Que se investigue a exfuncionarios relacionados con el área petrolera de los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso es el pedido que hace a la Fiscalía General del Estado el candidato a la Presidencia de la República Fernando Villavicencio, dentro de una denuncia penal que colocó la mañana de este martes 8 de agosto.

Villavicencio descartó que se esté aprovechando de esta coyuntura electoral para presentar esta denuncia, pero asegura que es su obligación hacer conocer a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado hechos que fueron parte de una de las mayores investigaciones por corrupción que quedaron pendientes dentro de la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea Nacional, instancia que él presidió por casi dos años.

En la denuncia se pide que la fiscal general, Diana Salazar, abra una acción penal por los delitos de peculado y delincuencia organizada por irregularidades en la entrega de campos conocidos como la joya de la corona: Shushufindi, Libertador y Auca fueron a empresas transnacionales como la compañía Schlumberger.

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Según el denunciante, en el gobierno de Correa se negoció la entrega de 21 contratos petroleros de los campos más importantes, conocidos como la joya de la corona, operados por Petroecuador y Petroamazonas.

Pago de tarifa por volumen generó discrepancias que llevaron a la demanda de Schlumberger y Halliburton en contra de Petroecuador

“En particular me refiero a los grandes campos Shushufindi, Libertador y Auca. Fueron entregados por orden de (Rafael) Correa. Él dio la orden de que se entregaran las joyas de la corona a las empresas transnacionales. Estos campos fueron entregados a la compañía Schlumberger. En estos procesos de negociación de los contratos y en la operación de los mismos se ha logrado determinar que el Estado ecuatoriano pagó a la compañía Schlumberger aproximadamente $ 10.700 millones por la operación de los campos Shushufindi, Libertador y Auca”, señaló.

Aparentemente los costos de operación de estos campos, que antes no superaban los $ 18 por barril, ahora le representarían al Estado ecuatoriano aproximadamente $ 43. “Ese es el costo de producir un barril de petróleo. Si el precio del petróleo ecuatoriano está en $ 50, al Estado le quedan apenas $ 8. Podemos hablar de que más del 70 % de la renta petrolera de estos campos se están llevando las compañías transnacionales y lo que le queda al Estado ecuatoriano es una pequeña participación”.

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Para Fernando Villavicencio, por estos contratos lesivos es que se puede advertir que la participación del petróleo en el presupuesto general del Estado de los últimos años se ha reducido sustancialmente. Desde su perspectiva, antes la participación del petróleo representaba hasta el 50 % del Presupuesto General del Estado y ahora todo el presupuesto recae en los bolsillos de los ecuatorianos con sus impuestos.

Como respaldo de la denuncia se habrían presentado aproximadamente 2.300 documentos, todos documentos oficiales entregados por el Ministerio de Recursos Naturales, Petroecuador, además de un análisis hecho por el equipo técnico de la extinta Comisión de Fiscalización.

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Entre esos elementos de prueba adjuntados en la denuncia, refirió el exasambleísta, estarían videos grabados por José Luis Cortázar, exdirector general de la Agencia de Regulación y Control (ARCH). Según Villavicencio, en estos videos con Jorge Glas y Rafael Poveda, exministros coordinadores de los sectores estratégicos, se advertiría que Glas le dice al director de la ARCH “que no existía una fórmula para la fijación de las altas tarifas a favor de las compañías y que también se establece que la curva base para la entrega de estos campos fue definida por las compañías privadas y no por el Estado ecuatoriano”.

“Más grave aún la expresión de Jorge Glas que le ordena a José Luis Cortázar a no dejar nada por escrito, porque esto podría generar graves consecuencias en contra del presidente de la República, Rafael Correa. Estos videos son una prueba concluyente de que los contratos entregados de las joyas de la corona al capital privado transnacional fue realizado en una acción de corrupción y contubernio entre las autoridades del gobierno de Correa y las compañías petroleras, en particular, la compañía Schlumberger”, concluyó Villavicencio.

En video se escucha a Jorge Glas pedir que se levanten restricciones en la venta de combustibles para mover votos en la campaña del 2014

Finalmente, el presidenciable explica que existe en este caso responsabilidad de funcionarios del periodo presidencial de Lenín Moreno, pues en ese gobierno se empezaron a renegociar esos contratos y pese a las denuncias no lograron defender y cambiar las reglas del juego. En cambio, recordó que él mismo le explicó de esta situación al presidente Guillermo Lasso, así como también habría dicho que aquí se estaba cometiendo un atraco y que estos contratos tenían que ser renegociados al exgerente de Petroecuador Hugo Aguiar y al exministro Xavier Vera.

“Ellos ni siquiera fueron a la Comisión de Fiscalización y por eso tienen que ser investigados y procesados por omisión. El perjuicio para el Estado ecuatoriano bordea los $ 9.000 millones en más de una década de operación en estos campos”, refirió.

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Luego de la denuncia presentada en la Fiscalía General, Villavicencio dijo que asistiría a la versión a la que fue convocado dentro de la investigación previa por el delito de peculado en el caso Flopec. Según él, fue también una de sus denuncias la que dio inicio a la indagación que abrió la Fiscalía ante presuntas irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo y combustibles, entre ellos, Amazonas Tanker. (I)