La veeduría integrada para vigilar el desarrollo del concurso de selección del titular de la Fiscalía General del Estado pide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se le permita participar del proceso, una vez que un equipo técnico empezó las actividades administrativas para integrar la denominada comisión ciudadana de selección.

“En ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades, solicitamos formalmente que se convoque a la veeduría ciudadana para iniciar sus tareas de vigilancia y acompañamiento en todas las actividades inherentes al equipo técnico, especialmente en elaboración y presentación del cronograma de trabajo y plan de actividades”, describe un oficio suscrito por Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría, que envió al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.

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Esta veeduría agrupa a unas 540 personas que fueron legalmente acreditadas por el Consejo, el 9 de abril, para vigilar las etapas de este concurso, desde la conformación de la comisión ciudadana hasta la designación del fiscal.

Este nuevo impase tiene raíz en las reformas que hizo el Consejo de Participación Ciudadana al primer reglamento para la designación de esta autoridad.

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El primer reglamento se promulgó en el Registro Oficial en octubre de 2024 y, bajo ese marco legal, se constituyó la veeduría para “vigilar y fiscalizar la transparencia del concurso tanto en la fase de conformación de la comisión ciudadana como en el concurso de méritos”, decía el artículo 6.

Sin embargo, el 20 de junio último, el pleno hizo cambios parciales al reglamento y limitó a que el ejercicio de la veeduría se “activa una vez convocadas las fases específicas en las que debe intervenir”.

El coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, reconoce en el oficio que el Consejo hizo esta reforma parcial, pero les recordó que hay un “principio universal de irretroactividad de las normas”, por lo que estos cambios se aplican para el futuro.

El veedor recapituló que la veeduría se acreditó con anterioridad a la reforma del 20 de junio y, por tanto, su “participación y ámbito de acción debe regirse por la normativa bajo la cual fuimos legalmente constituidos, garantizando así la seguridad jurídica y el respeto a los derechos adquiridos en este proceso”, dice en el documento fechado el 1 de julio.

Pero a este hecho se suma que el pleno decidió convocar nuevamente a la ciudadanía para que se inscriba a ser parte de la veeduría del concurso y, al mismo tiempo, activó a un equipo técnico (que sirve de apoyo a los consejeros y que la integran asesores de cada uno) a elaborar el cronograma, plan de trabajo y el texto borrador de convocatoria para conformar la comisión ciudadana.

A la vez, esta comisión ciudadana, que la integrarán diez personas, debe hacer el concurso público de méritos, oposición e impugnación de selección del fiscal.

Empero, del informe final de calificaciones de los candidatos que participen del concurso será el pleno del CPCCS el que designe al fiscal de aquella persona que haya adquirido la más alta calificación y haya superado la fase de escrutinio de conocerse hechos que señalen falta de ética o probidad.

Sobre este pedido de la veeduría, el pleno no se pronunció en la sesión de este 2 de julio, pues tampoco fue parte de la sesión.

El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, ha dicho que la conformación de la comisión ciudadana empezará una vez que se publique el reglamento codificado en el Registro Oficial.

En mayo pasado ofreció que en 30 días tendría integrada la comisión, pero casi dos meses después, los procedimientos no se concretan.

Gobierno busca ahondar cooperación de Italia para la Fiscalía en ‘lucha antimafia’

El presidente de la República, Daniel Noboa, junto con varios ministros de Estado en una reunión en Italia. Foto: Tomada de la Presidencia de la República. Foto: Cortesia

Mientras tanto, desde el gobierno de Daniel Noboa se está gestionando cooperación internacional, esencialmente de Italia, para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Daniel Noboa y una comitiva de ministros de Estado se encuentran en Europa en relaciones bilaterales y una de ellas había sido con Giovanni Melillo, procurador nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, el 1 de julio.

En ese encuentro participaron Michelle Sensi-Contugi, titular del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), la canciller Gabriela Sommerfeld y, entre otros, el ministro de Gobierno, José de la Gasca.

De la Gasca, en una entrevista con radio Centro de Guayaquil, relató que con ese país se está potenciando la cooperación judicial, tomando en cuenta que la Fiscalía General del Estado ecuatoriana mantiene este tipo de acuerdos, al parecer, desde el 2024 y bajo la administración de la exfiscal Diana Salazar.

“Me llamó la atención el feliz recordatorio y la relevancia de la figura de Diana Salazar en esa latitud y la expectativa que causa también la persona que puede ser su reemplazo”, manifestó De la Gasca en el espacio radial, quien compitió con Salazar en el 2019 por llegar a ocupar la Fiscalía y, por el momento, no ha descartado esa posibilidad de volver a participar.

En todo caso, el secretario de Estado comentó que con Italia hay la expectativa de promover una “diplomacia jurídica” para la “lucha antimafias”. (I)