El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, manifestó en una entrevista radial que el Gobierno respalda “irrestrictamente” a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que enfrenta denuncias por el supuesto plagio de su tesis doctoral, y además por la forma en que fue elegida en el cargo.
Las denuncias fueron impulsadas por el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), cuya cabeza principal es Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, el cual sostiene que se le debe revocar a Salazar el título de doctora en Jurisprudencia, ya que su tesis -calificada con 9/10- tendría “más del 40 % de plagio”. Con ese título se presentó en el concurso para fiscal que ganó en 2018 y por el que fue posesionada en 2019.
Además, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó un informe jurídico de control disciplinario en el cual se recomendaba la suspensión de la fiscal general.
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También el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó una audiencia pública este 1 de junio para revisar el pedido del colectivo, a la cual Salazar adelantó que no asistirá.
🚨Tesis de Dra en Jurisprudencia de la Fiscal General @DianaSalazarM2 tiene más del 40% de PLAGIO
— Priscila Schettini (@PrisSchettini) May 22, 2023
Hoy @JuridicaPopular presentamos 3 denuncias:
1)Al @CJudicaturaEc solicitamos la Suspensión y DESTITUCIÓN de la Fiscal General,aplicando el Art.109 núm 9 COFJ,400 hojas anexas
1/3 pic.twitter.com/iR9uJsHGaF
Cucalón dijo que los organismos detrás de las acusaciones no tienen base legal para realizarlas. “Esto es parte de un plan netamente comprobado de desestabilización permanente, la fiscal general les incomoda a quienes quieren usufructuar de esta situación de inestabilidad para que campee la impunidad. Así que le damos nuestro respaldo y mi respaldo personal e irrestricto a la Fiscalía General como institución”, expresó.
Cucalón añadió que el CJ y el CPCCS no tienen las atribuciones para sancionar a la fiscal general, y enfatizó que el único organismo que puede hacerlo es la Asamblea Nacional. Organismo actualmente ausente después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretara la muerte cruzada por la cual se lo disolvió.
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“El CJ y CPCCS no tienen las atribuciones para sancionar, no tienen esas competencias. El único organismo que pudiera ver sus actuaciones inclusive censurar o destituir es la Asamblea Nacional que actualmente no hay”, subrayó.
El ministro de Gobierno también comentó que el pueblo se debe enterar que “el CPCCS sirve entre otras cosas, a parte de mangonear a la designación de autoridades, con temas que tiene que ver con la lucha anticorrupción y quienes fomentan la participación”, expresó.
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No obstante, aclaró que no pueden realizar análisis o convocar a comparecencias a la fiscal general puesto que no tienen base legal alguna. “Que no se equivoquen, esta tramoya de la que están siendo actores principales que asumo es por orden del jefe político de querer realizar comparecencias en contra de la fiscal general, no tiene ni pies ni cabeza y tampoco tiene base legal alguna. La rendición de cuentas siempre, todos los organismos lo hacen porque es parte de la Constitución y de la ley, pero que se quiera camuflar sus intenciones de desestabilización tratando de revisar designaciones, fiscalizando o pretendiendo reemplazar la labor constitucional que hizo bien o mal hizo la Asamblea Nacional y la Fiscalización en su momento, no tienen atribución alguna”, concluyó la autoridad. (I)