Fiscalía continuará con la investigación del ataque registrado a la caravana presidencial en El Tambo, sospechosos aprehendidos recuperaron su libertad

Más allá de que la jueza penal del cantón Azogues Érika Álvarez resolvió que fue ilegal la aprehensión de María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G., quienes fueron detenidos el 7 de octubre pasado, luego del ataque violento que sufrió en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa, la investigación previa sobre los hechos continúa abierta.

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Así lo refirió la fiscal de la Unidot Martha Villamarín Paredes luego de conocer la decisión de la jueza Álvarez, la cual incluía la inmediata emisión de boletas de encarcelamiento para los sospechosos. Según Álvarez, existieron violaciones al debido proceso al no leerles sus derechos en el momento adecuado o al mantenerlos incomunicados de sus abogados o familiares.

La diligencia se dio la tarde de este miércoles, 8 de octubre, en la Unidad Judicial de Azogues, en la provincia de Cañar. En esta se discutió la legalidad de la aprehensión, pero no se formularon cargos desde la Fiscalía contra los cinco sospechosos. Ataque o resistencia en concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno eran las infracciones penales que la Fiscalía preveía imputar a los detenidos.

“La Fiscalía deja sentado en esta audiencia lo acontecido y la dirección hecha por usted. Dejo sentado que esta decisión suya ha impedido activar el órgano jurisdiccional; sin embargo, la Fiscalía continuará con una investigación previa para que este caso no quede en la impunidad”, indicó la fiscal Villamarín.

El ataque a la caravana ocurrió en la mañana del martes último en el cantón El Tambo, en Cañar, adonde estaba previsto que llegara Noboa para entregar obras de alcantarillado. Los hechos se produjeron en el marco de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para rechazar el retiro del subsidio al diésel y sumar otros pedidos.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acudió la tarde de ese mismo martes a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para denunciar una “tentativa de asesinato” contra el presidente Daniel Noboa.

Según el parte policial, al menos siete vehículos que integraban la caravana presidencial habrían resultado con daños que van desde parabrisas y ventanas rotos, hundimiento de parantes, guardafangos, puertas y capós.

El penalista Marcelo Dueñas aclara que lo decidido por la jueza penal de Azogues nada tiene que ver con la inocencia o la culpabilidad de las personas que fueron aprehendidas en flagrancia, sino con supuestas irregularidades en el momento de que fueron detenidas. Por ello, cree que es responsabilidad de la Fiscalía no dejar en la impunidad un ataque “violento” y “alevoso” que nadie puede negar.

“En ningún caso significa que, porque los sospechosos han sido puestos en libertad, se trunque la investigación. Ahora es obligación de la Fiscalía trabajar de manera acelerada pero objetiva y técnica para descubrir a los responsables de un hecho que es inocultable, innegable. Una agresión aleve, salvaje, digna de un acto terrorista a la caravana del presidente de la República y toda su comitiva. Estuvo en riesgo la vida de todos ellos por la magnitud de la agresión”, sostiene Dueñas.

Yaku Pérez, quien fue abogado de Franklin Lorenzo P. P., defiende la inocencia de su representado asegurando que no es un terrorista, sino un artista que fue confundido en medio de las protestas. El excandidato presidencial refirió que le da tristeza que un Gobierno provoque al pueblo de Cañar.

“Nos da alegría saber que recuperan su libertad y más alegría va a ser que se va a confirmar su inocencia. De acuerdo con la teoría del caso de la señora ministra del Ambiente (Inés Manzano), ella denunció por el delito de terrorismo diciendo que les va a mandar a 30 años de prisión. (...) Qué tristeza ver que los Gobiernos latinoamericanos se solidarizan a favor del presidente de la República, solidarizándose porque ha habido tentativa de un magnicidio. De cuándo acá hay una tentativa de asesinato de un compañero que no es terrorista, es artista. (...) En la audiencia no han podido demostrar que nadie tuvo una piedra, el único delito es tener un megáfono; el otro, estar conduciendo un vehículo; la otra, estar vendiendo heladitos y así. Por lo tanto, se pudo probar con hasta la saciedad que no son delincuentes”, sostuvo Pérez.

Para Dueñas, las personas que fueron liberadas no están exentas de que más adelante, luego que la Fiscalía haga sus investigaciones y se recaben los elementos de convicción necesarios, puedan ser procesadas por los hechos en los que hayan intervenido y para los que existan pruebas. Pero más allá de que puedan ser estas mismas cinco personas u otras las procesadas por sus responsabilidades, importante es que la justicia no debe dejar en la impunidad actos que pueden abrir la puerta a hechos de mayores proporciones.

Respecto a lo sucedido con la caravana presidencial, juristas consultados hablan de que podrían existir al menos delitos como tentativa de asesinato al presidente de la República, destrucción de bienes públicos y actos de terrorismo. (I)