Agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional realizaron allanamientos en cinco inmuebles en Quito y Guayaquil, por una investigación por el presunto delito de peculado entorno a la contratación de una póliza de seguros para Petroecuador valorada en $ 99 millones.
Las intervenciones se ejecutaron el jueves 5 de octubre. En la capital se allanaron las oficinas de Petroecuador, mientras que en el Puerto Principal se revisaron las instalaciones de la empresa privada Aseguradora La Unión, informó la Fiscalía a través de redes sociales, con imágenes de los operativos.
Publicidad
De manera preliminar, el Ministerio Público expuso que se levantaron varios indicios: computadoras, teléfonos celulares y documentación relacionada con la contratación. Los objetos serán sometidos a pericias.
La investigación está a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Publicidad
Tras los allanamientos, la empresa pública Petroecuador se pronunció en un comunicado compartido a las 14:00.
La petrolera estatal precisó que las investigaciones de la Fiscalía están relacionadas con el contrato de Pólizas de Seguros de Todo Riesgo Petrolero y Responsabilidad Civil Marítima y No Marítima para la empresa pública EP Petroecuador, que está contemplado en el Plan Anual de Contratación 2023.
Indicó que el proceso de contratación inició el 31 de julio y la adjudicación se concretó el 29 de agosto.
Sin profundizar más, la entidad señaló que “continuará trabajando con transparencia y reitera que prestará absoluta colaboración y apertura a las autoridades competentes en este proceso investigativo”.
Extraoficialmente, este Diario conoció que a raíz de los allanamientos renunció el gerente de Petroecuador, Ramón Correa. No obstante, la petrolera dijo que esta información no era correcta.
La licitación de la póliza fue adjudicada a la compañía La Unión, en un cuestionado proceso, que se ha visto salpicado por sospechas de irregularidades.
Las críticas han apuntado a que los $ 99,1 millones del contrato es un monto elevado a comparación de los $ 54,8 millones del contrato de 2021. Además, en redes sociales circularon videos de una reunión entre funcionarios públicos y un representante de una empresa privada, donde aparentemente se buscaba truncar la contratación y, con ello, prolongar el contrato anterior. (I)