Fiscal Diana Salazar defiende su competencia para iniciar una investigación a 93 legisladores denunciados por Guadalupe Llori

En una acalorada sesión, la fiscal del Estado, Diana Salazar, defendió su competencia para dar inicio a la investigación previa en contra de 93 legisladores con base en una denuncia escrita presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que hasta el momento no ha hecho un reconocimiento de firma ni comparece a rendir su versión.

La notificación de la investigación previa a los 93 legisladores, explicó Salazar, es por el presunto delito que se denunció, el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y para que puedan ejercer el derecho a la defensa la Fiscalía activó todas las diligencias.

Fiscal del Estado Diana Salazar llamada a comparecer por iniciar una investigación a 93 asambleístas sospechosos de cometer un delito

Ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea, la funcionaria explicó que la denuncia ante la Fiscalía ingresó el 26 de abril y el inicio de la indagación previa fue el 29 de abril, pero dijo que la policía debería explicar por qué esperó hasta el 6 de mayo para notificar a los asambleístas con el inicio de la investigación.

Comentó que la Fiscalía, por ley, está obligada a iniciar una etapa de investigación previa cuando se presenta una denuncia, y que hacer lo contrario incurriría en un incumplimiento de funciones. Afirmó que la Fiscalía no podía aplicar el principio de oportunidad y, por lo tanto, abstenerse de iniciar la investigación.

Que ese principio de oportunidad no se aplicó porque los hechos denunciados no son subsumibles a las dos causas que determina el Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto, al carecer de sustento la Fiscalía se vio imposibilitada de aplicar este instrumento jurídico. De hacerlo, habría actuado en contra de norma expresa, apuntó.

Además, recalcó que la denuncia de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente estaría comprometiendo el interés público y del Estado, y haber aplicado era asumir que las 93 personas que fueron denunciadas cometieron la infracción.

Reveló que el 6 de mayo la denunciante remitió a la Fiscalía un nuevo listado que corresponde a la sesión del pleno 772, la que tiene un listado de 81 asambleístas que presuntamente habrían votado por la constitución de la comisión pluripartidista ad hoc.

Que estas variaciones y cambios, según Salazar, hacen pensar que se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política, porque no tiene sentido que en un momento se denuncie a 93 personas y después se denuncie a 81 asambleístas. A la Fiscalía no le importa el número de denunciados, sino los procesos, afirmó.

“No es correcto que se involucre al sistema de justicia en una pugna política, ni se juegue con la fe pública, que la Fiscalía tiene miles de casos que atender relacionados con violencia de género con reales víctimas que necesitan de atención; no es justo que nos distraigamos de nuestro actuar y en lugar de estar ejerciendo las actividades que corresponden, tener que estar aquí dando cuentas de las actividades”, resaltó.

Que ante los comentarios, sin base jurídica, sobre este tema, Salazar pidió que “no se pretenda utilizar el derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí (Asamblea Nacional), o en otras vías”.

Hizo un llamado a los legisladores que frente a los graves problemas que atraviesa el país en cuanto a la institucionalidad, a la inseguridad ciudadana y los hechos de violencia, para establecer un trabajo articulado y efectivo de todas las funciones del Estado y sus entidades. Que es indispensable establecer y llegar a acuerdos programáticos que permitan avanzar como país.

Salazar dijo que la Fiscalía no ha interferido en ninguna función del Estado ni lo hará, sino que, por el contrario, es el poder legislativo, en este caso a través de la presidenta de la Asamblea Nacional, elegida seguramente por algunos de los ahora denunciados, quien ha activado el sistema penal por medio de su denuncia.

Incidentes

En la parte final de la comparecencia, la fiscal Salazar no pudo responder más de diez preguntas que hizo un grupo de asambleístas, pues se presentaron incidentes derivados de insultos y golpes de mesa entre asambleístas de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y del bloque Unión por la Esperanza (UNES).

Los incidentes se iniciaron cuando el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez (UNES), hizo un comentario dirigido a los sectores políticos del Gobierno y dijo que molesta que hagan perder el tiempo a la Asamblea y a la Fiscalía con estas acciones que muchas veces pueden ser aupadas y apoyadas por determinado partido político.

Que su bancada es partidaria de la no intromisión de la justicia en temas legislativos, afirmó Álvarez, y en ese momento fue interrumpido por la asambleísta Blanca Sacancela (BAN), quien cuestionó que ese discurso contrasta con las amenazas de juicio a la fiscal por parte de la bancada UNES, por lo cual el presidente de la comisión mandó callar a Sacancela.

Eso incendió los ánimos de los legisladores de gobierno. Juan Fernando Flores levantó la voz para defender a Sacancela y reclamar a Álvarez que no grite a su coidearia. “Qué te pasa, qué te pasa a ti, aquí no gritas a nadie, aprende a respetar, carajo”, manifestó Flores, y golpeó la mesa, en medio de un griterío de los demás asambleístas presentes.

Álvarez pidió la asistencia de la escolta legislativa, lo que exacerbó más los ánimos en la sala, mientras que la fiscal Salazar seguía en la sala esperando el uso de la palabra para dar respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores. Ante los incidentes, el presidente de la mesa legislativa autorizó que la fiscal abandone la sesión, porque “no hay respeto para que responda las preguntas hechas por los asambleístas”, y se cerró la sesión.

Durante la exposición de Salazar, el asambleísta Ricardo Vanegas de la bancada Pachakutik resaltó que la fiscal general del Estado no se prestó a la verdadera intención que tuvo la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el día que presentó la denuncia, porque al ser un delito flagrante lo que pretendía Llori era que la Fiscalía se lleve presos a todos los asambleístas que estaban sesionando.

Dijo que presentada una denuncia penal es obligación de la Fiscalía iniciar una investigación y eso no significa que los 93 asambleístas son culpables de algo.

Ante la fiscal sostuvo que la medida cautelar dictada por el Tribunal de Garantías Penales a favor de Llori fue para la sesión 771 y existe un informe de la Defensoría del Pueblo que daba cuenta de que se había cumplido la medida cautelar.

La Fiscalía tiene que investigar, y aclaró que ningún asambleísta está imputado a ningún delito; que simplemente están en una etapa preprocesal, que no es parte de un proceso penal, y que eso no quiere decir que los legisladores hayan adecuado su conducta en un tipo penal.

Vanegas dijo que es una torpeza que primero se haya denunciado a 93 legisladores y luego delimiten a 81 asambleístas, y que el denunciante envíe un escrito aclarando la equivocación.

Señaló que no necesita del reconocimiento de firma de la presidenta de la Asamblea, lo que sí pidió Vanegas a la fiscal fue que inicie una investigación contra aquellas personas que han recurrido a una denuncia penal en contra de 93 asambleístas, que ejerciendo su derecho constitucional de cambiar un orden del día y designar una comisión pluripartidista, sin violar ninguna medida cautelar, hubo un abuso de la presidenta de la Asamblea, que usando al asesor jurídico de la Asamblea Nacional se defienda en contra de todos los 93 legisladores.

Ante la sala, Vanegas planteó a los legisladores presentes que una vez que se convoque a una nueva sesión del pleno se proceda a remover al asesor jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, que “tanto daño ha hecho y ha asesorado mal a la presidenta de la Asamblea”. (I)