil ha pedido que se les permita usar las no letales a las entidades de seguridad municipal, ¿es eso viable?

Sí, mientras se trate de armas no letales. Ahora, la alcaldesa debería entender que debe actuar con más responsabilidad porque ayer, por ejemplo, llamó mucho la atención que se desplace con al menos 30 camionetas que en teoría debían ser usadas para patrullaje y coordinar la seguridad en Guayaquil, y que vimos en Quito parqueadas afuera del sitio de la reunión. No teníamos mucha idea de qué hacían ahí o cuánta gasolina gastaron (…) No tenemos ningún problema en generar las condiciones para que se pueda proveer de estas armas no letales a las policías municipales de cualquier ciudad, pero todos tenemos que esforzarnos para no hacer alardes innecesarios de poder.

¿Fue un alarde de poder? Ella dijo que era para mostrar lo que Guayaquil podía dar como apoyo.

Yo lo que vi fue unas camionetas parqueadas sin hacer absolutamente nada, y creo que todos los bienes en materia de seguridad deben servir para algo. Si está previsto que den un servicio en la ciudad, es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo tenerlos en un lugar donde no lo hacen.

¿Es quizás parte de la campaña para la reelección de la alcaldesa?

No lo sé, no quiero especular sobre esto, pero creo que el asunto de la seguridad es muy serio para que forme parte de cualquier programa electorero. A la gente no le sirve que ningún alcalde o alcaldesa está calculando cómo le irá en las elecciones. Lo que le sirve es que todos, cohesionada y coordinadamente, generemos una gestión compartida para tener mejores resultados.

Pero la seguridad seguramente será el tema de cajón de la campaña que se viene, es inevitable.

Es potestad de ellos, pero nosotros como Estado central no estamos pensando en elecciones, tenemos que dar respuestas en tres niveles: movilización de recursos que deben ser utilizados donde se deben usar y no fuera de él, con coordinación para aprovecharlos, y con algunas reformas normativas que las instituciones complementarias como la administración de justicia o la Fiscalía, o las nuevas leyes que se van a dictar por parte de la Asamblea puedan darse con celeridad y aumentar las probabilidades de éxito en la lucha contra la delincuencia.

Más allá de esta cooperación entre todos que quiere el Gobierno, ¿cuál es el plan de seguridad integral? Parece que fueran medidas parche.

El plan de seguridad ya empezó a ejecutarse y supuso, primero, una intervención en las provincias más problemáticas: Guayas, Manabí y Esmeraldas; segundo, se estableció el toque de queda en los sectores más conflictivos como algunas parroquias de Guayaquil y Esmeraldas; tercero, se están tomando una serie de medidas complementarias para restringir algunos tipos de circulación vehicular en esta semana y poder identificar con mayor facilidad a quienes están desarrollando actividades delictivas; y cuarto, este espacio de coordinación con los alcaldes. Es un plan que ya ha sido detallado por el ministro del Interior y que también se explicó a los alcaldes. Algunos temas son reservados, pero ya se están controlando algunas olas delictivas.

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¿Qué expectativa tienen con la Ley del uso legítimo de la fuerza que se aprobó en la Asamblea?

Que le dé la capacidad a los policías de intervenir sin miedo, sabiendo que tienen a la ley de su mano y a la voluntad política tras ellos. Lo que hemos constatado es que se ha producido un debilitamiento normativo en la capacidad de intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas para combatir hechos delictivos y necesitamos devolvérselas para que pueda actuar, apegados a los derechos humanos, pero con contundencia y celeridad.

Recientemente, el presidente Guillermo Lasso cuestionó a las administraciones socialcristianas de Guayaquil porque no han trabajado en materia de seguridad. ¿Al Gobierno, a CREO, le interesa ganar este espacio local? ¿Pondrán candidato para la Alcaldía de la ciudad?

Claro que vamos a poner candidatos. Al Gobierno le interesa tener la mayor cantidad de alcaldías en el país. No tenemos ninguna obsesión con ningún espacio en particular, pero entendemos que dentro de nuestra gestión de Gobierno nuestra obligación es poner candidatos propios o en alianzas para tener la mayor cantidad de representantes y que las políticas públicas tengan impacto en los territorios.

¿Tienen nombres para Guayaquil?

Tenemos algunos, pero se están terminando de definir en nuestro buró y los daremos a conocer en los próximos días. No queremos adelantar porque luego los van a empezar a atacar.

Hablando de la Asamblea, usted mencionó que la designación de Virgilio Saquicela como presidente era ilegal. ¿Eso quiere decir que no lo reconocen? El presidente le avisó que se iba de viaje a la Cumbre de las Américas, pero con copia a Guadalupe Llori.

La Asamblea ahora está en un limbo porque no existe claridad respecto al procedimiento que seguirá la institución para estabilizarse. Desde que ocurrieron los hechos que el país conoce no está claro si esta elección de presidente es o no legítima, cuánto tiempo va a durar, de qué manera se va a establecer la relación con los otros miembros del CAL. Hay una serie de ambigüedades ahí sobre las cuales, como Ejecutivo, estamos a la expectativa. Queremos simplemente que el panorama se aclare, por eso es que para curarnos en sano se envió una comunicación a los dos.

¿Por si acaso?

Lo que nos interesa es la estabilidad de la institución, que hoy no existe. Esperamos que en los próximos días se estabilice. Estamos a la expectativa de las resoluciones que se tomen por parte de la Función Judicial y de la propia Asamblea.

¿Tomarán alguna acción legal?

No, porque no queremos interferir en las decisiones de la Asamblea.

El presidente dijo que respaldarían a la señora Llori, pero los asambleístas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) salieron de la sesión donde se debatió el tema. ¿La abandonaron?

No, de ninguna manera, no es que no participamos para darle soporte o abandonarla. No participamos porque era una sesión irregular que se llevó a cabo alterando el orden del día cuando se trataba de la continuación de otra, y en vulneración de unas medidas cautelares que fueron dictadas unos días antes.

En la Asamblea ya se habla de un desgrane del BAN para crear el BET (Bancada de la Equidad Territorial) con los disidentes de otros grupos políticos. ¿El Gobierno se quedó sin bloque?

Bueno, eso es todavía una predicción del futuro. Y las predicciones a veces se concretan y a veces no. Y nosotros no jugamos a tener una bolita del cristal, sino que actuamos sobre el presente, y en el presente el BAN está sólidamente constituido por 27 miembros.

En una entrevista radial dijo que reactivarán la consulta popular por la nueva composición de fuerzas en la Asamblea, ¿acaso temen que haya un bloqueo más fuerte con la mayoría UNES-PSC?

Nosotros no tememos más que no cumplirle al pueblo ecuatoriano porque es ese el mandato que recibimos en abril del 2021. La consulta popular nunca ha estado archivada, siempre ha seguido su tratamiento; es más, se constituyeron mesas técnicas para generar esos contenidos. Pero está claro que si la relación con la Asamblea fluía de forma adecuada, no era necesaria la consulta, porque al fin y al cabo es un mecanismo de intermediación directa con la gente. Pero la Asamblea no tiene la estabilidad que se requiere para hacer avanzar las reformas que consideramos importantes para el manejo institucional del país, nos toca volver los ojos a la consulta popular.

Cuando llegó al cargo usted hablaba de 12 a 15 preguntas en tres ejes: seguridad, empleo e institucionalidad. ¿Eso se mantiene?

Si bien es cierto que hay temas importantes, como la economía o la institucionalidad, debido a la situación que atraviesa el país ahora estamos discutiendo en la posibilidad de que la consulta se centre solo en la seguridad. Eso es algo que tenemos que definir oportunamente.

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno: Lo que nos interesa es la estabilidad de la Asamblea y nos parece que, en principio, esta se garantiza si se mantienen las autoridades actuales

¿Pero qué cuestiones relacionadas a la seguridad serían? Leyes hay suficientes, pero no se aplican. ¿Cambios en las instituciones o la justicia quizás?

Hay algunos aspectos que son perfectibles, no quisiera adelantar criterios porque son temas que deben ser consensuados con el presidente y el ministro del Interior, que es el que está a cargo del tema de seguridad en su conjunto.

¿Cuándo divulgarán las preguntas?

Yo diría que en los próximos quince días. (I)