La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue declarada en rebeldía por la Comisión Pluripartidista ad hoc al no presentarse ella ni su abogado a la audiencia para la práctica de prueba dentro del proceso de destitución por supuesto incumplimiento de funciones.

El arranque de la audiencia tuvo problemas de acceso de legisladores, funcionarios, periodistas y del propio abogado designado por la acusada, debido a que hubo una disposición de la presidenta de la legislatura de que se cierre el Palacio Legislativo por los preparativos del evento del informe a la Nación del presidente de la República, Guillermo Lasso, previsto para el martes 24 de mayo.

El forcejeo con los miembros de la escolta legislativa obligó al presidente de la Comisión ad hoc a intervenir para permitir el acceso hasta el quinto piso del Palacio donde se llevó acabo la audiencia. Hasta ahí llegaron al menos cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL): Virgilio Saquicela, Yeseña Guamaní (ID), Darwin Pereira (PK-R) y Johanna Moreira (ID-R), quienes fueron citados como testigos por parte de la acusada, pero tuvieron que retirarse tras certificarse que no estaban presentes la acusada ni su abogado.

Con incidentes se instaló la comisión ad hoc que investiga denuncia conta Guadalupe Llori

Francis Abad, abogado designado por Guadalupe Llori, llegó hasta el edificio de la Asamblea y luego de denunciar que “hay una disposición de seguridad de parte de la Presidencia de la República, por motivos de seguridad”, que no le dejan pasar y se retiró del lugar antes de la instalación de la sesión.

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Una vez iniciada la audiencia, a las 08:50, para la práctica de la prueba, la comisión declaró dos recesos, el primero de quince minutos y luego de una hora, hasta que la presidenta Guadalupe Llori y su abogado Francis Abad se integren a la audiencia de pruebas y alegatos.

Casi al término de la reunión, Francis Abad remitió vía WhatsApp al secretario encargado de la comisión una carta de su defendida en la que reclama no haber incluido su nombre en la lista de personas que debían ingresar a la institución y asistir a la audiencia. Que esperó quince minutos y al entender de la imposibilidad de entrar al edificio precedió a retirarse y planteó que se fije nueva fecha y hora de la audiencia y alegó nulidad del proceso.

Esa postura fue cuestionada por los legisladores integrantes de la comisión y aclararon que quien formuló la lista de las personas que debían acceder al edificio fue Marianela Puetate, administradora general de la Asamblea Nacional, como lo certificó Carlos Burbano, de gestión operativa de la escolta legislativa.

Pedro Zapata (PSC), presidente de la Comisión ad hoc, aclaró que se realizaron las notificaciones necesarias para asegurar la presencia del abogado de Guadalupe Llori. Que el abogado de la acusada estuvo en el Palacio y todos lo vieron, y pudo ingresar a la audiencia. Afirmó que Francis Abad no quiso asistir a la audiencia y que buscó un pretexto.

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La legisladora Lucía Placencia (ID) dijo que queda claro el accionar del abogado de la acusada, rechazó el comunicado remitido al final de la audiencia y afirmó que ella junto a otros legisladores abogaron para que la escolta legislativa permita el acceso del abogado de Guadalupe Llori. Que es evidente que dejó en la indefensión su clienta.

Pamela Aguirre (UNES), miembro de la Comisión ad hoc, recalcó que el documento remitido al término de la audiencia por parte del abogado de Guadalupe Llori, no fue remitido de manera oficial, por lo tanto, no debe ser incluido en el expediente, y afirmó que a la acusada siempre se le garantizó el debido proceso y fue notificada de manera oportuna.

La audiencia

El legislador Esteban Torres (PSC), parte denunciante, cuestionó la procuración judicial de Francis Abad en representación de Guadalupe Llori, pues afirmó que es insólito porque el único documento que presentó Abad para acudir a la audiencia es un documento simple de autorización, lo cual viola disposiciones del Código Orgánico de Procesos, que establece que para comparecer de forma personal es necesario una procuración judicial debidamente otorgada ante notario; entonces, queda claro que la parte acusada no actuó conforme lo determina la norma. Por lo tanto, Torres recomendó a la comisión que solicite a la judicatura una sanción en contra del abogado Abad, por abusar del derecho y generar incidentes.

Torres en la audiencia ratificó que Llori no dio paso a la apelación a la presidencia en la sesión 766 del 24 de febrero pasado y no reinstaló las sesiones 759 y 766 dentro de los 30 días subsiguientes a la suspensión como lo determina el artículo 129 de la ley orgánica de la Función Legislativa.

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Dijo que todo se inició porque la presidenta no quiso tratar un cambio en el orden del día y motivó la apelación de la presidencia y que según la norma no se requería estar en el uso de la palabra y menos presentar por escrito la apelación como lo sostiene la acusada.

Para esa audiencia también solicitaron ser recibidos los legisladores Fausto Jarrín (UNES), Mireya Pazmiño y Mario Ruiz (PK-R), quienes argumentaron también varios incumplimientos por parte de la acusada.

Jarrín se refirió a la sesión 766 del 24 de febrero, en la que solicitó un cambio del orden del día de la sesión 766, a las 13:57, donde dijo que empezó un procedimiento oscuro porque sorpresivamente se presentaron cambios de orden del día que no ingresaron por el sistema, sino de manera física, y con ello su propuesta de cambio del orden del día quedó en cuarto lugar.

Pero cuando el asambleísta Ronny Aleaga (UNES) pidió un punto de orden para que se verifique in situ que las firmas estaban repetidas en una solicitud de cambio del orden del día, motivó la apelación a la presidencia por parte de Esteban Torres (PSC), pero la presidenta suspendió la sesión y dispuso al secretario y prosecretario que abandonen el pleno, por lo tanto, se imposibilitó que se pueda seguir sesionando.

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No conforme con esto, Llori dispuso al personal administrativo que apaguen las luces del pleno. Esto fue denunciado en la Fiscalía y se espera que ese organismo convoque a rendir versiones, anotó Jarrín.

Recordó que Llori también está denunciada por utilizar funcionarios públicos de la Asamblea Nacional para su propio beneficio y debió estar aquí ejerciendo su derecho a la defensa y no escondiéndose en otro lado, y menos enviando a un abogado que irrespete a la Asamblea.

Mario Ruiz Jácome (PK-R) también habló de supuestas mañas y argucias, y dijo que fue víctima de las irregularidades e incumplimiento de la ley por parte de Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea, cuando el 27 de enero de 2022, a las 09:00, se convocó a la sesión 759, en que solicitó un cambio del orden del día para que se debata una moción que disponía a la presidenta de la legislatura la reanudación de sesiones suspendidas y evitar que el CAL archive el proyecto derogatorio de la ley tributaria.

Se trató ese cambio del orden del día y por mayoría se resolvió incorporar como segundo punto, pero que la presidenta no incorporó el punto conforme el pleno dispuso. Luego suspendió la sesión y llamó a reinstalar vía telemática el 26 de febrero, a las 22:00, en medio de un feriado y no hubo quorum y que hasta el 20 de mayo no se reinstala la sesión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 129 de la ley de la Función Legislativa, que establece que si una sesión no es agotada en debate de todos los temas del orden del día los no tratados serán abordados en la siguiente sesión y en ningún caso el plazo para el tratamiento de los puntos pendientes podrá exceder los 30 días, y de ello han pasado cuatro meses.

La otra sesión es la 770 convocada para el día 29 marzo, a las 09:30, en la que también pidió un cambio del orden del día para rechazar las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien aludió que los asambleístas de Pachakutik pedían cargos y plata. Esa sesión recién se reinstaló el 19 de mayo, contraviniendo el artículo 129 de la ley, afirmó Ruiz.

Mireya Pazmiño (PK-R) enfocó en tres puntos los supuestos incumplimientos de Guadalupe Llori, no haber remitido a la Comisión de Régimen Económico, que ella preside, el proyecto de ley urgente de reforma tributaria, porque su comisión trata temas de política macroeconómica, aspectos fiscales y tributarios; tampoco dio paso a una petición de que antes de la ratificación del convenio del CIADI sea remitido a la Corte Constitucional, pero que hasta el momento no le responde el pedido; y, tercero, que Llori incumplió sus funciones por no remitir la comisión económica el trámite de la proforma presupuestaria de 2022. (I)