La legisladora Guadalupe Llori, del bloque Pachakutik, presentó una nueva acción de protección en contra del actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y los legisladores exintegrantes de la comisión pluripartidista que elaboraron el informe que recomendó su destitución como presidenta del Parlamento.

La acción de protección presentada el 5 de agosto pasado recayó en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, cuya jueza es María del Carmen Salazar Monteros. El proceso tiene el número 17981-2022-03091.

Lo que busca Guadalupe Llori con esta acción de protección, según su abogado Julio César Sarango, es recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional debido a una flagrante violación a los derechos humanos y en caso de que la justicia ecuatoriana no actúe, los involucrados deberán responder internacionalmente, advirtió.

Como medida cautelar, según el escrito presentado, solicita a la jueza que disponga el cese de las funciones de los asambleístas que votaron a favor de su destitución y se principalice a los suplentes a afectos de no afectar el funcionamiento de la institución, mientras se restaura el orden legítimo de autoridad en la Asamblea Nacional, como efecto del reconocimiento de la violación de sus derechos constitucionales en su condición de presidenta de la Asamblea Nacional.

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Llori en su petición solicita que se orden como reparación integral el reintegro de Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea Nacional, se ordene disculpas públicas por las violaciones incurridas.

Además, se ordene por haberse afectado su buen nombre el pago por concepto de indemnización $100.0000 por cada uno de los 81 legisladores que resolvieron su cesación de funciones.

Sarango explicó que hubo una violación a los derechos humanos, porque nunca se garantizó el derecho a la defensa y la oportunidad que su cliente contradiga el informe de mayoría de la comisión pluripartidista que fue suscrito por los asambleístas Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Lucía Placencia (ID), Peter Calo (PK-R) y John Vinueza (UE).

Que nunca le dieron el plazo razonable para que Guadalupe Llori pueda ejercer todo el derecho a la defensa, presentar la prueba y hacer los descargos; nunca le dieron el derecho para que realice los alegatos ante el pleno de la legislatura, pues le concedieron una hora, cuando el tema no constaba en el orden del día de la sesión 772 del 31 de mayo pasado, y eso viola el debido proceso contemplado en la norma, aseguró la defensa de Llori.

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La Asamblea Nacional, el 31 de mayo, con 81 votos, acogió el informe presentado por la comisión pluripartidista ad hoc que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori Abarca del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones, luego de la denuncia que presentó el legislador Esteban Torres (PSC).

Con 81 votos se destituyó a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional

El abogado de Llori advirtió que si la jueza de la Unidad Judicial de Quitumbe concede la acción de protección, todo el proceso de destitución seguido en contra de su clienta puede llegar a cero y, consecuentemente, recuperar el cargo de presidenta de la Asamblea, y además se tendría que observar la reparación por los daños causados.

En caso de que la unidad judicial no otorgue el pedido solicitado de Guadalupe Llori, el abogado anunció que accionarán ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con el propósito de agotar todas las instancias antes de acudir a los organismos internacionales para medidas de reparación.

El legislador Esteban Torres (PSC), autor de la denuncia contra Llori, comentó que esa acción presentada no prosperaría, porque todo lo que se podría argumentar ya fue decidido por la justicia ordinaria y en todas las instancias; además, es una acción que va en contra de los miembros de una comisión ad hoc que dejó de existir hace meses. (I)